El PNV eleva el nivel de exigencia con Sánchez y pide la gestión del IMV y cambios en la reforma laboral

Ocurre periódicamente en la política española en los últimos años: el PNV denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple sus acuerdos con los nacionalistas vascos y alerta de la necesidad de que La Moncloa reconduzca la situación para no ver peligrar su estabilidad en las Cortes Generales. Esta semana, diferentes voces del partido de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu han puesto de manifiesto que la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) acumula meses de retraso y que la última propuesta de firmar un traspaso temporal es inaceptable. También reclaman que la reforma laboral que ha de ser convalidada en el Congreso tiene que sumar la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales al texto pactado por el Ejecutivo con la patronal Confebask y con los sindicatos CCOO y UGT, al que se opone la mayoría sindical vasca conformada por ELA y LAB.

Fuentes de Sabin Etxea, el cuartel general del PNV en Bilbao, indican que “no hay una estrategia” para presionar a La Moncloa sino una simple sucesión de entrevistas ya programadas de diferentes portavoces que han girado sobre los mismos temas. Además, explican que las conversaciones en torno al IMV -y a otras transferencias pendientes del Estatuto de 1979- no tienen por qué influir en los cambios que exigen en la nueva normativa laboral. “Son dos temas diferentes que no tienen ninguna conexión y no va a interferir la resolución del uno en el otro”, indican los nacionalistas. En todo caso, se parte de la constatación de que el reciente informe del grado de cumplimiento de Sánchez con sus socios dejaba el marcador del PNV en el 21% de lo firmado hace dos años.

El IMV acumula tantos meses de polémica política como tiempo ha pasado desde su puesta en marcha. En una de las prórrogas del primer confinamiento, los diputados liderados por Aitor Esteban arrancaron al Gobierno central que las dos comunidades forales, la vasca y la navarra, gestionarán de manera íntegra esta prestación. Más tarde, el IMV pasó a formar parte del cronograma de materias pendientes de traspaso, que ha tenido algunos hitos como el histórico acuerdo de Prisiones que se hizo efectivo en 2021 42 años después de su inclusión en el pacto autonómico pero que también ha acumulado retrasos. El PNV pareció dar por zanjado el asunto al recibir en otoño el compromiso de que llegaría en 2022 durante la negociación presupuestaria. En ella, igualmente, reclamó avances en la llegada del AVE a las capitales vascas y que se ha traducido en una propuesta para que el Gobierno autonómico adelante las obras que luego financia el Estado y en estaciones provisionales para no condicionar la puesta en marcha a los soterramientos en Bilbao y Vitoria. Pugnó por el protagonismo con EH Bildu, que entre otras medidas arañó un fondo para las víctimas del amianto.

Pero ahora el IMV ha vuelto a primera línea. En vísperas de Nochevieja, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno de Urkullu, Olatz Garamendi, alertó en un comunicado de los retrasos en materia de desarrollo estatutario. Se acababa 2021 sin zanjar temas prometidos para 2021. Explicó que había recibido algunas propuestas de materias de menor entidad como meteorología o la gestión del litoral y de los fondos cinematográficos pero urgió al Estado a concretar los acuerdos sobre el IMV y Cercanías. Avisó de que no aceptarían “mercancía averiada” y el enfado fue mayúsculo al conocerse a los pocos días a través de 'El Correo' que la propuesta del ministro José Luis Escrivá era un convenio temporal de gestión.

“Es el tercer incumplimiento con el IMV. Teníamos tres acuerdos por lo que esto es triplemente grave. Sin embargo, queremos pensar que es un error técnico, funcionarial o burocrático y no una distorsión política. Esto con voluntad política se soluciona rápido. Se trata de ceñirse a lo acordado. Es de sencilla resolución: que el presidente haga valer su criterio ante el ministro Escrivá”, indican en el PNV, que en otros momentos ha asaeteado al titular de Seguridad Social. Remarcan que “no es una pataleta” suya ya que, tras la transferencia, la gestión del IMV recaería en una de las áreas que gestiona el PSE-EE en el gabinete de Urkullu, la de Idoia Mendia.

Fuentes del equipo de la exsecretaria general socialista y vicelehendakari segunda remarcan que, al margen de la “tormenta”, “el acuerdo se va a firmar”. Matizan que los retrasos no son tan importantes como los dibuja el PNV ya que la ley del IMV se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de diciembre. Apostillan que, aunque no comparten la temporalidad del traspaso, sí indican que la propuesta del Gobierno de Sánchez no es tan descabellada porque el Estatuto prevé regular mediante convenios (que necesariamente son temporales) las transferencias que puedan tener conexión con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. “Lo que interesa al final es que llegue la transferencia íntegra”, insisten desde ala socialista del Gobierno vasco. Euskadi, desde septiembre de 2020, lleva gestionando las peticiones del IMV mediante una encomienda de gestión pero eso genera duplicidades y un cierto laberinto a la hora de unificar estas prestaciones con el sistema propia, el de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La propia disposición adicional quinta recoge que las comunidades forales gestionarán el IMV frente al marco general fijado para el resto en la disposición adicional cuarta.

Sobre la reforma laboral, el PNV no cree que sea “grave” que la propuesta que se llevará a convalidar no incluya el marco autonómico de negociación colectiva porque no había ningún pacto en ese sentido que se haya incumplido. De hecho, asumen que “podría aprobarse y con otros apoyos”, algo que “no sería lo idóneo” pero tampoco una “deslealtad”. Pero defenderán hasta el final la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales y remarcan que “desde hace un año” el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos conoce que esto es “un tema crítico” si se quiere contar el apoyo de los diputados del PNV. Lo ven como un problema “de resolución bastante más compleja que el IMV” por la posición de las partes a no tocar una coma de lo salido del diálogo social.

La patronal vasca, Confebask, ha defendido que desde enero de 2017 existe un acuerdo entre ellos y todos los sindicatos, incluidos ELA y LAB, para primar 'de facto' ese marco propio de negociación colectiva. “Pero es un argumento tramposo. Si ya existe y es tan bueno, ¿qué problema hay en protegerlo por ley? Es un acuerdo entre las partes sin rango legal y sería posible que un día se convalide la reforma y que al día siguiente Confebask rompa ese pacto y entren en vigor los convenios estatales. Puede ser papel mojado en cuanto lo decida Confebask”, indican las fuentes del PNV consultadas.

Nuevamente, este asunto recae en manos de la socialista Mendia en el Gobierno vasco y no en el PNV. De hecho, la posición oficial del Ejecutivo autonómico es mucho más matizada que la de los nacionalistas como partido. “La consejera del ramo se ha pronunciado con claridad”, dicen en su equipo sobre la reforma laboral. En cuanto a los convenios autonómicos, explican que el acuerdo de 2017 solamente se ha traducido en dos pactos sectoriales de ámbito vasco, ya que por las peculiaridades vascas lo que se impulsan son acuerdos provinciales. Insisten además en poner en valor el diálogo social: “No puedes anular el valor de unos acuerdos tripartitos por una reivindicación de este tipo”. Estas fuentes socialistas señalan que el PNV también reivindica que el trámite legislativo no modifique otros textos en los que participa como las negociaciones bilaterales Estado-Euskadi sobre el Cupo. Añaden que apoyan “expresamente” la fórmula bipartita de 2017 como alternativa a esta polémica.

En medio, el delegado del Gobierno de España en Euskadi, el socialista Denis Itxaso, ha querido terciar en el debate y ha emplazado al PNV a no “sobreactuar” ni generar “tensiones” y ha denunciado sus “prisas”. “No tenemos en cuenta esas declaraciones. No son de una persona que tenga mando en plaza. No es nuestro interlocutor. Lo son La Moncloa y los ministerios. Pretende hacer ver que tiene funciones ejecutivas y no las tiene”, despachan en Sabin Itxaso sobre el papel de Itxaso.