El portavoz de la coalición PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha denunciado este jueves un “grave error sin precedentes” en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi del Gobierno de Iñigo Urkullu, presentada en julio del pasado año después de que en la legislatura 2016-2020 fuera una promesa incumplida. Barrio ha explicado que la Cámara, sin que nadie se haya dado cuenta hasta ahora, lleva desde septiembre analizando una documentación que, en realidad, no es la que aprobó el Consejo de Gobierno, por lo que entiende que tocaría reiniciar todo el proceso por la “falta de rigor y desprecio al procedimiento legislativo”.
Al parecer, el Ejecutivo envió a la Cámara un borrador no definitivo que, entre otros cambios, presenta un artículo de más que cambia toda la numeración a partir del punto 27 y que prevé cobertura para las víctimas hasta 1979, año de aprobación del Estatuto de Gernika, y no hasta 1978, cuando se promulgó la Constitución española. También cambian algunas funciones del Instituto de la Memoria (Gogora) y referencias a la normativa estatal, siempre según PP+Cs. Según 'El Correo', también hay algunas anomalías con las fechas y las firmas de los sucesivos trámites. Son “graves incorrecciones” en función del análisis de esta formación, que admite que hasta enero no revisó todas las memorias del proyecto. Se da la circunstancia de que esta ley ha motivado hasta 19 sesiones y comparecencias en los últimos meses con absoluta normalidad. El propio Barrio pidió en noviembre una ampliación del plazo de enmiendas al documento presentado.
PP+Cs reclama que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que es la secretaria del Consejo de Gobierno y la responsable de los servicios jurídicos, comparezca en la Cámara dar cuenta de las vicisitudes en la tramitación de esta iniciativa legislativa. Desde el área de Garamendi indican que consideran lo ocurrido como un “error humano”. El Ejecutivo va a enviar al Parlamento un escrito en la confianza de que se resuelva el entuerto sin más dilaciones. Fuentes del PNV, que preside la comisión de Derechos Humanos, confían en que pueda retomarse el proceso no desde cero sino desde el punto en el que está ahora, la fase de enmiendas, después de que se subsanen los errores que se detecten.
El proyecto de Ley de Memoria Histórica de Euskadi fue aprobado en julio. Llegó una semana después de la reforma presentada por el Ejecutivo central y en fechas próximas al 85 aniversario del golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil y en la dictadura franquista. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, solemnizó entonces que sus objetivos son “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Entre las medidas contempladas se prevé un control administrativo -complementario al penal- de los mensajes de exaltación de la dictadura y de blanqueamiento del golpe de Estado y se prevén sanciones de hasta 10.000 euros y, en caso de “reincidencia”, de hasta 150.000 euros.
elDiario.es/Euskadi
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