La ratificacion de la sentencia del 'caso De Miguel' por parte del Tribunal Supremo -aunque con una ligera rebaja en las condenas- ha unido a la mayoría de los partidos vascos, que han señalado al PNV como responsable de que el mayor escándalo de corrupción que se ha dado en Euskadi se produjera en sus filas. Desde EH Bildu a su socio en las instituciones, el PSE-EE, pasando por el PP y otras siglas, han criticado lo que han denominado “permisividad” del PNV respecto a estas actuaciones, y han exigido responsabilidades al partido de Andoni Ortuzar, además de criticar el hecho de que Alfredo de Miguel haya mantenido hasta la actualidad su puesto en una sociedad pública del Gobierno vasco.
EH Bildu ha ido más allá y no ha dudado de que el PNV estaba al tanto de todas las actuaciones delictivas que estaban desarrollando Alfredo de Miguel y el resto de los condenados. El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha considerado “difícil de creer” que “el PNV no supiera que sus dirigentes estaban manipulando contratos públicos y adjudicaciones y cobrando comisiones ilegales” por ello. “Es reflejo de la permisividad que se otorga desde el partido a este tipo de prácticas”, ha subrayado Urruzuno, que ha destacado que este fallo judicial deja en evidencia la existencia de “una trama que durante años ha realizado ese tipo de prácticas con el único objetivo de enriquecerse a través del erario público”.
“Queda ratificado lo que hemos venido denunciando durante años, una trama organizada y liderada por dirigentes del PNV en Álava, que manipulaba adjudicaciones y contratos públicos y que cobraba comisiones ilegales a costa de la manipulación de esos contratos y adjudicaciones”, ha incidido. En este sentido, ha considerado “muy grave que, aún habiendo una sentencia condenatoria en primera instancia”, De Miguel “haya seguido ejerciendo responsabilidades en una empresa pública ligada al Gobierno vasco”, tal y como publicó elDiario.es/Euskadi, “ y que este señor y esta trama de dirigentes del PNV en Álava no hayan tenido ningún tipo de toque de atención por parte de su partido”. En su opinión, “el 'caso De Miguel' no es un caso aislado, no es una manzana podrida dentro de la cesta”, sino que “atiende a un tipo de 'modus operandi', de hacer política y de entender los contratos públicos”.
De igual forma Eusko Alkartasuna (EA), integrado en EH Bildu pero en coalición con los nacionalistas en el Gobierno de la Diputación de Álava cuando fue detenido De Miguel en 2010, ha mirado directamente al PNV, y le ha pedido que “asuma inmediatamente su responsabilidad política” porque la sentencia del Supremo confirma que formación 'jeltzale' “es un partido tocado por la corrupción, como el PP”. La secretaria general de EA, Eva Blanco, ha reclamado al PNV que dé “explicaciones a la sociedad” porque “hasta ahora han estado protegiendo a un presunto corrupto”. “De Miguel va a entrar en prisión pero, si a partir de hoy no tiene consecuencias en el partido, estarán protegiendo a un corrupto con todas las letras”, ha manifestado la dirigente de EA. Blanco ha explicado que su partido ya reclamó que, “por ética y decencia, hasta el fallo del Supremo, había que poner un cordón sanitario sobre el condenado y apartarlo de una de las gerencias de la sociedad pública Hazi, pero en Sabin Etxea lo han mimado hasta el final”. “Ni su militancia entendería que no tuvieran tolerancia cero con la corrupción, aunque el condenado sea de los suyos”, ha concluido Blanco.
El socio de Gobierno del PNV, el PSE-EE se ha fijado más en las consecuencias laborales que la sentencia firme debe tener para Alfredo de Miguel, y ha pedido que dichas consecuencias se apliquen “a la mayor brevedad”. Los socialistas vascos han ratificado su confianza en la Justicia y manifestado “el máximo respeto” a las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo. Además, han valorado de forma “positiva”, como ya hicieron en su momento, según han recordado, el trabajo desarrollado por los órganos judiciales y por la Ertzaintza, en su condición de Policía judicial, a lo largo de la investigación e instrucción del caso y en la determinación de las responsabilidades penales y administrativas, “trabajo que se ve avalado por la ratificación de las principales penas impuestas”. Patxi López era el lehendakari cuando se inició esta investigación hace más de una década. Asimismo, han manifestado su satisfacción por el hecho de que “conductas delictivas e inaceptables desde un punto de vista ético se vean sancionadas y expulsadas del ámbito político e institucional, de forma que se preserva la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos, la Justicia y el Estado de Derecho”.
Podemos en Euskadi ha pedido al PNV y al Gobierno vasco “mucha autocrítica” ante “la vergonzosa actitud” de la que han hecho gala al mantener “a un corrupto en un puesto público”, en referencia a De Miguel. Además, la formación morada ha considerado que, “si el proceso judicial se ha dilatado en exceso, ha sido por las trabas y obstáculos que pusieron el PNV y el Gobierno vasco durante la larguísima fase de instrucción del caso”. Del mismo modo, ha afirmado que “lo ocurrido demuestra que en Euskadi sigue habiendo espacios institucionales para la práctica del amiguismo y la colocación a dedo, ya que el PNV y el Gobierno vasco han situado y mantenido a un condenado por corrupción en un puesto de representación de una entidad pública”. “En este país, cuando se tiene un carné del PNV las cosas son más fáciles. La ciudadanía espera de sus representantes políticos y de sus instituciones medidas para hacer frente al clientelismo y la corrupción”, han apuntado desde Podemos.
Por su parte, desde IU, el coordinador territorial en Álava, José Damián García-Moreno, ha afirmado que la confirmación de las principales condenas constata “un modo de actuar corrupto y clientelar que afecta de lleno al PNV en Álava”. García-Moreno ha denunciado, además, que el Gobierno Vasco “ha premiado con ascensos y cargos de responsabilidad a Alfredo de Miguel”, el principal condenado por este caso. Ezker Anitza, como se denomina la marca vasca de IU, ha exigido “explicaciones” y la “asunción de responsabilidades políticas” por lo sucedido, así como que el PNV, “con el silencio cómplice del PSE-EE”, deje de “premiar a los corruptos”.
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz ha afirmado al PNV se le “acaban las excusas para tapar el escándalo de corrupción” por 'el caso De Miguel', y ha advertido de que “urgen explicaciones”. Para Iturgaiz las responsabilidades “no son sólo de De Miguel, sino que salpican a la cúpula del PNV, que cubre al principal personaje de la trama”. A su entender, “urgen explicaciones” del PNV y del lehendakari, Iñigo Urkullu. De igual forma, el presidente de los 'populares' en Álava, Iñaki Oyarzabal, ha considerado que el Tribunal Supremo deja “al descubierto” la “corrupción del PNV” y ha reclamado que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, “dejen ya de proteger a corruptos con sueldos públicos”. “Deberían pedir perdón a los ciudadanos alaveses a los que humillan a diario con su clientelismo”.
El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Euskadi, José Manuel Gil, ha pedido al PNV que, “en vez de abrazos y cobijo” al exdirigente alavés de la formación 'jeltzale' y al resto de condenados por “el mayor caso de corrupción en Euskadi”, condene “claramente el caso y tome las medidas pertinentes que ha intentado evitar hasta ahora”. Gil ha recordado que su partido lleva muchos años poniendo de manifiesto que “desgraciadamente, Euskadi no es ninguna excepción en materia de corrupción, aunque el PNV ha sido hábil en construir una imagen de supuesto oasis que por fin cae por su propio peso”. En ese sentido, para la formación liberal esta sentencia es una buena noticia, porque “la corrupción del PNV no queda impune”, y una esperanza de que sea “el primer paso para desmontar las redes clientelares del nacionalismo y acabar con la corrupción”, de la que el 'caso de Miguel' “no es más que la punta del iceberg”.