Euskadi cierra la primera legislatura con la competencia de Prisiones marcada por el “tensionamiento” en las cárceles

Desde que en 2017 medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para evitar la declaración unilateral de independencia de Catalunya y el 155, Iñigo Urkullu se ha encontrado mucho más cómodo en la búsqueda de completar el Estatuto de 1979 que en su primera promesa al llegar a Ajuria Enea de explorar un “nuevo estatus” y un nuevo encaje de Euskadi en España. En total, Urkullu ha logrado 19 competencias nuevas en tres legislaturas. Tres han llegado sobre la bocina, este mismo mes de marzo. Son Cercanías, Inmigración (lo tocante a la segunda fase de la acogida, ya que la parte de expulsiones y asilo es una potestad exclusiva del Estado) y la homologación de los títulos extranjeros. Antes se formalizó el traspaso del ingreso mínimo vital (IMV) para que sea complementario con la renta de garantía de ingresos (RGI) autonómica. Pero el gran acuerdo entre los Gobiernos central y vasco de la legislatura fue la transferencia de Prisiones, acometida el 1 de octubre de 2021, muy condicionado por el “tensionamiento” en las instalaciones.

El traspaso, que ya se produjo en Catalunya años atrás, quedó bloqueado durante años por la situación de los presos de ETA. Y eso que las competencias vascas se ciñen a la gestión de los edificios penitenciarios y del personal, así como del tratamiento entre rejas y de los procesos de reinserción, todo ello bajo tutela judicial. Nunca pueden entrar a la definición de la legislación, que es una prerrogativa de las Cortes Generales. Con todo, las derechas alentaron que Euskadi buscaba este traspaso para crear “resorts” para los condenados por terrorismo.

La transferencia y la puesta en marcha del sistema vasco de Prisiones ha ido mucho más allá de la cuestión de los presos de ETA en estos años, aunque es una evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido completando en estos años el traslado de los reclusos del EPPK (el colectivo que agrupa a los presos que siguen la línea oficial de ETA, ya disuelta) tanto a las comunidades autónomas vasca y navarra hasta dar por finiquitada la política de alejamiento y dispersión. En otoño, al cumplirse el segundo aniversario de la transferencia, los penados por terrorismo eran 142 de 1.577. De ellos, un 15% disfrutaba de un tercer grado, frente al 27% de media general. La plataforma de apoyo a los derechos de los presos de ETA, Sare, indicó que la Fiscalía recurre el 75% de las progresiones en el caso de miembros del EPPK por un 25% del resto. En los dos primeros años fueron revocadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria el 1,89% de las progresiones de grado, pero en el caso específico de los presos de ETA alcanzaron el 24%. 

Euskadi recibió la gestión de tres cárceles. Son la de Zaballa en Álava, a las afueras de Vitoria, la de Basauri en Bizkaia y de la Martutene en Gipuzkoa. El Estado ultima las obras del nuevo presidio de Zubieta y, cuando se inaugure, el compromiso es que será intercambiado por Martutene para que la Administración central lo ceda a la ciudad de Donostia para sus planes urbanísticos, como ha ocurrido con los cuarteles de Loiola del Ejército de Tierra. La vieja cárcel de Nanclares de la Oca, sustituida por la de Zaballa, se cedió también pero aún no se le ha asignado un uso. El personal de Prisiones pasó también a formar parte de la función pública autonómica. Ha sido un cambio no sin tensiones aunque el área del Gobierno encargada de esta competencia, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, ha buscado acuerdos transitorios con ACAIP-UGT, la central mayoritaria entre la plantilla, como quedó refrendado en las primeras elecciones sindicales organizadas tras el cambio.

Las dos consejeras del PNV que han estrenado la gestión de Prisiones han sido Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa. Ésta última es, de hecho, la única consejera de Iñigo Urkullu que sigue en las listas tras la profunda renovación de su partido y la única que está participando activamente en la campaña. La viceconsejera del ramo fue también consejera con Juan José Ibarretxe, Ana Aguirre. El Ejecutivo fichó como asesor al magistrado de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia. En su momento fue llamativa la incorporación porque fue el presidente del tribunal que en diciembre de 2019 firmó la sentencia del mayor caso de corrupción que ha golpeado al PNV, el 'caso De Miguel', con duras penas de prisión para excompañeros de Artolazabal y Melgosa en el PNV de Álava. Con la excarcelación definitiva de Iñaki Urdangarin esta misma semana, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandino y Xabier Sánchez Robles, los cuatro principales implicados en esa trama, son quizás los presos de más renombre en Zaballa, donde existe un programa de reinserción para delincuentes económicos.

Precisamente la reinserción es el gran eje del pretendido modelo penitenciario vasco. Se ha creado la agencia Aukerak ('oportunidades', en euskera) y desarrollado un modelo de gratificaciones para impulsar el trabajo para los condenados. Se están firmando convenios con la UNED, con la UPV/EHU o con la red de euskaltegis Habe para fomentar la enseñanza en prisión. Se han habilitado también zonas para madres de modo que sea más sencilla la conciliación del cumplimiento de penas con la vida familiar. En pleno inicio de la ofensiva de Israel sobre Gaza trascendió que, heredado de la etapa de gestión estatal, las cárceles vascas disponen de aparatos para el control de la semilibertad dotados de una tecnología israelí que permite incluso comprobar los niveles de alcoholemia a distancia. Se han conocido ya los primeros suicidios de internos, algunas revueltas y hasta una gran intoxicación alimentaria.

El gran 'hándicap' de la nueva gestión autonómica, en cambio, ha sido el “tensionamiento” en sus instalaciones, admitido en informes oficiales. En datos, con la plantilla disponible en 2023 el escenario óptimo sería de 783 internos, el escenario asumible podría suponer los 1.283 y el real era de 1.577. En la primavera de 2023, Euskadi tuvo que firmar un acuerdo con el Gobierno central para acotar los traslados.

Dos son los motivos de esta situación sobrevenida. Uno, cuando abrió Zaballa lo hizo con la plantilla de Nanclares de la Oca, mucho más pequeña. Y, dos, antes existía una red de centros mucho más amplia en la que se gestionaban movimientos y se jugaba con la ocupación. Ahora eso no es posible. En el segundo aniversario de la transferencia se habían recibido 656 solicitudes desde cárceles controladas por el Gobierno de España -no incluidas las catalanas- y 384 habían tenido que ser denegadas. De hecho, se habían autorizado 261 salidas desde Zaballa, Basauri o Martutene a prisiones de otros lugares, más que las 242 entradas, muchas de presos de ETA. La próxima apertura de Zubieta, aunque acumula retraso, podría aliviar esta situación. En privado, y como tercer factor, se interpretó también que la campaña de la derecha aludiendo a que Euskadi iba a crear “resorts” para los reclusos alentó una petición de traslados de todo tipo. Como derivada, la cárcel de Pamplona ha visto incrementada su población reclusa como escenario intermedio de algunos de los traslados no aceptados por el Gobierno vasco.