“Patrullas vecinales”, “excepcionalidad” o “menas”: el debate migratorio entra de lleno en la agenda en Euskadi

El debate migratorio en Euskadi, generalmente asociado a supuestas llegadas masivas, a menores y a delincuencia, se ha colado de forma muy intensa en la agenda política en las últimas semanas. No es la primera vez, es algo cíclico, pero ahora florecen conceptos como “patrullas vecinales”. Se acumulan también reportajes y conexiones en directo de las grandes cadenas. El propio lehendakari, Imanol Pradales, cuyo Gobierno vuelve a emplear el concepto “menas” para referirse a los adolescentes no acompañados, le pidió a Pedro Sánchez en una reunión en La Moncloa un “reparto” más equitativo de los menores ante la saturación de los recursos vascos. Y la Diputación de Bizkaia ha decretado la situación de “excepcionalidad” por motivos similares.

Dos encuestas ponen dimensión a lo que está ocurriendo. Por un lado, el Sociómetro de la Presidencia vasca, conocido en dos tandas en noviembre, muestra que la suma de “inmigración” y “delincuencia” como problemas pasa del 21% de 2023 al 35%. Eso sí, la categoría “inmigración” suma también a quienes denuncian lo contrario, es decir, que hay racismo o xenofobia. Por otro lado, se ha destacado que uno de cada cuatro jóvenes crea que hay “demasiados” extranjeros en la comunida autónoma. Sin embargo, es un indicador que baja.

Con Pradales, el Ejecutivo ha recuperado el uso del concepto “mena” en algunas comunicaciones. Es algo que había quedado desterrado en otros momentos y ámbitos institucionales y que tiene su propia carga de interpretación. El lehendakari recordó a Sánchez que la de Irún-Hendaya es la frontera “norte” (de España) y que debería implicar más recursos. Hace ya al menos seis años que ese punto es una zona crítica en la ruta desde África hasta el resto de la Unión Europea. Francia decidió aplicar controles en pleno espacio Schengen y practicó devoluciones en caliente. La búsqueda de rutas alternativas llevó a la muerte a media docena de jóvenes.

El lehendakari, que llegó a decir al poco de llegar al cargo que en Euskadi hay centenares de adolescentes acogidos por las diputaciones -que son las competentes- mientras en otras comunidades como La Rioja apenas los hay, le insistió a Sánchez en algunos cambios normativos y en que el Estado dote a Euskadi de más competencias en materia migratoria. Este año se hizo una transferencia de pequeña dimensión, hay otras sobre la mesa y, además, sigue latente el plan del Estado de abrir en Vitoria, en la antigua Clínica Arana, un centro para refugiados. El ahora consejero Denis Itxaso, siendo delegado del Gobierno, participó en una asamblea con los vecinos del barrio donde se ubicará ese recurso. Respondió, en supuesto modo tranquilizador, que era para “refugiados” y no para “menores no acompañodos o para migrantes como los que llegan a Canarias”. Una vecina resumió las posiciones de quienes protestaban: “Que quede bien claro que nosotros no nos oponemos a que venga la gente. Nos oponemos a que vengan aquí”.

En Sopuerta, en Bizkaia, también se exigía la “paralización” de un centro de menores. “Aquí no hay ningún racista, pero preferiríamos que vinieran noruegos. No sabemos si los que vienen son buenos o malos, en las ofertas de empleo piden a gente que sepa árabe y cerca ha habido otros dos centros y han tenido muchos problemas. Nos están obligando a aceptar a gente que puede ser conflictiva”, explicaba un vecino a este periódico.

Ahora es Muskiz, al lado de Sopuerta, el foco de interés. Matías Prats, en el informativo de Antena 3, hizo una conexión en directo en la que se contaba una oleada de robos en el pueblo, desde dinero hasta una cesta de Navidad. La historia viene motivada por una carta a la Justicia del alcalde socailista del pueblo, ubicado relativamente cerca de Bilbao. Eduardo Briones avisaba de hechos delictivos que se suceden y “protagonizados por un número muy reducido de varones jóvenes de nacionalidad marroquí, con pasado o presente en el centro de menores sito en la colindante localidad colindante”.

Hablaba de “gran alarma social” y de incluso “un pequeño conato de rebelión popular mediante patrullas de vecinos”. Se quejaba el regidor de que “a la media hora” los juzgados sueltan a los detenidos, a pesar de que sean reincidentes. Eso sí, asumía que también hay un incremento importante de “bulos” que podía desencadenar en señalamiento de colectivos por su origen o religión.

Entretanto, Bizkaia está en situación de “excepcionalidad” por la saturación de los recursos para menores. Fue una declaración oficial realizada a finales de noviembre por la Diputación, aunque la nueva diputada general del PNV, Elixabete Etxanobe, lleva meses avisando de ello con frases como que Bizkaia tenía que decir “basta”. Ahora, se han habilitado dispositivos de “emergencia” ante el incremento de las llegadas. En ese territorio son 600 los acogidos, según se dijo el mismo día del anuncio de las nuevas medidas. Eran 540 en verano.

El debate ha llegado también a la Policía. Todos los sindicatos de la Ertzaintza se han pronunciado en las últimas horas. Erne, Esan y Sipe ironizan que mientras el consejero, Bingen Zupiria, alude a que “Euskadi es uno de los lugares más seguros del mundo” se mira hacia “otro lado” en situaciones como las de Muskiz. “Lotsagarria”, han criticado en euskera. Euspel, de su lado, entiende que en la localidad vizcaína no pasa nada diferente de lo que ocurre en otras. Aseguran que “en ciertas zonas de Álava las patrullas vecinales llevan tiempo funcionando por el abandono en la zona rural por parte de la Ertzaintza”.