La primera ley del nuevo Gobierno de Imanol Pradales será una modificación exprés de los presupuestos de 2024 aprobados por Iñigo Urkullu. El objetivo es permitir la equiparación de los salarios del personal docente de los colegios privados con el de los funcionarios de Educación. Euskadi es la comunidad de España en la que más peso tiene la red concertada, ya que tiene matriculado al 50% del alumnado. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se estima que las mejoras retributivas pactadas por las patronales tanto de los colegios privados religiosos como de las ikastolas con el anterior consejero de Educación, Jokin Bildarratz, suman unos 68 millones de euros y se financiarán con cargo a “remanentes” de tesorería. En principio, la filosofía de la reciente reforma educativa es que la mejora de los pagos a la concertada hará desaparecer las cuotas que cobran por sistema a pesar de estar prohibidas desde hace décadas.
A instancias de Educación, cartera que ha asumido la que era viceconsejera de Bildarratz, Begoña Pedrosa, el nuevo consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, ha firmado ya una orden para el inicio de la modificación de los presupuestos. La intención es completar una tramitación abreviada, lo más rápida posible. De hecho, se ha decidido ya prescindir de algunos informes, como los relativos al impacto de género o el relativo a política lingüística. El deseo es que una vez que el Ejecutivo, a la vuelta de las vacaciones, apruebe esta propuesta, el Parlamento pueda visarla por el procedimiento de lectura única, es decir, en una única votación y sin posibilidad de enmiendas. No hay un calendario definido pero sí la voluntad de tenerlo listo cuanto antes, aunque la Cámara no tiene plenos programados hasta finales de septiembre. En todo caso, será algo que estará resuelto antes de que arranque el proceso de elaboración de las cuentas de 2025, que se activará en octubre. La mayoría absoluta del Gobierno de PNV y PSE-EE garantiza la modificación presupuestaria.
Explica D'Anjou que, “en el primer semestre de 2024, el Departamento de Educación ha procedido a la suscripción de acuerdos con todas las patronales representantes de todos los centros escolares privados concertados de la comunidad autónoma del País Vasco, tanto de iniciativa social [como habitualmente se definen los colegios religiosos católicos] como ikastolas”. ¿Cuál es el motivo? “Al objeto de garantizar el desarrollo efectivo de los objetivos y líneas estratégicas de actuación de la Ley de Educación acuerdan, entre otras medidas, la equiparación entre los salarios percibidos por el profesorado de los centros docentes de titularidad del Departamento de Educación y los salarios percibidos por el profesorado de los centros concertados”, se detalla.
El proceso se inició el 24 de julio. Jurídicamente, se trata de retocar el artículo 25 de la ley presupuestaria, que fija unas cuantías para los módulos de concertación de colegios privados y tiene una cláusula que impide aplicar subidas salariales más allá de esas cantidades. “Dada la reserva de ley que existe para el establecimiento del módulo económico de sostenimiento de los centros educativos concertados, resulta necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley de modificación de la ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de Euskadi para el ejercicio 2024 con el fin de incluir en su artículo 25 la salvedad de asumir alteraciones de las retribuciones del personal de los centros concertados que superen las cuantías fijadas para los componentes de gasto de personal de los módulos económicos cuando tengan por objeto la equiparación gradual de la remuneración del personal docente de los centros privados concertados con la del profesorado de la red de centros públicos”, se indica.
Después, tocará dotar de contenido económico a esos acuerdos, que tienen carácter retroactivo a 2023 y que han sido paralelos a los convenios firmados por esas mismas patronales con sus sindicatos después de sucesivas fases de huelgas. “Los acuerdos de equiparación suscritos por el Departamento de Educación con los representantes de los centros privados concertados determinan que el proceso de equiparación se inicia en el ejercicio 2023, lo que supone un compromiso de equiparación con carácter retroactivo al ejercicio 2023 en función de las unidades concertadas de los cursos 2022-23 y 2023-24 y los módulos económicos aprobados en las leyes presupuestarias de los respectivos ejercicios , y en lo que se refiere al ejercicio 2024 un compromiso de equiparación ligada a la concertación de los cursos 2023-24 y 2024-25, implicando todo ello una modificación retributiva no ligada a incrementos salariales del sector público”, se explica.
Los 68 millones estimados equivalen a una subida del 8,33% del dinero previsto para la concertada en 2024, 816 millones. En la justificación aportada por D'Anjou se recalca que, por ley, “la Administración educativa deberá aportar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas”. Bildarratz ya advirtió de que el Gobierno vasco aspiraba a una desaparición progresiva de las cuotas por la vía de dar más recursos a los colegios hasta ahora incumplidores y no por la de retirada de la financiación. El dinero, según se ha previsto, se abonará directamente a las empresas o entidades titulares de los centros “en un único pago” y ellas deberán emplearlo en mejorar las nóminas del personal.
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