Hace una década, Leioa veía caer el proyecto estrella del Ayuntamiento, la construcción del polideportivo de Pinosolo, valorado en 55 millones de euros, más que el presupuesto municipal anual de la época. Se constataron irregularidades en la tramitación del concurso público que se adjudicaron las empresas Viuda de Sainz y Aros. Ahora, en 2022, se proyecta un nuevo centro deportivo de referencia en un terreno cercano, en Torresolo, pero su gestación avanza sobresaltada por el recurso administrativo de la empresa que quedó segunda en el concurso de ideas para su diseño al entender que se produjeron irregularidades en la elección de la ganadora, la UTE de Alonso Hernández & Asociados con O Arquitectura.
Diez años después, los metadatos de los archivos informáticos del expediente vuelven a emerger como un factor decisivo. En la ocasión anterior, un arquitecto local llamado Diego Garteiz Mina logró demostrar, mediante un análisis informático, que el Ayuntamiento del PNV -entonces el alcalde era Eneko Arruebarrena, luego le sucedió Mari Carmen Urbieta y ahora es Iban Rodríguez- y su asesora Arcain disponían del detalle del proyecto que resultaría adjudicatario un año antes de que se convocara el concurso público, en 2009. Incluso parte de esos datos fueron publicados en un ejemplar de la revista municipal de verano de 2008. Sus denuncias hicieron que la Autoridad Vasca de la Competencia -en un dictamen ratificado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras el recurso de las empresas afectadas- dijera que la adjudicación fue “ilegal”. La UTE de Viuda de Sainz y Aros había concurrido al concurso, que se repitió tres veces y siempre con el mismo resultado, en una posición manifiestamente ventajosa. También una comisión de investigación en el Ayuntamiento, cuyo dictamen fue aprobado con los votos de la oposición, concluyó que existían graves irregularidades en torno al polideportivo de Pinosolo.
En la vía penal, sin embargo, el caso no tuvo recorrido. La fiscal que realizó la investigación preliminar fue Carmen Adán, entonces jefa del ministerio público en Bizkaia y actualmente fiscal superior del País Vasco. Durante las diligencias, apareció una grabación en la que un alto funcionario municipal se refiere a la manipulación de contratos en Leioa y, entre los nombres que se escuchaban, estaban Arcain y Viuda de Sainz, además de la ya extinta Urazca, luego implicada en el 'caso De Miguel', que también tuvo sus ramificaciones en Leioa con la condena del exedil Iñaki San Juan. Aquella cinta motivó por sí misma otra investigación paralela, ya que el funcionario denunció que fue obtenida por un encapuchado que le retuvo a punta de pistola.
Ahora, el proyecto de Torresolo está en una fase más embrionaria. Lo que se ha hecho es un concurso de ideas para elegir el proyecto más atractivo y eficiente. La empresa que ha quedado en segundo lugar, Vaillo Irigaray y Asociados, ha presentado ya ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), una oficina dependiente del Gobierno vasco, un recurso en el que aseguran que el jurado que analizó las diferentes propuestas dispuso de un material en el que la ganadora era identificable, lo que rompía la exigencia de completo anonimato para que el análisis fuera estrictamente objetivo. ¿Cómo lo demuestran? Indican que en un archivo informático consta un nombre de un profesional que en varios proyectos ha sido socio de una de las empresas de la UTE.
El recurso alude a la importancia de resolver esta disputa ahora porque el concurso “cuya resolución definitiva se impugna se enmarca dentro de un contrato de servicios para la posterior adjudicación de la redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras, cuyo valor estimado se cifra en 2.233.376,97 euros, IVA excluido”, se lee en la documentación recibida por el OARC. Piden expresamente la exclusión del proyecto que fue seleccionado y que sean ellos los ganadores.
En verdad, esta queja ya fue elevada al propio Ayuntamiento sin éxito. Los propios argumentos de la compañía dan una pista de cuáles fueron las explicaciones que hicieron que no solamente se rechazara la protesta sino que se adjudicara esta fase inicial de Torresolo a Alonso Hernández & Asociados y O Arquitectura. Se les dio a entender que, aunque el metadato fuese visible, el jurado no lo había tenido en cuenta. Además, no era una identificación precisa del licitante, sino que hacía referencia a una persona vinculada de manera indirecta. El largo recurso de Vaillo Irigaray y Asociados señala que las bases del concurso eran claras respecto del anonimato y que no pueden quedar vaciadas por explicaciones de imposible comprobación, como que los miembros del jurado no se percataron. Recalca, además, que una simple búsqueda en Facebook permitía situar a la persona mencionada en los metadatos con la empresa que luego resultó seleccionada.
El asunto también ha empezado a suscitar dudas en la oposición local. EH Bildu ha pedido que se actúe en este caso “garantizándose escrupulosamente la transparencia, confidencialidad e igualdad de oportunidades” después del precedente que supuso Pinosolo, “el mayor caso de corrupción” de este municipio de la Margen Derecha. En un comunicado, la coalición ha explicado que ya el primer intento de convocar el concurso de ideas de Torresolo fue suspendido tras un recurso del colegio de arquitectos.
¿Cómo acabó Pinosolo? Evidentemente nunca se llegó a construir, pero Viuda de Sainz y Aros facturaron al Ayuntamiento 1,6 millones por los trabajos previos que habían realizado. La UTE había reclamado, además, otros 3,2 millones en concepto de lucro cesante. Finalmente, serán menos, 0,6 millones, pero han logrado una indemnización por la rescisión del contrato, según dictaminó en junio de 2018 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El denunciante, en cambio, quedó en el “ostracismo”, según confesó en una entrevista con este periódico hace cuatro años. Pinosolo formaba parte de un complejo deportivo más amplio, con el sueño también roto de una gran ola artificial para practicar surf urbano y las piscinas de Torresolo, que sí fueron construidas y llevan años operativas. Ese recinto tuvo un sobrecoste acreditado de más del 50% (de 2,7 millones a 4,2) y, a los pocos meses de su inauguración, empezaron a presentar problemas por “asentamientos”. Los rellenos sobre los que se ubicaban no estaban aguantando el peso de la obra y algunos edificios se agrietaron.