Las obras de ampliación del puerto de Mutriku sufrirán una nueva modificación que han obligado a paralizarlas. El Gobierno vasco ha confirmado que hay “problemas técnicos”, que no han querido especificar, por lo que hay que redactar “un modificado del proyecto”. De momento en la plataforma de contratación del Ejecutivo figura la suspensión del contrato que estaba en marcha con FCC hasta el 31 de diciembre de este año, pese a que al ayuntamiento se le ha comunicado la suspensión por un periodo de dos meses, según indicó el alcalde de la localidad en el pleno de la semana pasada. Lo cierto es que la nueva paralización arroja nuevos interrogantes sobre un proyecto que ha tenido múltiples modificaciones, y que está denunciada por grupos ecologistas ante los tribunales y también ante la Comisión Europea.
Precisamente Mutriku Natur Taldea, que es la organización que ha llevado a cabo las denuncias, las ha basado en el hecho de que el proyecto se haya sometido a múltiples modificaciones sin que se haya realizado una nueva Declaración de Impacto Ambiental. Según denuncian, “el proyecto de mejora de acceso marítimo del año 2011 utiliza una evaluación de impacto ambiental que se aprobó en fecha el 29 de julio de 2004, para un proyecto diferente y que fue el proyecto de 2005”. Consideran que se se trata de un proyecto “constantemente modificado con la aparición nuevas condiciones que hicieron imposible que se mantuviera tal y como se redactó. Por ello, creen que , ”debe pasar por un nuevo procedimiento de evaluación ambiental y debe ser aprobado por una resolución del mismo rango legal que el original“, algo que no se ha hecho, por lo que han llevado la cuestión hasta el Parlamento Europeo.
De momento, el Comité de Peticiones de la Cámara ha admitido a trámite la solicitud de la organización ecologista para que se revise la “legalidad” de las obras de prolongación del dique, que considera que supondrán graves afecciones medioambientales en la zona y que tiene la Evaluación de Impacto Ambiental “caducada”, según denuncian. Esta agrupación también ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la adjudicación del contrato para llevar a cabo las obras.
Además, el presidente de la asociación, Rafael Pérez Beristain, ha remitido un escrito al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente denunciando de nuevo que en las obras de ampliación del puerto “existe una evidencia de que los mecanismos de protección ambiental no han sido suficientes”. “Más si cabe cuando el propio Programa de Vigilancia Ambiental no ha sido legalmente aprobado, revisado, ni informado por órgano ambiental alguno”, señalan en el escrito. Además, advierten al departamento de que la intención de la asociación es “exigir el cumplimiento de la normativa de aplicación, así como las responsabilidades que concurran ante los organismos administrativos competentes, sin perjuicio de la utilización de las oportunas vías judiciales”. Mutriku Natur Taldea considera necesario que se recabe un informe de la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos respecto a cuestiones plateadas desde asociación, como la petición de paralización de las obras hasta que se emita la resolución ambiental correspondiente. Es algo que, según afirman, no se ha hecho.
Las obras de ampliación del puerto arrancaron en el mes de septiembre tras adjudicarse a FCC por valor de 15,82 millones de euros con un plazo de ejecución de 17 meses, que ahora ya difícilmente van a cumplirse. Según se recoge en el acta de suspensión de las obras, la Asistencia Técnica de la Dirección de Obra a petición de la Dirección de Obra emitió un informe justificativo de la solicitud de suspensión temporal total de las obras con fecha de 10 de marzo. El informe concluye que “la suspensión temporal total viene motivada por la imposibilidad de continuar con lo planteado en el programa de trabajos vigente a partir de la fecha del 30 de marzo, en la que habría que comenzar con el desmontaje del morro de invernada”.
El problema es que es necesario “subsanar las deficiencias y carencias detectadas en el proyecto constructivo aprobado en el que se basa el contrato original y que no fueron previstas, con el objeto de hacer la obra viable técnicamente”. Esto supone que ninguno de los trabajos que estaba previsto realizar “entre el 30 de marzo de 2023 y el 5 de enero de 2024 (fecha en la que esta prevista la finalización de la obra según dicha planificación) puede ejecutarse en tanto en cuanto no se disponga de un proyecto modificado aprobado y no se formalice el contrato modificado de la obra citada”. Es más, la Dirección de Obra “no considera que sea razonable ni que este justificado continuar con dichas actividades; más aun ante la incertidumbre de la viabilidad de la propuesta de modificado presentada hasta que la misma sea valorada”. Por ello, el Departamento de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia ha optado por la suspensión de las obras.
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