El lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado este viernes en la conferencia de presidentes autonómicos en Santander que se active con urgencia un nuevo paquete de inversiones públicas a fondo perdido para la construcción de vivienda pública y protegida en régimen de alquiler, así como la regeneración y rehabilitación del parque ya construido, porque el de Euskadi es el más envejecido de Europa. Asimismo, para paliar la escasez de profesionales sanitarios, ha pedido aumentar a los 72 años la edad para que ejerzan los médicos de atención primaria (algo que será voluntario), habilitar por un período de tres años a los facultativos que no tienen especialidad para ejercer en periodo estival y mejorar el MIR para evitar plazas desiertas o vacantes.
En primer lugar, en política de Vivienda, Pradales aboga por una gestión y un abordaje transversal e integral de la materia. Por ello, demanda al Gobierno español que active con urgencia un nuevo paquete de inversiones públicas a fondo perdido para la construcción de vivienda pública y protegida en régimen de alquiler, así como la regeneración y rehabilitación del parque ya construido (el parque vasco es el más envejecido de Europa). Tal y como explica, este paquete debería financiarse mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo (MRR). Además, reclama la modificación de la Ley del Suelo de ámbito estatal “para agilizar los procedimientos urbanísticos municipales y los trámites que implican, movilizar suelo público y aumentar la oferta de vivienda”. Además, pide que se transfieran a Euskadi los suelos aún hoy pertenecientes al Estado que tengan un planeamiento urbanístico adecuado y pactado con los Ayuntamientos para construir vivienda protegida.
Para atender la escasez de profesionales sanitarios, Euskadi solicita que se eleve la edad de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en atención primaria y la transferencia a Euskadi de la capacidad de acreditación de las unidades y centros docentes para médicos residentes. Pradales emplaza, asimismo, a que se autorice un periodo transitorio de tres años que habilite a médicos sin especialidad para ejercer en períodos estivales, y la agilizacion del proceso de homologación de títulos de médicos especialistas formados en el extranjero. Tambien cree necesario que se mejore el “sistema MIR” para evitar plazas desiertas o vacantes, modificando la actual Orden Reguladora; y ddicionalmente, realizar de manera presencial el proceso de elección de plazas y agilizar la convocatoria de especialistas médicos/as en Emergencias.
Sobre los fondos europeos, como Euskadi no participa de la financiación autonómica de régimen común ya que cuenta con un sistema propio de Concierto Económico, el lehendakari no se pronuncia en esta materia. No obstante, sí considera importante aprovechar la próxima modificación del Plan de Recuperación anunciada por Gobierno español, para solicitar la descentralización el reparto de modo que Euskadi “pueda decidir y gestionar directamente y con agilidad la asignación de los mismos para afrontar las transformaciones social, digital, industrial y ecológica”. En su opinión, deben agilizarse las asignaciones de fondos y flexibilidad en las fechas de ejecución mientras no se produzca la descentralización.
Otras reclamación es que el Estado negocie ante la Comisión Europea la ampliación de la fecha límite de vencimiento del 31 de diciembre de 2026, en especial para los préstamos del FRA (Fondos de Resiliencia Autonómica), y que no se computen estos fondos que derivan del Plan de Recuperación como deuda ni déficit de las comunidades autónomas. Esto permitirá disponer de una mayor flexibilidad financiera para implementar proyectos. “No podemos permitirnos el lujo de infrautilizar esta palanca financiera para transformar nuestra economía y nuestro país, Euskadi”, ha destacado.
En gestión migratoria, recuerda que en las últimas semanas Euskadi y Canarias han estado trabajando en un acuerdo de colaboración en el que plantean una propuesta para “garantizar un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo” de los menores extranjeros sin referentes familiares entre las comunidades autónomas y una memoria económica que soporte esta distribución. En lo que afecta de manera específica a Euskadi, subraya respecto las personas migrantes en edad adulta, que el pasado 1 de noviembre Francia cerró la frontera de Irún-Hendaya, circunstancia que “ejerce una gran presión migratoria”.
Por ello, solicita que Euskadi se considere “frontera norte” y una mayor dotación económica para atender “con dignidad a las personas en tránsito”. “Necesitamos con urgencia un Plan Estratégico de Migración que incluya: Planificación, Previsión de escenarios, Indicadores de evaluación y Memoria económica real”, añade . También insiste en que se transfiera la competencia de la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras, y la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería, “que permita dotar a las comunidades de mayores competencias en materia de inserción sociolaboral”.
Asimismo, propone que se desarrollen programas de Formación Profesional en origen y en destino para mejorar las capacidades y opciones de acceso al empleo, además del establecimiento de mecanismos para el intercambio de información, experiencias, proyectos piloto en curso y buenas prácticas. También plantea que se agilicen las citas en comisarías para obtener certificados administrativos y realizar procesos laborales legales. En lo concerniente a las personas menores sin referentes familiares, resalta que Ceuta, Canarias, Melilla y Euskadi son los Territorios más los acogen en proporción a su población. De esta forma, especifica que la Comunidad Autónoma Vasca había 890 menores cogidos en noviembre de 2024.
Por ello, Euskadi y Canarias abogan por un modelo de distribución mediante una novedosa fórmula basada en 5 indicadores: Población total; acogida (media de menores acogidos por cien mil habitantes los últimos seis meses); PIB per cápita, desempleo, y solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años). Asimismo, piden que se refuerce la cooperación con los países de origen, explorando las posibilidades del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería para promover tránsitos ordenados, mediante la migración circular. A su juicio, también es necesaria una interlocución con las autoridades españolas y francesas para implementar medidas de gestión de autorizaciones de paso de fronteras, y que se plantee a la Fiscalía que agilice la identificación de las personas sin referentes familiares para poder conocer si son o no menores de edad.
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