La quinta enmienda de Mendia: negociaciones en domingo por la tarde para subir las cuantías de la RGI

En 2012, una consejera socialista, Gemma Zabaleta, presentaba de la mano del PP una reforma regresiva de la renta de garantía de ingresos -la RGI o salario social de las personas sin recursos o con nóminas y pensiones bajas- en un contexto de crisis. Una década después, otra consejera socialista, Idoia Mendia, que además tiene el rango de vicelehendakari, sacará adelante en otro contexto económico incierto una reforma expansiva que subirá todas las cuantías y más de lo previsto -casi en línea con la inflación- y que ha mirado a la izquierda, a Elkarrekin Podemos-IU, para establecer una garantía de revalorización anual que no detraiga poder adquisitivo a los alrededor de 50.000 beneficiarios de la RGI y para ampliar la puerta de acceso a jóvenes, a mujeres víctimas de trata o de violencia de género o a refugiados. A falta de que el Parlamento Vasco vaya votando estos puntos pactados, es el gran hito político del ala socialista del Gobierno de Iñigo Urkullu en la legislatura y contrasta con el intento fallido liderado en la anterior por una consejera del PNV, Beatriz Artolazabal. Ésta es la intrahistoria de un pacto que se cerró “el domingo a las siete de la tarde”, según dos fuentes conocedoras del procesa.

1 - Los antecedentes

La RGI se creó en 2008 como un derecho. Es decir, todo aquel que reúna unos requisitos tiene derecho a una prestación económica que cubría, como mínimo, el 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2011, con la transferencia de las políticas activas de empleo que gestionaba el antiguo Inem (actual Sepe), se comisionó a Lanbide para tramitar esta ayuda como continuidad de la prestación por desempleo y para vincular su cobro con programas de empleabilidad. No obstante, una parte sustancial de los perceptores son pensionistas o trabajadores con rentas bajas que necesitan un complemento para llegar a los umbrales fijados como dignos en la normativa autonómica. El sistema, promocionado como el más robusto de España, se fue desmontando con algunas decisiones políticas. En la anterior crisis, gestionada desde criterios de austeridad, el Gobierno de Patxi López, en el que Mendia era consejera-portavoz, recortó un 7% todas las cuantías. Después, el PSE-EE pactó con el PP endurecer el acceso al elevar de uno a tres los años mínimos de empadronamiento en la comunidad autónoma. Los 'populares', liderados por Javier Maroto, llegaron a recoger firmas para dar todavía una vuelta de tuerca mayor con argumentos que vinculaban el fraude y los beneficiarios extranjeros y aseguraban que el modelo generaba “efecto-llamada”. En el último lustro, el Gobierno de España decidió dar un empujón al SMI. En Euskadi, sin cambiar la ley, el Ejecutivo ya de Urkullu y con el PNV controlando Lanbide, decidió desvincular las cuantías de este indicador y se empezaron a acordar subidas año por año y fruto de negociaciones políticas. En medio, la consejera Artolazabal naufragó y tuvo que retirar una propuesta de reforma menos ambiciosa que la actual. Entonces el Ejecutivo de PNV y PSE-EE tenía minoría en el Parlamento, las izquierdas rechazaron entrar a discutir aquella iniciativa y la opción del PP abocaba al Gobierno a otro modelo. Tras las elecciones de 2020, el PSE-EE ganó peso en el gabinete de coalición y asumió nuevas competencias como Lanbide. Mendia, además de consejera, tiene el rango de vicelehendakari segunda, aunque ya no es la secretaria general del partido. Su proyecto estrella es esta reforma y presentó el proyecto de ley en mayo. Proponía una subida de todas las cuantías, sí, aunque lejos de las coberturas de la ley de 2008 si se cumpliera punto por punto. En paralelo, el Estado ha creado el Ingreso Mínimo Vital o IMV y ha sido cedida su gestión a Lanbide. Ahora, la parte que cubre el IMV corre a cargo del Estado y Euskadi solamente abona la diferencia hasta los umbrales más amplios del sistema autonómico en casi todos los supuestos, lo que le dota de mayor margen financiero para reforzar el sistema.

2 - Las negociaciones

Aunque PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta, el Ejecutivo está exhibiendo cintura política y tiene el deseo manifiesto de cerrar acuerdos más amplios en los proyectos estratégicos. Con EH Bildu ha pactado algunas leyes y también los presupuestos de 2022. Con Elkarrekin Podemos-IU transó la ley antipandemia -en realidad llegó ya muy avanzada la emergencia sanitaria y ha tenido escasa utilidad- y ahora lo ha incorporado al entendimiento con la RGI. Con ambos, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, se fraguó el pacto educativo, si bien ese proceso es más complejo por los roces que genera el euskera y que el 50% del alumnado esté matriculado en centros de titularidad privada. Incluso PP+Cs, desde que Alberto Núñez Feijóo lidera el PP, se ha avenido a algunos acuerdos de tipo más económico y sectorial. Solamente Vox queda fuera de la ecuación sí o sí por decisión política de las dos partes. En abril, un mes antes de que se presentara públicamente la reforma, la oposición ya conoció las líneas maestras y la disposición a negociar en torno a la RGI. Es una máxima en la coalición que liderará siempre los contactos el partido que lleve el área en cuestión y, en este caso, ha sido el PSE-EE el que ha llevado la voz cantante, aunque el PNV ha estado siempre informado, ha participado en las reuniones y ha rubricado el comunicado conjunto que confirma el acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU. Su interlocutor ha sido Jon Aiartza. “Es evidente que si el pacto hubiese sido solamente entre dos partidos de izquierdas el resultado habría sido distinto”, indica una fuente. Los socialistas han situado al mando en este proceso a Ekain Rico, hombre de la máxima confianza de Mendia y del secretario general actual, Eneko Andueza, hasta el punto de que es el artífice del acuerdo de Gobierno con el PNV. Aquello fue negociado durante el mes de agosto de 2020 con Txus Peña, uno de los más estrechos colaboradores de Urkullu y secretario general de la Presidencia vasca, un cargo tan desconocido como influyente. Este jueves finalizará el plazo de enmiendas y, por ello, las conversaciones se han acelerado en los últimos días. Ha habido una mesa con EH Bildu y otra con Elkarrekin Podemos-IU. Ambas coaliciones sabían de la existencia de la otra vía paralela. Finalmente, ha cristalizado la segunda y fuentes tanto del Ejecutivo como de la oposición coinciden en la buena sintonía lograda. En concreto, la 'fumata blanca' se produjo el domingo bien entrada la tarde, hacia las 19.00 horas, aunque todavía este lunes hubo que pulir algunos detalles e intercambiar documentos. El Gobierno repite que no descarta que haya también entendimiento con la izquierda abertzale, pero esta formación, por el momento, guarda silencio.

3 - La comunicación

La existencia del acuerdo la desveló Elkarrekin Podemos-IU en una convocatoria de prensa enviada en la tarde de este lunes y que anunciaba una rueda de prensa para este martes a las 10.00 horas en la Cámara. Ya se adelantaba, de manera deliberada, que se iba a comunicar un pacto, lo que hizo que empezaran a sucederse llamadas, mensajes y avances informativos de lo que iba a ocurrir. El Gobierno había accedido a dejar el protagonismo del anuncio a sus socios, aunque no se pactó el modo y todo se ha precipitado. Este periódico ya había detallado las tres patas fundamentales del acuerdo antes de la rueda de prensa: subida de cuantías, reducción del requisito del empadronamiento para colectivos vulnerables y posibilidad de pedir la RGI desde los 18 años y no desde los 23, como ahora. En general, las portadas en el quiosco también daban ya datos sobre el anuncio que aún no había hecho Elkarrekin Podemos-IU. PNV y PSE-EE, con un comunicado conjunto, han confirmado el acuerdo solamente después de la comparecencia de Miren Gorrotxategi, portavoz de la coalición de izquierdas, y de David Soto, negociador en las conversaciones con el Ejecutivo. Mendia ha optado por enviar un vídeo mientras era el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, el que trataba de resolver algunas dudas surgidas tras la presentación de Elkarrekin Podemos-IU. Finalmente, se ha puntualizado que los jóvenes de 23 a 29 años sí tendrán que demostrar un año de vida emancipada si quieren pedir la RGI, aunque Gorrotxategi y Soto habían asegurado que no iba a ser así. “Nuestro sistema de garantía de ingresos no es una renta de emancipación”, sostiene el Gobierno. Además, se ha aclarado la confusión sobre las cuantías, la fecha de entrada en vigor de las subidas y el mecanismo de actualización. En 2023 habrá subida, principalmente porque sube el IMV. El sistema acordado de actualización persigue cubrir el 60% de la “renta mediana”. La aplicación de ambos ajustes arroja un resultado muy similar: la cuantía en 2023 será de unos 800 euros. Y ya de cara a 2024 se harán revisiones anuales como se ha acordado. Además, es un compromiso del Gobierno, verbalizado en el Parlamento por la propia Mendia, que aplicará la mejora sí o sí aunque no dé tiempo a que la Cámara promulgue la nueva ley de cara al 1 de enero. Zupiria, en todo caso, ha preferido quedarse con que se hará todo lo posible para llegar en plazo. Ni unos ni otros han facilitado el documento que recoge el acuerdo, aunque este periódico sí ha accedido a él. Son doce páginas.

4 - El contenido (I): la quinta enmienda

La parte mollar del acuerdo es la revisión de las cuantías. Ya de por sí la propuesta original de Mendia preveía una revisión al alza en todos los supuestos actuales, aunque quedaba lejos de las cifras que estarían percibiendo los beneficiarios si se hubiesen aplicado a rajatabla los porcentajes del SMI previstos en 2008. El acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU, 'de facto', entierra ese modelo. En Navarra, que tiene el sistema más parecido y donde gobiernan los mismos partidos aquí implicados (socialistas, nacionalistas -Geroa Bai- y Podemos), tampoco se usa. Alega Elkarrekin Podemos-IU que ha actuado con pragmatismo, buscando mejoras desde su posición de influencia. Y está contento de haberlas logrado, aunque afirman no renunciar a sus máximos, que ahora es una “renta universal” sin condicionantes. Sin embargo, destacan que han arañado al Ejecutivo que dote a las prestaciones de un mecanismo de revisión no sujeto -o no tan sujeto- a las decisiones políticas del consejero de Hacienda de turno en cada ley de presupuestos y que trata de que no se pierda poder adquisitivo con el paso de los años. La literalidad de la nueva ley será la que sigue: “La ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de Euskadi fijará el importe mensual de la cuantía base atendiendo al índice de precios al consumo en Euskadi. En cualquier caso, se garantizará que la renta máxima garantizada que corresponda a una persona beneficiaria individual no podrá ser inferior a la tasa de riesgo de pobreza referida al año anterior al de aprobación de la citada ley o, en caso de no estar publicada, a la del último año disponible”. En primer lugar, no se referencian los pagos de la RGI directamente al IPC, esto es, a la inflación, aunque se pide al Gobierno que “atienda” ese indicador para su propuesta. Después, la referencia a la tasa de pobreza “se traduce en el 60% de la renta nacional mediana equivalente”, según la justificación que acompaña a la quinta enmienda que introducirán Gobierno y Elkarrekin Podemos-IU. La palabra “nacional” equivale aquí a “española”. Se usará el dato del INE y no el europeo o el vasco, que son más altos y elevarían más las prestaciones. Tampoco es la renta “media”, sino otro valor. Ahora mismo ronda los 16.000 euros, el 60% son 9.600 y, entre doce mensualidades, son los 800 euros que ha ofrecido como estimación Soto. Se alega en el documento firmado que es una recomendación de Europa usar este modelo, ya que es conveniente “aumentar gradualmente” los ingresos conforme a unos parámetros objetivos aunque “al tiempo que se salvaguardan los incentivos para la (re)integración en el mercado laboral”.

5 - El contenido (II): más supuestos para cobrar la prestación

El acuerdo tiene también otros puntos. La primera enmienda abre la puerta a que todos los mayores de 18 años se conviertan en beneficiarios potenciales si están en situación de necesidad económica. Incluso habría algún supuesto para “menores emancipados” de 16 y 17 años, aunque muy excepcional. ¿Requisitos? De 18 a 23 años hay que acreditar un año como demandante de empleo en Lanbide y de 18 a 29 años un año de vida independiente o, lo que es lo mismo, domicilio diferenciado. La segunda enmienda busca dar acceso automático, sin necesidad de acreditar tres años de estancia, a determinados colectivos vulnerables. Por ejemplo, con este cambio no habría que diseñar una ayuda específica para las personas llegadas de Ucrania huyendo de la guerra, como se ha tenido que hacer. Igualmente, será posible acceder a la RGI para mujeres que sean víctimas de trata, de explotación sexual o de violencia de género, así como a las víctimas del terrorismo o miembros de “colectividades vascas” en el extranjero. Hay un apartado específico muy simbólico para los conocidos como 'jenas', es decir, extutelados que cumplen 18 años y se quedan desprotegidos. El pacto les concede el derecho a la RGI si han estado empadronados durante el tutelaje y si cumplen su proceso de “inclusión social”. Además, se prevé que el Gobierno pueda declarar situaciones concretas de “extrema necesidad” para apoyar económicamente a un colectivo sin necesidad de modificar la ley. La ley, indican fuentes del Gobierno, atendió del orden de “300” propuestas de agentes sociales y recomendaciones del Ararteko para frenar abusos en los sistemas de control que aplicaba Lanbide. Elkarrekin Podemos-IU ha destacado que el pacto avanza en dar más garantías aún a los perceptores hasta el punto de que se pone por ley que no se puede entrar en el domicilio sin más o que haya “audiencia previa” antes de una suspensión. Mendia ya dijo que estaba dispuesta a eliminar las sanciones por motivos no objetivos como los supuestos gastos superfluos de los beneficiarios. Nadie, por ejemplo, vigila que el perceptor de la prestación de paro sea o no austero.