Piden hasta seis años de cárcel para el dueño de La Gilda del Norte por explotar a trabajadores extranjeros

El empresario vizcaíno F.J.G.Á, titular de la mercantil Agricultura Creativa 2015, S.L. (más conocida como La Gilda del Norte), se expone a penas de cárcel que podrían superar los seis años y a elevadas sanciones económicas por contratar de modo “continuado” a trabajadores extranjeros de modo irregular. Según las conclusiones de la investigación judicial iniciada tras las visitas de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo a los locales de la empresa en Basauri y a los invernaderos de Lezama y como adelantó este periódico, al menos desde 2018 un grupo indeterminado pero elevado de empleados no tenían contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Se les pagaba con dinero negro por debajo de los umbrales del salario mínimo interprofesional (SMI) y eran obligados a esconderse cuando había inspecciones, también en cámaras frigoríficas. En un caso, una trabajadora quedó embarazada y declaró que el empresario le invitó a que abortara y que le había ofrecido dinero para ayudarle a costear la interrupción de la gestación.

El titular del juzgado de instrucción 1 de Bilbao, Juan Carlos Mediavilla, ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio contra Gutiérrez y contra su hija, que ejerce labores de responsabilidad en La Gilda del Norte. A la luz de las actuaciones, sustentadas en un durísimo informe de la Policía Nacional, que es el cuerpo que en Euskadi tiene competencias en materia de extranjería, se considera a Gutiérrez como responsable indiciariamente de tres delitos contra los trabajadores. En concreto, sería responsable de “imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo”. También de haber empleado “de forma retirada” a extranjeros sin permiso de trabajo e incluso a menores de edad en esas mismas circunstancias. Y, finalmente, de poner en “peligro grave” la vida de los trabajadores al no haber observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, particularmente porque forzó a personas con COVID–19 a trabajar durante la pandemia con el ánimo de buscar “inmunidad de rebaño” y reducir las bajas.

Los hechos se destaparon el 1 de diciembre de 2020, en plena segunda fase de la pandemia tras el confinamiento. Ese día, por la mañana, efectivos de la Policía Nacional y dos inspectores de Trabajo se personaron de modo simultáneo en las dos instalaciones de La Gilda del Norte, en Basauri y en los invernaderos. Ya en ese momento se identificó a seis trabajadores sin contrato y se encontraron unas cuartillas manuscritas con los pagos en dinero negro, de 800 euros mensuales por una jornada completa ordinaria (menos de 10.000 euros anuales) con algunos abonos adicionales si hacían horas (50 euros por trabajar en sábado, por ejemplo). Estaban advertidos de que, si se producía una inspección, tenían que esconderse. Se les dijo que los multados serían ellos (con 6.000 euros) y que podrían ser deportados a sus países de origen, principalmente de América. No tenían vacaciones ni cobraban las bajas. “Si alguno presentaba alguna queja, era inmediatamente amenazado con el despido”, describe en el sumario el abogado de uno de los trabajadores afectados.

Después de esa primera visita, F.J.G.Á. dio la orden a sus trabajadores extranjeros de hacer turno de noche en el convencimiento de que así no serían detectados. Sin embargo, la Policía Nacional mantuvo la vigilancia y volvió a coordinar con la Inspección de Trabajo una nueva entrada en las instalaciones de La Gilda del Norte, esta vez en la tarde–noche de un día de mayo de 2021. De nuevo identificaron a trabajadores sin contrato, algunos de ellos los mismos que meses atrás. El empresario acabó detenido aunque cuando este periódico sacó a la luz estos hechos no solamente negó las irregularidades que se le atribuyen –dijo estar ayudando a personas en situación precaria– sino incluso el mismo arresto, aunque este periódico accedió a la ficha elaborada en la comisaría de la Policía Nacional en Bilbao.

La fiscal María Miranda da por probados los delitos pero solicitará en el juicio una pena menor, de un año de cárcel y que no implicaría su cumplimiento efectivo. Y exime a la hija del dueño, aunque gestiona una filial de La Gilda del Norte llamada Más que piparras y tiene altas responsabilidades en la empresa matriz. Son mucho más contundentes los escritos de acusación de los letrados de algunos de los pocos trabajadores afectados que se han personado para defender sus derechos. La abogada de dos de ellos lamenta que la investigación no ha podido concretar durante cuánto tiempo La Gilda del Norte hizo negocio de esta manera y cuántos son exactamente los extranjeros perjudicados, pero considera acreditado y gravísimo el caso de la mujer embarazada o que incluso hubiese menores trabajando en esas condiciones. También ve “constatado” que nunca se formó a los empleados ni se les proporcionaron los equipos adecuados. “Tenían su plan de negocio basado en la contratación ilegal”, concluye desde el convencimiento de que “hay más” irregularidades que no se han podido encontrar y que también P.G., hija del dueño, es corresponsable de la situación.

Estos dos trabajadores piden seis años y tres meses de prisión –de cumplimiento íntegro– para F.J.G.Á. y diez meses –con posibilidad de suspensión– para su hija. Además, quieren una multa de 16.200 euros para él y de 7.200 euros para ella, así como una indemnización de 7.500 euros a cada afectado. Otra empleada personada como acusación pide cinco años de cárcel para F.J.G.Á. y nueve meses para su hija, además de las mismas cantidades económicas. Hace ahora justamente dos años trascendió que la Inspección de Trabajo había propuesto ya una primera sanción de 40.313,83 euros a la empresa Agricultura Creativa 2015 S.L. por estos mismos hechos.

Sin embargo, en estos últimos años la empresa ha continuado operando con normalidad. En la primavera de 2021, por ejemplo, se organizó con fondos públicos de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento (Dema) de la Diputación de Bizkaia un curso de formación dentro de la iniciativa Laborlan II en los invernaderos de Lezama propiedad de La Gilda del Norte. Esta misma semana está organizando visitas de pago para niños a los invernaderos para explicar la plantación de piparras. Medios de comunicación como 'El Correo', 'El País', la Cadena Ser o 'Crónica Vasca' le han realizado reportajes. Este mismo jueves ha terminado en Madrid la feria Salón Gourmet en la que La Gilda del Norte ha ocupado un expositor como representante de Euskadi, algo que también suele ocurrir en Alimentaria de Barcelona. En la nota oficial del Gobierno vasco aparecía en primer lugar entre los 'stands' de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Ha llegado a usar para sus promociones a Loles León, a Alaska, a Mario Vaquerizo, a Marta Belenguer, a Lucía Jiménez y a otros 'influencer'. La Diputación de Bizkaia (a través de la entidad BEAZ) o el Ayuntamiento de Loiu también le han encargado productos para eventos.