La renta de garantía de ingresos o RGI, que es el salario social de quienes o no tienen recursos o quienes cobran nóminas o pensiones precarias, subirá alrededor de un 5% en 2024, según recogen los presupuestos vascos hechos públicos este viernes en el Parlamento Vasco. La previsión aparece en la disposición adicional sexta del proyecto de ley ahora en tramitación en la Cámara. “Durante el ejercicio 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, el importe mensual de la cuantía base de la renta máxima garantizada será de 560,45 euros”, se indica. Este año esa misma referencia ha sido de 533,52 euros y, a partir de ahí, se van calculando el resto de cuantías en función de la necesidad o del número de miembros de la familia.
Las cuentas se presentaron en rueda de prensa este martes y el Gobierno de Iñigo Urkullu no quiso ofrecer el dato de la revalorización de una prestación que cobran, en la actualidad, unas 54.000 personas. 2024 es, además, el primer ejercicio tras la aprobación de la nueva ley de la RGI, lo que implica que la subida, bajada o congelación ya no depende de una decisión política del Ejecutivo de turno sino que se fundamenta en un indicador objetivo que tiene en cuenta el IPC o la renta mediana.
La mejora es menor que el 8,5% del pasado ejercicio, cuando se acordó asimilar la revalorización a la de las pensiones o el IMV. Ahora, sin concreciones del Estado, se estima en un 4% la posible subida de esas prestaciones de la Seguridad Social. Por el contrario, la propuesta de mejora de las condiciones salariales de los empleados públicos está cifrada en un 2%. Esa partida total es de 5.900 millones, más de un tercio del total del techo de gasto.
Los presupuestos prevén, como adelantó este periódico, una congelación de las prestaciones de vivienda para apoyar el alquiler. “Será de 300 euros mensuales, sin posibilidad de incremento alguno por ninguna circunstancia”, se puede leer en el articulado. Se estima en 26.000 los beneficiarios de la prestación llamada PEV (que poco a poco irá absorbiendo a los 24.000 de la PCV) y en 7.500 los de Gaztelagun, el programa específico para jóvenes. Se congela también Bizigune, que es la cantidad que ofrece la Administración para captar pisos a cambio de un alquiler seguro. Queda en 675 euros mensuales de renta.
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