El Tribunal de Cuentas del Estado ha iniciado un “procedimiento de reintegro por alcance” como consecuencia de “supuestas irregularidades contables” en relación a la liquidación del contrato de construcción de la incineradora de Zubieta (Gipuzkoa), decisión adoptada en 2012 por la Diputación de Martin Garitano (EH Bildu) después de que este macroproyecto fuera puesto en marcha en la anterior legislatura, con el PNV, con un coste total de aproximadamente 225 millones. De prosperar el procedimiento iniciado por el máximo órgano fiscalizador español, los responsables del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK) deberán devolver de su bolsillo el quebranto económico que generó parar una infraestructura en marcha, unos 8,2 millones en indemnizaciones a las contratistas, según algunas estimaciones.
El edicto del Tribunal de Cuentas emitido en Madrid el 26 de septiembre de 2016 en el que se recoge el inicio de este nuevo procedimiento judicial con la incineradora como telón de fondo, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, no especifica aún quiénes serían, con nombre y apellidos, los cargos políticos que tendrían que afrontar un juicio y eventualmente la devolución del dinero supuestamente despilfarrado. En todo caso, se trata de un proceso judicial en toda regla, ya que el Tribunal de Cuentas del Estado tiene función jurisdiccional plena para los ilícitos contables (que no son delitos). En Euskadi, el caso más sonado ha sido la reciente condena al exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso y a otros concejales del PP a devolver 400.000 euros por el oneroso alquiler de unas oficinas al conocido empresario Gonzalo Antón.
Se da la circunstancia de que hace apenas unas semanas el fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, archivó una investigación penal abierta contra GHK por los mismos motivos. Calparsoro no halló indicios de delito y estimó que las acciones para paliar el quebranto económico ocasionado por la suspensión del contrato de la incineradora, algo que da por sentado, debía impulsarlas en la vía civil la Diputación actual, en manos de PNV y PSE-EE y que ha recuperado el proyecto guardado en un cajón por EH Bildu.
La investigación del Tribunal de Cuentas se apoya en una auditoría sobre las cuentas de GHK elaborada por el Tribunal de Cuentas autonómico (sin competencias para exigir la devolución del dinero en caso de irregularidades) a instancias del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. El informe, finalizado en 2014 y publicado este pasado mes de mayo en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), habla de que GHK acordó una indemnización de 8,2 millones a las contratistas de Zubieta tras la rescisión del contrato sin que existiera “una liquidación o certificación final de los trabajos realizados que justifiquen los pagos realizados en función de los hitos”. En sus alegaciones, los antiguos responsables de GHK explican que la liquidación se realizó de manera ajustada.