- La socialista ha asegurado que no está de acuerdo con el anuncio realizado por Jonan Fernández de que el Gobierno vasco planteará a Sánchez un nuevo plan que supondría el fin de la dispersión de los presos de ETA.
La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que no está de acuerdo con el anuncio realizado por Jonan Fernández de que el Gobierno vasco planteará a Sánchez un nuevo plan que supondría el fin de la dispersión de los presos de ETA. Así lo ha anunciado esta mañana en una comparecencia en la que ha recalcado que ese plan se trata de “una propuesta personal” que no ha sido debatida en el Consejo del Ejecutivo Vasco, por lo que, Mendia, en nombre de su partido -que Gobierna en coalición con el PNV- ha considerado que no es “una propuesta del Gobierno”.
A su entender, “cada preso tiene que iniciar el camino de la reinserción de manera individualizada” y partir del reconocimiento del daño causado. Por lo tanto, a Mendia, trasladar a los 210 presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi para luego comenzar su proceso de reinserción le parece que es una decisión “personal” del secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo vasco que se ha tomado sin haber “comunicado nada” al PSE.
La justificación que dio Fernández al anunciar el nuevo plan fue que “el concepto debe ser que, para comenzar el proceso de inserción, (los reclusos) deben estar cerca”. Una decisión que, según Fernández, no supone “un regalo” para aquellas personas que se encuentran presas, sino “justicia” para sus familiares. De esta manera, se trasladaría a los presos a las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa), Basauri (Bizkaia) y, fuera de Euskadi, a Pamplona, El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos.
Durante su intervención, que ha tenido lugar este jueves en Bilbao, Mendia ha considerado que sería “poco prudente” que entrara a opinar sobre una propuesta que sólo conoce por los medios de comunicación y ha añadido, preguntada si su partido va a pedir explicaciones a su socio de gobierno por este motivo, que “lo que corresponde es que, a través de los cauces habituales que tenemos partidos socios de Gobierno o entre los propios miembros del gobierno, trabajarla, darla a conocer, explicarla”.
Políticas individuales para cada preso
De este modo, ha eludido pronunciarse sobre el contenido de la propuesta hasta que “la podamos estudiar” y “trabajarla”, y ha confiado en que entonces “podremos seguramente acordar” porque, ya en anteriores ocasiones, se han acordado con el PNV cuestiones relativas a la política penitenciaria y sobre “cómo hacer un final ordenado del terrorismo en Euskadi y España” para conseguir el “objetivo compartido” de “construir convivencia sobre unas bases sólidas éticas”.
Mendia ha apuntado, además, que “el acercamiento de los presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco es algo que se está realizando ya por parte del Gobierno de España, pero en cualquier caso es una política que es individual de cada preso”. Puesto que, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, se ha acercado a cárceles próximas a Euskadi a un total de 31 presos de ETA y otros 28 han pasado al segundo grado. Eso sí, para que esto se produjese, a los presos se les exigía que previamente se hubieran desvinculado de ETA, que hubieran mostrado algún tipo de arrepentimiento, que estuvieran dispuestos a colaborar con la Justicia o que hubieran cumplido tres cuartas partes de su condena. También se han producido acercamientos por razones de salud y de edad avanzada. Un avance que para el colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) sigue siendo insuficiente, puesto que considera que el número de acercamientos realizados sigue lejos de las expectativas generadas tras la disolución definitiva de la banda en 2018.
Para Mendia, a la hora de pensar en realizar este tipo de políticas, “hay que conjugar todas estas cuestiones: construir convivencia, un camino de reinserción individualizado, consenso con las asociaciones de víctimas y conseguir el reconocimiento del daño causado”. En ese sentido, ha incidido en que “el Gobierno de España tiene clara cuál es la función: tenemos que hacer una política penitenciaria constructiva, buscando el objetivo que todos deseamos de construir convivencia y conseguir la resocialización de todas estas personas que en su día cometieron delitos muy graves”.