La titular del juzgado de Instrucción 1 de Barakaldo, Silvia Martín Blanco, decretó el pasado jueves -pero se ha notificado ahora, después de las elecciones autonómicas- que el exalcalde de Alonsotegi por el PNV entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban, el arquitecto municipal, Alberto Zulueta, y los empresarios detrás de las contratistas Pabisa (Campezo) y Laneder abonen 2 millones en concepto de fianza antes de la celebración del juicio por corrupción del segundo de los tres casos, con tres alcaldes nacionalistas consecutivos implicados, que se han investigado en este municipio vizcaíno que precisamente se independizó de Barakaldo en 1991. Se trata de una cantidad algo menor al quebranto económico generado por este caso, según estiman la Fiscalía, la Abogacía del Estado y EH Bildu, que es la formación que ahora lidera Alonsotegi tras las municipales de 2023.
En esta pieza se investiga si las empresas constructoras obtuvieron dinero público por obras que no se realizaron efectivamente. En concreto, la investigación ha encontrado pruebas de que Laneder y Pabisa cobraron 2,3 millones de euros (el presupuesto de la localidad este año es 3,9 millones). En concreto, se solicitaron subvenciones a la Diputación de Bizkaia (1,7 millones) o al Estado (0,23 millones con cargo al 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero). Se da la circunstancia de que otra de las piezas por la gestión del PNV en Alonsotegi, la relativa a la etapa de 2011 a 2015, con José Luis Erezuma como alcalde, ya fallecido, se resolvió el pasado mes de marzo con absolución para Zulueta y los contratistas de Laneder aunque se produjeron tres confesiones durante la investigación y durante el juicio e incluso existiera un preacuerdo en que todos los imputados, también Erezuma antes de fallecer, asumían que se falsearon facturas para financiar unos trabajos inexistentes y de ese modo cancelar una deuda.
La magistrada da diez días hábiles al exalcalde, a Zulueta y a los cuatro representantes empresariales para que abonen los 2 millones de euros de modo “solidario”. De no ser así, tendrán que ser Campezo, Laneder y Arkideiak -el estudio de Zulueta- los que constituyan la garantía. Y, en tercera instancia, se podría incluso recurrir a un “embargo”. El escrito del juzgado apunta a que existió una trama para operar de modo irregular, lo que supuso “indiciariamente” un perjuicio para el dinero público y el consiguiente “beneficio” para terceros.
El juzgado había ordenado el 23 de febrero la celebración de este juicio, que aún no tiene fecha. Se notificó a las partes el 2 de marzo. Unos días después, el 6 de meses, se conoció una sorprendente sentencia de la Audiencia de Bizkaia que estimó que no existió perjuicio económico aunque los propios implicados llegaron a acceder a abonar 680.000 euros más intereses (unos 900.000 en total) con tal de evitar la entrada efectiva en la cárcel. El fallo no es aún firme y podrían llegar recursos para que la sentencia sea revisada en una instancia superior.
Ahora los procesados se enfrentan a acusaciones de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de EH Bildu. El fiscal José Manuel Ortiz ve delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación, todos ellos “continuados” y no puntuales. El ministerio público demanda siete años de prisión para el exalcalde del PNV y la inhabilitación “absoluta” para 18 años, aunque ya está alejado de la política. También pide los mismos años de cárcel para el resto. Roberto Hernández, representante del Estado, suscribe esta calificación y plantea las mismas penas. La Diputación de Bizkaia, controlada por el PNV, no ha presentado un informe propio pero se adherido al de la Fiscalía. En el caso anterior, la institución encabezada ahora por Elixabete Etxanobe también apreció los delitos que luego han quedado nada. EH Bildu, por el contrario, eleva a nueve años las penas solicitadas por el agravante de que los delitos los cometieron cargos públicos.
Todavía queda pendiente otra pieza sobre las irregularidades en la gestión de Alonsotegi. Se trata de la etapa de Gabino Martínez de Arenaza, de 1999 a 2007. Este caso no lo enjuiciará la Audiencia de Bizkaia sino un jurado popular. Este tercer caso es algo diferente. Lo que se revisa es la actuación de la sociedad urbanística municipal en su conjunto. Alonsotegi Eraikiz, como se llamaba, dejó un agujero de 15 millones de euros. Santisteban ha formado parte igualmente de esta causa.