La población reclusa continúa creciendo en Euskadi desde que es el Gobierno vasco el que gestiona los tres centros penitenciarios, el de Zaballa en Álava, el de Basauri en Bizkaia y el de Martutene en Gipuzkoa, que precisamente será sustituido pronto por el más grande y moderno recinto de Zubieta. El último dato, de este mismo mes de julio, muestra que hay 1.687 presos totales, 1.372 penados en firme y 315 preventivos. Además, hay 29 menores en régimen cerrado en el centro Ibaiondo de Zumarraga.
Eran 1.577 hace un año y 1.387 en 2021, cuando se produjo la transferencia y el Estado dejó de gestionar las cárceles vascas de adultos. El anterior equipo -la competencia de Prisiones ha pasado del PNV al PSE-EE en el Gobierno de Imanol Pradales- calculó que la cifra “operativa” teniendo en cuenta las dotaciones de personal y los objetivos de tratamiento y reinserción era de 1.283 plazas ocupadas. La cifra actual superaría en un 30% esa referencia. Cientos de reclusos internos en cárceles gestionadas por el Ministerio del Interior han pedido su traslado a Euskadi por múltiples factores, incluida la aparente mayor facilidad para acceder a la semilibertad. Los últimos, por ejemplo, han sido condenados por corrupción en el marco del 'caso Osasuna'. Además, ahora la posibilidad de compensarlo con salidas es más limitada, aunque se llegó a firmar un convenio con el Gobierno central para facilitarlo.
Los datos sobre la población reclusa figuran en un informe enviado por la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, al Parlamento Vasco a instancias de Vox. La ultraderecha ha registrado cuatro peticiones de información al Ejecutivo de Pradales en lo que va de legislatura y todas ellas tienen como objetivo asociar delincuencia o fraude e inmigración.
Según estos datos, dos tercios de los presos en Euskadi tienen nacionalidad española, 1.118 de de 1.687. En el caso de los 1.372 penados en firme se detalla que el 92% son varones y el 8% mujeres. Un 28% de los condenados lo han sido por delitos económicos de todo tipo, desde robos hasta corrupción. Son el grupo más relevante. Después, el 13% son presos por violencia de género (todos varones) y el 11% por agresiones sexuales. Hay otro 11% presos por delitos de narcotráfico. Les siguen (9%) los asesinos y terroristas (lo que engloba al centenar de presos de ETA) y otro 8% que están presos por delitos contra el orden público.
Se da la circunstancia de que Euskadi tiene encerradas a ocho personas, siete hombres y una mujer, sin que conozca el delito que han cometido. Otro preso lo está por haber cometido una falta, una infracción de menor rango que los delitos y que habitualmente no comportan penas de prisión. En el caso de los menores, donde la reglamentación penitenciaria es mucho más garantista, son españoles el 38%. Quince cumplen una condena firme y catorce están por la aplicación de medidas cautelares o terapéuticas. Hay una decena de internos por robos y otros tantos por casos de homicidio (consumado o intentado).
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