Hace dos semanas, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, realizó dos anuncios de calado en menos de 24 horas. En el Parlamento, detalló algunas medidas contenidas en el pacto educativo alcanzado entre los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y los dos principales de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, para impulsar la enseñanza pública y, entre otros puntos, planteó auditar de manera eficaz a los colegios privados concertados con fondos públicos para que no cobren cuotas encubiertas e incluso “publificar” centros privados si se da el caso. Pero, tras el Consejo de Gobierno, presentó una nueva regulación de los conciertos para el período 2022-2028 que mantiene la filosofía actual en una comunidad con un 50% del alumnado fuera de la red pública y que reduce el mínimo alumnos por aula de modo que no haya riesgo de perder el dinero público por la caída de la natalidad. Así las cosas, en el marco de las reuniones de seguimiento del acuerdo, Elkarrekin Podemos-IU ha expresado que “no se justifica de ninguna manera” esta ventaja competitiva que aprecian en la concertada.
“La bajada en los ratios de las aulas concertadas no se justifica de ninguna manera. Es cierto que la bajada de la natalidad nos exige ajustar la oferta de plazas escolares. Pero lo que es inaceptable es que, mientras se cierran líneas escolares en la pública, se mantienen de manera artificial en los centros privados. Se necesitan menos puestos escolares y, por tanto, se deben concertar menos plazas escolares. El protagonismo que corresponde a la escuela pública dentro del sistema educativo vasco no se deja ni entrever, aunque el acuerdo educativo así lo recoja. Con la orden de concertación no hay ampliación del perímetro de la escuela pública, tal y como se recoge en el punto 27 del plan de actuaciones del acuerdo educativo”, enfatiza la coalición de izquierdas, que incluso ha ofrecido una rueda de prensa para alertar de la situación.
“Por eso, estamos preocupadas y seguimos siendo críticas. Seguimos advirtiendo, como hacen las propias asociaciones de padres y madres, de que vemos una deriva preocupante que tiende a mantener los privilegios de las concertadas en detrimento de la escuela pública. Y por eso seguiremos insistiendo en que es necesario que el Gobierno vasco cumpla con su palabra y respete la letra y el espíritu del acuerdo”, ha señalado la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, que también ha incidido en que sería conveniente que la planificación del sexenio 2022-2028 se hiciera, al menos, en dos trienios y no para todo el período. La pasada semana este grupo criticó también que un cargo público como es el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, del mismo partido que Bildarratz, participara en la colocación de la primera piedra del nuevo edificio de un colegio privado como es NClic.
Gorrotxategi ha cuantificado en tres ya los momentos en que han visto vulnerados “el espíritu y la propia letra de lo acordado”. La comisión de seguimiento de este lunes ha sido la segunda en menos de un mes y la primera concluyó con la necesidad de retocar el decreto de planificación. Fuentes de Educación, en cambio, matizan que el de este lunes ha sido un encuentro de trabajo más y que es continuidad de las conversaciones previas e incluso una segunda parte de la comparecencia de Bildarratz en la Cámara para que los socios del Gobierno tengan más detalles sobre lo allí explicado. Bildarratz, que ha estado presente este lunes, ya adujo que muchos cambios pactados no se podrán acometer hasta que esté actualizado el decreto de admisión. Es el caso de la prohibición de acceder a fondos públicos para los colegios del Opus Dei que segregan por sexos. EH Bildu, que tras la anterior reunión de la mesa de seguimiento sí compareció públicamente y que antes también había cuestionado algunas decisiones en materia educativa, no ha realizado ninguna valoración en esta ocasión, como tampoco el PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo y que en otros momentos no había ocultado sus diferencias por el tratamiento de la enseñanza pública en Euskadi.
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