Entre el (pionero) derecho a la vivienda y los precios imposibles: el debate sobre vivienda entra en la campaña vasca

En 2015, un extraño pacto político entre el PSE-EE, EH Bildu y UPyD posibilitó que Euskadi desarrollara por vez primera en España el derecho a la vivienda. Es algo previsto en la Constitución pero que precisa de una ley para su aplicación. Ni siquiera la ley estatal de 2023 ha llegado tan lejos, aunque en Navarra se aprobó un texto similar al de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En cifras, a finales de 2023 2.500 familias habían logrado una vivienda asignada por la Administración y otras 2.100 cobraban una ayuda sustitutiva para facilitar el acceso al mercado libre (300 euros mensuales). En abril de 2024, además, se ha activado una pasarela para que 25.000 perceptores de otras ayudas de alquiler vinculadas a la renta de garantía de ingresos (RGI) se conviertan en titulares del derecho a la vivienda. Sin embargo, el marco garantista coexiste con una tozuda realidad: comprar una casa es muy caro y el alquiler está por las nubes, a lo que se suman los consumos, los suministros o las derramas.

Solamente el mercado de trabajo y la Sanidad pública son citados más veces como problema por los vascos. Según el Sociómetro más reciente, el 25% de la sociedad ve el acceso a la vivienda como un problema. Y en la campaña se ha hablado (y mucho) del asunto. Según Idealista, alquilar cuesta (de media) 13,3 euros por metro cuadrado al mes (más de 15 en Gipuzkoa y más de 17 en Donostia. Traducido: una hipotética casa de 100 metros cuadrados costará más de 1.300 de media y 1.700 en la ciudad más cara. Comprar implica ahorrar 2.900 euros por cada metro cuadrado por término medio, pero 3.500 en Gipuzkoa y ¡5.400! en Donostia. La casa de 100 metros cuadrados pasaría del medio millón de euros en esa ciudad. En Cantabria, son 10 y 1.600 euros, respectivamente, siempre según la misma fuente, que aporta datos actualizados a marzo de 2024. El sueldo medio en Euskadi es alto en comparación, de 2.197 euros en 2023, pero la proporción está muy por encima de los porcentajes considerados como asumibles.

La vivienda centró buena parte del debate con jóvenes que organizó este periódico para analizar sus inquietudes antes de las elecciones. Los tres participantes ya no viven en Euskadi.  “Los jóvenes de nuestra generación vamos a pasar muchos años en casa de nuestros padres o, en el mejor de los casos, compartiendo piso. Pero con nuestros salarios es prácticamente imposible afrontar una hipoteca”, sentenciaban. La edad de emancipación bordea los 30 años, doce después de la mayoría de edad.

En el Gobierno vasco, liderado por el PNV, es el PSE-EE el que ha dirigido la cartera de Vivienda. Políticamente, este matiz ha tenido mucha relevancia. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, existen dos líneas de ayudas, una por partido. Existía el programa Gaztelagun, de 300 euros mensuales, y se ha ampliado en los últimos años. Han subido las cuantías, inicialmente de 250 euros, pero igualmente se elevaron los máximos de rentas para poder acceder a las ayudas, que se han fijado en 24.500 euros anuales para un solicitante individual y en hasta 32.000 euros para unidades de convivencia más amplias, y los pagos ya son indefinidos hasta que el titular cumpla 36 y no se extinguen a los tres años. Pero, desde la parte del PNV, que tiene las competencias de Juventud, se ha creado Emantzipa, también de 300 euros y pensado para la emancipación. Es para personas de entre 25 y 29 años y se cobra durante un máximo de dos años. Y no es oro todo lo que reluce: con Gaztelagun hubo tapón administrativo con los cambios, como se admitió en el Parlamento, y Emantzipa se presentó en una docena de ocasiones y se activó en puertas de la campaña electoral.

Los socialistas, que relevarán por edad al consejero que ha ocupado ocho años esa cartera, Iñaki Arriola, y que ya la dirigió también con Patxi López, entre 2009 y 2012, insisten en que una de cada tres viviendas de alquiler social están en Euskadi. Y Eneko Andueza, el candidato, habla de 5.000 viviendas más. Pero la legislatura ha acabado con un relevante conflicto con el PNV. La parte nacionalista del Ejecutivo ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la normativa estatal impulsada en Madrid por los socialistas y que Arriola y su equipo están aplicando, particularmente en lo tocante a la declaración de zonas tensionadas para controlar precios. Los consejeros socialistas se opusieron al acuerdo del gabinete que dio curso a la tramitación del contencioso, algo inédito en la legislatura. Andueza llegó a acusar al lehendakari, Iñigo Urkullu, de actuar como Isabel Díaz Ayuso, que es una de las presidentas autonómicas del PP que han hecho lo mismo, ir al Constitucional.

El PNV alega por activa y por pasiva que la normativa invade las competencias vascas y que toca preservar la ley autonómica, la misma que no solamente no apoyaron -como el PP- sino que criticaron duramente porque entendían que reconocer el derecho a la vivienda iba a generar un “efecto-llamada mundial” que nunca se ha producido. La dirigente María Eugenia Arrizabalaga lo consideró un “ataque sin precedentes” a las competencias exclusivas vascas y lo comparó con la abolición de los fueros en 1839. También ha cargado duramente contra EH Bildu por hacer seguidismo y apoyar una norma española cuando incluso sus socios de ERC han empezado a ver su reverso centralizador. Insisten en que no es una cuestión de la izquierda contra la derecha sino de fuero y de huevo: Euskadi no puede aceptar ver reducido su margen de actuación.

En la entrevista con este periódico, el candidato Imanol Pradales se refirió al asunto: “Aquí la pregunta fundamental es si la ley de Vivienda española está sirviendo o no para resolver el problema del aumento de los precios de alquiler. Y la realidad es tozuda. Han salido varios informes. El precio del alquiler se está disparando. Hay menos oferta que nunca en el mercado. La ley de Vivienda española está siendo una malísima ley para las personas que en Euskadi quieren alquilar una vivienda porque hay menos y es más cara. Y, por cierto, mucha de la vivienda acaba siendo turística de estancias cortas”. Quitó hierro a que el PNV de Navarra, que forma parte del Gobierno foral a través de Geroa Bai, haya dado por buena la aplicación de la norma.

¿Qué propone el PNV en su programa? El capítulo sobre la materia se titula “Vivienda. Hacia un derecho efectivo”. Tiene 30 puntos. Hay iniciativas como “un plan de construcción o habilitación de 7.000 viviendas en régimen de alquiler hasta 2030, reservando un 40% de estas viviendas a personas menores de 36 años” o “una línea de avales de hasta 200 millones de euros en la legislatura, exclusiva para las personas jóvenes, para conseguir que las entidades financieras puedan financiar el 100% del precio de compra de una primera vivienda”. También piden elevar los máximos de renta para acceder a viviendas protegidas en propiedad ante la carestía del mercado libre y que se puedan solicitar las ayudas de 300 euros mensuales Gaztelagun y Emantzipa siempre que no se superen los 30.000 euros. Ahora quedan fuera todos los que cobren más de 24.500 euros anuales. Públicamente, tampoco han renegado de topar los precios.

En la campaña se ha discutido también sobre las deducciones fiscales por la compra, una excepción de las Haciendas forales no vigente en territorio común, en la Agencia Tributaria. El PNV cree que EH Bildu quiere eliminarlas y meter la mano en el bolsillo de los ahorradores contribuyentes. Nerea Kortajarena, en su entrevista con este periódico, matiza que quieren “revisar” ese sistema en la misma línea que ha aprobado el Gobierno en su plan director de Vivienda y que nunca pediría retirarlas a los actuales beneficiarios. Son 330.000, según las cifras del PNV, el equivalente al 15% de la población vasca y solamente 19.000 menos que los votos que logró en 2020 el ganador de las elecciones vascas, Urkullu.