El programa del nuevo Gobierno vasco, fruto del acuerdo entre el PNV y el PSE-EE y gracias al que Imanol Pradales ha sido investido lehendakari con mayoría absoluta, incluye un apartado completo, concretamente el tercero, -después de Salud y Políticas Sociales- para la Vivienda. En las dos últimas legislaturas ha sido una cartera socialista y es previsible que lo continúe siendo. Dentro del apartado, ambos partidos han establecido cinco compromisos comunes. Uno de ellos viene repleto de novedades o “nuevas fórmulas”, como indica el texto, para hacer frente a la necesidad de -“vivienda asequible”.
La primera de las iniciativas se basa en “extender fórmulas innovadoras de residencia”. Con ello, el nuevo Gobierno vasco se refiere a “los alojamientos temporales, de vivienda colaborativa cohousing, las viviendas intergeneracionales y los apartamentos tutelados, dando seguridad jurídica y haciendo viables estos proyectos que dan respuestas a nuevas realidades”. La segunda de las iniciativas, busca “impulsar un programa de compra pública de vivienda para el alquiler protegido”. La tercera, detalla como medida “los cambios de uso de bajos y lonjas en desuso en zonas urbanas y de baja actividad comercial para poder reconvertirlos en vivienda”. Algo para lo que, según recalca el documento, se debe “promover los cambios normativos necesarios”.
La cuarta de las propuestas del nuevo Gobierno es “impulsar la construcción de promociones de viviendas cooperativistas en régimen de cesión de uso”. Lo que, según se indica, “facilitará la entrada a una vivienda personalizada a cambio de una cuota mensual que, al no tener ánimo de lucro, será menor que la del alquiler convencional”. La quinta iniciativa se basa en “instrumentalizar el Parque Público de Vivienda como medio de intercambio o permuta de viviendas no adaptadas que son propiedad de personas mayores y/o con movilidad reducida quienes podrán acceder a una vivienda con condiciones de accesibilidad adecuadas a cambio de entregar su vivienda a la Administración, quien la destinará al alquiler social”.
La sexta medida, que incluye su aplicación con la colaboración de los Ayuntamientos, implica impulsar “las segregaciones de pisos antiguos con mucha superficie, sobre todo en las capitales, mediante un servicio de asesoramiento que, a su vez, posibilite atraer las viviendas resultantes a los programas de intermediación de vivienda en alquiler”. Es decir, dividir las viviendas “antiguas” grandes para hacer viviendas más pequeñas y ponerlas en alquiler. Dentro del apartado de Vivienda, el principal compromiso al que llegan ambas formaciones es el de “abordar la vivienda como un eje estratégico de la legislatura”. Para ello, se recoge la necesidad de elaborar y aprobar el documento estratégico para la política de vivienda, Director de Vivienda 2024-2027. También se incluye el compromiso de impulsar políticas de construcción y fomento de viviendas sociales y protegidas, ampliando el parque público de vivienda, y “reservando un 50% a menores de 36 años”.
Amplía el máximo de ingresos para acceder a ayudas hasta 30.000 euros
Contemplan además impulsar el mercado del alquiler con incentivos fiscales y rentas para los propietarios que dejen sus viviendas en manos del programa Bizigune que después pone los pisos en alquiler a través del programa Alokabide, y ampliar el rango de ingresos máximos que permiten acceder a una vivienda de protección pública. Para las personas jóvenes, las propuestas del nuevo Gobierno vasco en materia de vivienda incluyen ampliar el máximo de los ingresos para acceder a ayudas como Gaztelagun o Emantzipa (para alquilar una vivienda o emanciparse, de 300 euros mensuales) a un máximo de ingresos a nivel individual de 30.000 euros al año. No dice nada del mínimo de ingresos requerido para acceder a una vivienda en esos programas de ayudas ni del hecho de que, como en el programa Gaztelagun, la renta mensual de la vivienda tiene un límite de 800 euros en Bilbao, Donostia y Vitoria. 750 euros en las áreas metropolitanas de las capitales y en los municipios de más de 10.000 habitantes o de 675 euros en el resto de municipios. Como dato: una rápida búsqueda a un conocido portal de vivienda en internet arroja que en Donostia ninguna de las 385 viviendas que hay en alquiler cuesta menos de 800 euros, la más barata cuesta 847 euros al mes. Mientras que en Vitoria solo cinco viviendas de 105 cuestan 800 euros o menos y en Bilbao 10 de 535 pisos. La mayoría de ellos de una habitación y de menos de 50 metros cuadrados.
Como nueva medida se incluye también iniciativas dirigidas a personas jóvenes trabajadoras que “quedan por encima del umbral del derecho subjetivo pero que, al mismo tiempo, tienen grandes dificultades de acceso al mercado libre”. Por último, incluyen el hecho de estudiar la posibilidad de promocionar distintos tipos de vivienda protegida, más allá de los existentes. “La misión central de la política pública de vivienda debe ser facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a las personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre. En especial a aquellas personas en situación de necesidad social, y también a las y los jóvenes con necesidad de emanciparse. Se trata de avanzar y conseguir que el derecho a la vivienda que está recogido en nuestra legislación sea un derecho efectivo. Para ello, es preciso articular un compromiso colectivo entre todos los agentes sociales, económicos, administraciones públicas y sociedad en general, que, compartiendo unos objetivos estratégicos a medio y largo plazo, establezcan los mecanismos, acciones y sistemas de evaluación de resultados para su progresiva consecución”, indica el acuerdo. Este es el documento que recoge todas las medidas acordadas por el nuevo Gobierno vasco: