La compañía catalana Grup La Pau, que es la principal adjudicataria de las contratas de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ha admitido por escrito en una carta dirigida al Gobierno de Imanol Pradales que no ha pagado el 75% de la paga extraordinaria de verano al 70% de su plantilla y que está atravesando graves problemas de financiación. Sin embargo, y en pleno debate sobre su continuidad o no en Euskadi -fuentes internas manifestaron a finales de septiembre que abogan por renunciar a los contratos públicos, que afectan al servicio en Bizkaia y en Álava- y con nuevas advertencias de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y de la propia Osakidetza por los impagos salariales, que han sido reiterados en los últimos años, el presidente de la empresa, Vicenç Chicharro, repite que La Pau está ejecutando “correctamente” el servicio y rebaja todo a problemas “puntuales”.
La misiva es la respuesta a un requerimiento del nuevo equipo al frente de la Sanidad vasca, ahora con Alberto Martínez como consejero, que ya ha mostrado públicamente su no “comodidad” con esta empresa por sus “continuados” problemas con las nóminas e incluso con el cumplimiento de las condiciones exigidas de un servicio esencial como es el transporte sanitario. Grup La Pau gestiona las ambulancias urgentes y programadas de Bizkaia y de Álava (Ambulancias Gipuzkoa presta el servicio en ese territorio). El sindicato LSB-USO escribió una carta tanto a Martínez como al propio lehendakari, Imanol Pradales, explicándoles los problemas de la plantilla con la empresa y el Gobierno pidió por escrito explicaciones a sus responsables. La carta la firma Chicharro, que es el presidente de la cooperativa, y está redactada en Badalona. No lo hace el gerente de La Pau en Euskadi, que es el excargo de Salud Ibon Etxebarria, que tuvo que dimitir de sus responsabilidades públicas por saltarse las restricciones de la COVID-19 para ir a jugar al golf. Ha sido elaborada por un bufete de abogados, según ha podido comprobar este periódico.
La idea que más se repite en el documento, de nueve páginas, es que “La Pau ha demostrado solidez, seriedad y compromiso manifiesto” en Euskadi. De hecho, textualmente se indica que “no ha dejado de pagar con prontitud, en estos tres años de servicio, las nóminas de sus trabajadores, sus cotizaciones sociales y obligaciones fiscales como lo sigue haciendo en la actualidad”. “Específicamente en el pago de salarios debe indicarse que si alguna desviación se ha producido ha sido mínima (un día como máximo) y puntual. La conclusión de lo expuesto es que La Pau está abonando correctamente y en tiempo los salarios a sus trabajadores”, se puede leer.
Sin embargo, la Inspección de Trabajo lleva varias sanciones por retrasos con las nóminas que contradicen esta visión. Una de ellas ha alcanzado el máximo grado, del “falta muy grave”. La última advertencia es de los últimos días y viene relacionada con el no abono total de la paga de verano. Aquello se produjo escasos días antes de que Salud, ya con los nuevos gestores, confirmara la renovación de la contrata del servicio no urgente o programado para los siguientes años y con un 24% más de financiación. El Ejecutivo actual alegó que La Pau era una empresa rigurosa y fiable, aunque ahora ofrece una visión mucho más matizada de la cuestión.
Precisamente sobre la paga de verano, Chicharro termina por admitir con una alambicada explicación que no se ha abonado al 100%, exactamente como denuncian los sindicatos a los que tanto denuesta la empresa. “A fecha de suscripción de la presente podemos afirmar que La Pau ya ha abonado el 25% de la referida gratificación a toda la plantilla. Y que, en el caso de 280 trabajadores (aproximadamente el 30% de la plantilla de Euskadi), además, ese pago ya ha sido del 100% ya que se trata de personas trabajadoras que tienen la paga extra prorrateada durante todo el año. O sea, que el 30% de la plantilla ya ha cobrado el 100% de dicha paga, y el 70% restante, ha cobrado el 25% de la misma. Pero, es más, para acometer el pago del resto pendiente (que no es ni mucho menos el 100% de la paga), La Pau se encuentra desde hace tiempo realizando las gestiones necesarias para financiar y completar dicho abono. La Pau es un contratista que está llevando a cabo todas las medidas necesarias para restablecer el pago pendiente”, arguyen. Se llega a añadir que la empresa es una cooperativa, por lo que destaca por su “especial sensibilidad social”.
La compañía desliza igualmente que trabaja a pérdidas en Euskadi. En primavera llegó a alegar que estaba al borde de la quiebra. Cuantifica en 2,1 millones lo que ha “dejado de facturar” por el retraso de la nueva adjudicación del contrato de ambulancias programadas por un recurso de UGT, que la recurrió precisamente por los impagos salariales. Detalla que, para poder sostener el servicio, ha recurrido a créditos. “En particular hemos de destacar las siguientes medidas adoptadas: a) Aumento de capital con entrada de nuevos socios trabajadores cooperativistas ejecutada en fecha 4 de noviembre de 2023 por importe de nada menos que 3.860.000,00 €; b) Ampliación de la línea de factoring (financiación) con la entidad Findango pasando de 3.500.000,00 € a 7.000.000,00 € con fecha 10 de mayo de 2024; c) Suscripción de un contrato de préstamo con la empresa BESEPOL, S.L. por valor de 250.000,00 € (29 de enero de 2024); d) Suscripción de dos contratos de préstamo con la empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales, Sociedad Anónima Laboral por importe de 600.000,00 € (en fecha 15/5/2024) y de 500.000,00 € (en fecha 26/6/2024)”, relatan.
La Pau intenta convencer a Salud de que no le sancione. “La Pau se encuentra en un momento de cambios estructurales integrales, tanto organizativos como económicos, con una clara vocación hacia los trabajadores y la ciudadanía con el objetivo de prestar un servicio eficiente y de calidad. Es por ello que, considerar en estos momentos la existencia de una presunta irregularidad causaría un perjuicio económico y reputacional absolutamente irreparable e irrecuperable para esta empresa que puede ver cómo en plena fase de aplicación de medidas correctoras económicas, técnicas y organizativas, el contrato puede verse afectado por el impago puntual y parcial de la paga extraordinaria”, implora. Y agrega: “Hacer una valoración simplista de la situación (no abono parcial de un salario equivale a resolución), dicho sea con todos los respetos y en términos de estricta defensa de los intereses de La Pau, en nada beneficia a esa Administración (que vería seriamente alterada la prestación de un servicio esencial para la comunidad), ni por supuesto a La Pau, como empresa licita y válidamente adjudicataria del contrato”.
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