Prácticamente tres meses después, el Parlamento Vasco ha vuelto a celebrar un pleno resolutivo, con votaciones y acuerdos. En el orden del día tras el parón estival se ha aprobado con un retraso de casi dos años un informe para luchar con “urgencia” contra el cambio climático y lograr la descarbonización de Euskadi, se han debatido iniciativas sobre Sanidad y Educación, han vuelto los debates sobre ETA en los que EH Bildu se ha desmarcado de términos como “condena” y, en pura teoría, el Gobierno ha logrado aprobar una modificación de la ley educativa de 1993, su gran promesa de la legislatura, aunque no se trata del ambicioso pacto de reforma de la enseñanza sino de un ajuste meramente técnico para mejorar la redacción en euskera, como con otras cinco leyes antiguas. Y, como siempre, la lengua vasca y la castellana han convivido en armonía entre los oradores.
1 - La reforma (técnica) de la ley educativa
La Cámara, de entrada, ha convalidado este jueves seis decretos legislativos aprobados en julio por el Gobierno de Iñigo Urkullu. Resumidamente, en 2022 se habilitó al Ejecutivo a retocar por decreto algunas normas antiguas para mejorar su redacción en euskera y evitar que una mala traducción supusiera “inseguridad jurídica”. Es un mero trámite pero había alcanzado cierta relevancia política porque, en el lote, una de las leyes reformadas es la de Educación, algo de lo que no informó en su día el Gobierno. El gabinete, precisamente, tiene como proyecto estrella de la legislatura la reforma educativa y no termina de tener claro si la podrá llevar adelanto o no. Un informe del equipo del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmaba textualmente que este paso era “totalmente inoportuno” y que lanzaba un mensaje equívoco en plena negociación de la reforma real de la ley de 1993. De hecho, este proceso de mejora de la traducción lo ha liderado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y no los departamentos concernidos. Sin embargo, ya esta semana Bildarratz había rebajado la carga de la brecha entre ambos consejeros y aceptó que era cuestión meramente administrativa que no afecta para nada al gran debate sobre la enseñanza vasca del futuro. Las seis leyes han salido adelante con los votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU -que han mencionado la importancia de cuidar las lenguas cooficiales en un contexto como el actual- y han recibido la abstención del PP. Carmelo Barrio ha apuntado que hay algunos errores en las fechas de estos decretos legislativos y ha pedido que se ajusten antes de su definitiva promulgación.
2 - Dos años de retraso contra el cambio climático
Después, se ha aprobado con los votos de todos los partidos salvo Vox, que vuelve a mostrar su negacionismo climático, un informe para la descarbonización de Euskadi de cara a 2050, adelantado por este periódico. Estaba prometido para 2021 pero ha llegado a finales de 2023. “La ponencia de descarbonización, en el inicio de su dictamen, hace referencia a que el cambio climático es un desafío urgente. Y la realidad es que, bueno, se trabajó en 2021 y llega finalmente en el 2023. Y la declaración de emergencia climática fue en 2019. Las conclusiones de la ponencia, por otra parte, no van a poder servir para que el Gobierno vasco defina normativamente el proyecto de ley”, ha señalado desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU David Soto, por ejemplo. El autor del informe y miembro del PNV, Unai Grajales, ha tirado de un proverbio chino para justificar lo ocurrido. Para llegar rápido, mejor ir solo; para llegar lejos, mejor buscar compañía, ha venido a decir antes de agradecer el amplio consenso logrado contra el cambio climático, con la excepción de Vox.
3 - EH Bildu se desmarca de un texto contra ETA y los “presos políticos”
El Parlamento Vasco ha aprobado una resolución acordada por PP (los proponentes), PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y Ciudadanos (y apoyada también por Vox) para el “rechazo” y la “condena” de los homenajes a miembros de ETA que se han producido este verano. El texto incluye un punto en el que denuncia que la izquierda abertzale considere “presos políticos” a los condenados por delitos de terrorismo, incluido el asesinato. Es una “manipulación política”, han sostenido los partidos firmantes del texto. Carmelo Barrio, portavoz del PP, ha destacado que “ha sido un acuerdo bueno” por solamente en el primer semestre, con datos de Covite en la mano, hubo más de 200 actos de este tipo. Y el representante del PNV, Joseba Díez Antxustegi, no ha dudado en tocaba apoyarlo “contundentemente” porque situaciones como la de Arnaldo Otegi apoyando a un remero de La Concha que citó a un terrorista “duelen, humillan y cavan más hondo en el agujero democrático”. Ha lamentado igualmente que parlamentarios de EA, Alternatiba o Aralar voten lo mismo que Sortu cuando antes habría secundado la iniciativa.
“La solidaridad con los asesinos no es aceptable”, ha remachado Miren Gallástegi, del PSE-EE. Desde la bancada de EH Bildu, que no ha votado a favor de la moción, Julen Arzuaga, ha iniciado su respuesta dejando claro que su formación “está a favor de los presos” y que eso “no es nuevo” ni debería sorprender a nadie. “Es un debate artificial, interés electoral barato [...]. No cuenten con nosotros para el papel de inquisidor Torquemada”, ha zanjado Arzuaga, que ha lamentado que se busque perseguir la “libertad de expresión”. Barrio, del PP, ha ofrecido como respuesta que poner “una foto de José Antonio”, por Primo de Rivera, fundador de la Falange estará multado en Euskadi con “10.000 euros” -a la semana que viene se aprueba la ley de memoria histórica- mientras que hacer lo propio con el “hacha y la serpiente”, el símbolo de ETA, no está castigado.
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