El PNV sigue la estela del PP e insiste en el Constitucional contra la ley estatal de Vivienda

Este domingo a mediodía, la parte del PNV del Gobierno de Iñigo Urkullu ha decidido seguir adelante con el recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de Vivienda, aprobada en 2023 sin el concurso de los nacionalistas, aunque es el PSE-EE el que dirige estas políticas en el bipartito vasco. El PNV sigue así la misma senda que presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Baleares y Andalucía, así como el Parlament catalán, han formalizado también recursos que ya han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PNV ya decidió emprender esta vía en julio, pero la normativa del Constitucional permite abrir un período previo de seis meses de negociación entre Gobiernos para buscar una interpretación consensuada que evite la judicialización del asunto. En un hecho inédito, los tres consejeros del PSE-EE, entre ellos el titular de la materia, Iñaki Arriola, no apoyaron en verano la decisión del Gobierno de dar este paso y siguen sin hacerlo ahora.

Es más, el área de Vivienda lleva meses aplicando la ley con normalidad, principalmente en lo tocante a la regulación de zonas tensionadas para controlas los precios de los alquileres. Ahora se ha acabado sin acuerdo las conversaciones bilaterales. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha defendido que han quedado “agotadas todas las posibilidades de negociación” y culpa al Estado de haber “rechazado” las propuestas vascas. Se da la circunstancia de que la noticia llega apenas 48 horas después del acuerdo entre los Gobiernos central y vasco para transferir la gestión de Cercanías (92 millones anuales y 400 en inversiones) y en puertas de un nuevo acuerdo sobre Inmigración, que previsiblemente se cerrará este lunes.

Garamendi argumenta que existe un informe “elaborado por el Servicio Jurídico central” del Gobierno que apunta a que la normativa estatal “vulnera competencias de Euskadi”. En concreto, este dictamen aprecia una invasión en siete artículos y cuatro disposiciones. Uno de ellos es de las zonas tensionadas. Esta interpretación choca frontalmente con la del consejero que dirige el área de Vivienda. El equipo de Arriola ha presentado contrainformes para la aplicación en Euskadi de la ley y, de hecho, el proceso de las zonas tensionadas está en marcha, también en municipios gobernados por el PNV como Donostia. En paralelo, el PNV acató la aplicación de la ley de Vivienda en el acuerdo de Gobierno de Navarra firmado por su coalición, Geroa Bai, con los socialistas y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre, Berdeak Equo e independientes).

El recurso de Euskadi “solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas”. Sin embargo, es redundante con lo ya planteado por las comunidades del PP de Madrid, Andalucía o Baleares, así como por el Parlament (que no por el Govern de Pere Aragonès). Precisamente este último recurso sirvió al PNV para atacar a EH Bildu, que apoyó la tramitación de la norma en las Cortes Generales de la mano de ERC, que luego votó a favor del recurso en la Cámara catalana. En estos otros casos, se desechó ya en septiembre la posibilidad de un acuerdo interpretativo y ya se admitieron a trámite.

Fuentes del PSE-EE aseguran que el PNV sigue “la misma estrategia que el PP”. El propia líder socialista, Eneko Andueza, aseguró en el Parlamento Vasco hace unos meses que Urkullu se estaba comportando como Díaz Ayuso o Moreno Bonilla. Los socialistas mantienen “que no hay invasión competencial” y sostienen que la normativa estatal proporciona “medidas complementarias” a las de la ley vasca de 2015. El PNV insiste en priorizar ahora esa norma propia aunque la criticó duramente hace nueve años cuando se tramitó. De hecho, salió adelante con los votos de PSE-EE, EH Bildu y UPyD y con el rechazo frontal de PNV y PP. Políticamente, el PSE-EE muestra su sorpresa de que “el candidato Imanol Pradales elogie las políticas vascas de vivienda” mientras el PNV “frena” los avances que proporciona la nueva ley.