El Consejo de Gobierno, en su sesión de este martes, ha aprobado uno de los hitos de la legislatura: el proyecto de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI). El texto ahora tendrá que ser visado en el Parlamento Vasco y esperar tres meses desde entonces para su entrada en vigor. La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, ha destacado en su presentación que el nuevo modelo mejora todas las cuantías actuales. De ser aprobado tal cual se plantea, la prestación básica para un adulto pasaría de 727,41 a 737,45 euros, el garantizado para pensionistas mejoraría de 834,59 a 934,10 euros y en los supuestos máximos ascendería de 1.127 a 1.327,40 euros (tres adultos, uno pensionista) y de 1.033 a 1.425,72 euros (dos adultos con tres menores al cargo). Son cantidades mensuales abonadas en doce pagas. Sin embargo, la reforma legal de 2022 es un paso atrás con respecto a las cantidades comprometidas en la ley anterior, de 2008, aunque ya hace años que quedaron en papel mojado por sucesivos recortes. Entonces se estableció una cobertura mínima del 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un tope del 135%.
El SMI actual en España es de 1.166,66 euros (1.000 euros en 14 pagas), por lo que la prestación básica sería de 1.026,66 euros, casi 300 euros por encima de la propuesta. El 135% (aplicable a familias de tres o más miembros con un pensionista como titular de la RGI) llegaría a 1.574,99 euros, unos 150 por encima del nuevo sistema. La ley de 2008 quedó modificada en tres actos a lo largo de estos años. En 2011, el Gobierno de Patxi López, con Gemma Zabaleta como consejera, pactó con el PP el endurecimiento de la puerta de acceso al sistema al subir de uno a tres años la estancia mínima en Euskadi para pedir las prestaciones. Después, de cara a 2012, se redujeron las cuantías un 7% de manera lineal (no se bajó la cobertura del SMI al 81%, sino que el recorte se aplicaba después al resultante). Finalmente, cuando el SMI empezó a subir de manera clara se desindexó de la RGI y se optó por una actualización de cantidades anual en la ley de presupuestos. Ahora se mantiene ese filosofía. Como cifra base se toman los 491,63 euros del Ingreso Mínimo Vital en 2022 (RGI e IMV quedan ya unidas tras la transferencia y serán gestionadas desde el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide) y se plantea una revisión anual en las cuentas de cada ejercicio aunque se propone que se haga “atendiendo al índice general de precios al consumo en Euskadi [el IPC]” para no hacer perder poder adquisitivo a los perceptores y “sin que la cantidad resultante pueda ser inferior a la renta garantizada mensual que corresponda a una persona beneficiaria individual del ingreso mínimo vital”. Mendia ha precisado que ese “atendiendo” no obliga a subir sí o sí el IPC. Así quedan ahora todas las cuantías, aunque podrían no ser las definitivas si la entrada en vigor se pospusiese a 2023:
No obstante, cada tres meses se hará un barrido para analizar la situación de cada perceptor y ver en qué supuesto del listado se encuadra. El sistema se precisará mucho más seis meses después de la entrada en vigor, el tiempo prometido para el desarrollo del sistema de la RGI mediante un decreto.
“Es un día especial”, ha solemnizado Mendia en euskera en la presentación. “No sólo porque cumplimos con el programa legislativo, sino porque es una ley troncal del autogobierno vasco”, ha apostillado. El sistema vasco de rentas básicas hunde sus raíces en modelos diseñados en la década de 1980, aunque fue con la ley de 2008 cuando se convirtió en derecho por vez primera en España el disponer de un salario social o, mejor dicho, de un mínimo de cobertura de ingresos. Que sea un derecho subjetivo hace que no esté sujeto a disponibilidades presupuestarias o a vaivenes políticos, como otros programas subvencionales. Pueden acceder, siempre que cumplan los requisitos, quienes no tienen recursos pero también quienes necesitan complementar nóminas o pensiones bajas. En abril eran 51.149 los titulares de RGI, aunque los beneficiarios son todos sus convivientes también. Son 29.245 mujeres y 21.901 varones. Se ha llegado a superar con holgura la barrera de 60.000 y el Gobierno vasco defiende que los ERTE de la pandemia han hecho que el sistema no se haya desbordado en estos años. Aunque en su día el Estado cuestionó la competencia vasca para fijar complementos a las pensiones de la Seguridad Social, ahora 12.755 mayores cobran la RGI con normalidad también. Existen 7.845 hogares monoparentales beneficiarios y en 24.353 caso a la RGI se le suma un complemento de 275 euros para el alquiler de viviendas.
Esta reforma saldrá sí o sí, porque el Gobierno de PNV y PSE-EE tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La pasada legislatura no era así y el rechazo de la oposición hizo que nacionalistas y socialistas terminaran por retirar el borrador. Entonces la RGI era competencia de la parte del PNV de la coalición, con Beatriz Artolazabal como consejera. Ahora, se espera desde el Gobierno que la ley concite apoyos entre la oposición por su carácter estratégico: “Ofrezcamos a la ciudadanía señales de que apostamos por este modelo”. El Ejecutivo ha hecho gala de geometría variable en estos dos años de legislatura y, por ejemplo, pactó los presupuestos sin necesidad con EH Bildu o la ley antipandemia con Elkarrekin Podemos-IU. Y la reforma educativa con ambos. Con PP+Cs hubo entendimiento en la sesión monográfica sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania. Destacan en el Ejecutivo el trabajo de cocina previo para aquilatar todos los artículos. El aprobado es el quinto borrador del proyecto y Mendia ha indicado que “se han incorporado al texto dos centenares de alegaciones” surgidas en esas consultas. Mendia quiere tenerla aprobada en Navidad, para lo cual ha adelantado que se pedirá que el Parlamento celebre sesiones excepcionalmente en julio, un mes inhábil en el reglamento.
La ley -se puede leer en ella- “se estructura en nueve títulos 151 artículos, seis disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales”. Jurídicamente, se plantea una transición de tres meses desde su promulgación en el Parlamento y consiguiente publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) hasta la entrada en vigor. Se incide en que las solicitudes pendientes en ese momento serán tratadas acordes a las nuevas condiciones más favorables. También en que se revisarán las cuantías previas conforme a su antigüedad para ajustarlas al nuevo modelo. Recalca el Gobierno que “mejora en todas las situaciones vulnerables” el sistema ahora aplicado, incluso un 40% si hay menores a cargo y un 17% para pensionistas. También se promete “mayor agilidad” en la tramitación y en la respuesta a situaciones de necesidad.
Euskadi encara esta reforma habiendo rechazado en el Parlamento sustituir este modelo por una renta universal y no condicionada -pedida por 22.000 firmas la pasada semana- y tras recibir la gestión del nuevo IMV estatal. Se financia con un descuento de unos 180 millones en el Cupo y supone un ahorro para las arcas autonómicas porque cubre parte del coste y deja a cargo estricto de la RGI el restante entre lo abonado por el IMV y las coberturas previstas en Euskadi, de las más altas en España junto con las de Navarra. Sostiene el Gobierno que “tras más de treinta años de desarrollo, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se ha convertido en una de las principales señas distintivas del autogobierno vasco, un éxito colectivo y un referente fuera de nuestras fronteras”. Se pone al nivel de la Ertzaintza o de Osakidetza. Y se añade: “Con un gasto público y una capacidad de protección similar a la de los sistemas de este tipo que existen en los países de nuestro entorno, las prestaciones vascas de garantía de ingresos protegen de la pobreza severa a la inmensa mayoría de quienes las perciben y reducen drásticamente los niveles generales de pobreza y exclusión social en Euskadi”. La ley recoge como preámbulo que “entre 2008 y 2020, el 60% más acomodado de la población vasca ha experimentado un incremento de sus ingresos, en términos de euros constantes, del 13%” y que “el 10% más pobre, por el contrario, ha experimentado una reducción de sus ingresos del 9%, que hubiera llegado al 21% en ausencia de la RGI”.
Mendia, a preguntas de los periodistas, no ha precisado qué esfuerzo presupuestario requerirá la nueva ley y qué potencial de nuevos beneficiarios accederían a la nueva RGI. Solamente ha dicho que “el Gobierno va a tener en su presupuesto un gasto mayor en RGI por las nuevas cuantías y nuevos supuestos” pero ha añadido que es una reforma “cualitativa” y no “cuantitativa”. “Mejoramos las cuantías pero mejoramos sobre todo pensionistas, discapacidad, hogares con menores, situaciones en que las mujeres estábamos en desigualdad, ... Eran situaciones en las que tanto el Ararteko como el tercer sector, sindicatos o partidos nos habían dado casos concretos”, ha explicado. Preguntada si una cuantía de hasta 1.425 euros puede suponer enfado en trabajadores que no llegan con su nómina a esas cifras, ha planteado que “demagogia se puede hacer siempre” pero ha considerado que el modelo es un “colchón” para toda la sociedad y ha afirmado que las encuestas no apuntan a ese tipo de clima social. Lejos quedan ya los años en que con Javier Maroto como alcalde de Vitoria se promovió una gran recogida de firmas y un señalamiento a extranjeros.
Hacia el fin de la PCV y facilidades para refugiados y víctimas de violencia de género
La nueva RGI termina por suprimir la PCV creada en 2008 como complemento para el alquiler. Fue diseñada como un abono de hasta 320 euros mensuales también limitados hasta 250 hasta este 2022, cuando ha subido por vez primera a 275. La ley recuerda que se aprobó en 2015 el derecho a la vivienda en Euskadi, que prevé la obligación de que la Administración proporcione un piso digno a quienes cumplan esos requisitos. De manera subsidiaria, si no hay alojamiento físico en el parque protegido, se abona una prestación de igual cuantía que la PCV (la llamada PEV) para acudir al mercado libre. La reforma de la RGI mantiene la PCV hasta que se desarrolle por decreto esta PEV y sortee las diferencias de acceso al sistema de garantía de ingresos y de Vivienda, que no son exactamente homogéneos. La ley prevé expresamente mantener las AES o Ayudas de Emergencia Social como complemento para situación de urgencia a las que no llega la RGI. Seguirán siendo pagadas por las arcas autonómicas y gestionadas por los servicios sociales municipales.
En el caso de la nueva ley, mantiene tres años de empadronamiento en Euskadi y un mínimo de 23 años como norma general para pedir la renta básica. El IMV, en cambio, es posible con un año de residencia. Pero se establecen nuevas excepciones. Por ejemplo, refugiados, víctimas de violencia de género y mujeres afectadas por redes de trata podrán entrar al sistema con solamente estar empadronados, sin tener que recurrir a ayudas excepcionales. También se aplicaría a víctimas del terrorismo o a vascos emigrados. Ahora, en cambio, los llegados de la guerra en Ucrania no pueden pedir la RGI. También si hay menores, dependientes o discapacitados en la unidad de convivencia el requisito de arraigo baja a dos años. No obstante, para demandantes de 23 a 29 años tienen que acreditar llevar un mínimo de un año emancipados.
Lanbide se ha empeñado en agilizar la concesión de ayudas y ha ideado un sistema de “declaración responsable”. Hasta ahora, el solicitante tenía que acreditar todos los requisitos y la Administración comprobarlos antes de que se diera luz verde al pago de las mensualidades. El cambio hará automático el cobro desde el mes siguiente a que se acuda a la ventanilla de Lanbide tras la firma de un documento en el que se garantiza que todo está en regla, aunque luego se hará una revisión. Lo redacta así la ley: “Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará la resolución que proceda y notificará la misma en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo reconocerá la prestación con efectos desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud que se acompañe de la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de control e inspección que tiene atribuidas”.
Fin al control “no objetivable” de en qué se gasta la RGI
Se indica igualmente que la RGI es un “doble derecho”, esto es, a cobrar un salario social pero también a asumir un compromiso con la reactivación laboral siempre que sea posible (se excluye a pensionistas ya jubilados o a personas en situación de alta exclusión). Por ello, “salvo causa justificada, las personas titulares y beneficiarias de la renta de garantía de ingresos no podrán rechazar una oferta de empleo, cesar voluntariamente de su actividad laboral o causar baja voluntaria en un puesto de trabajo, acogerse a una situación de excedencia voluntaria o a una reducción de jornada, ni abandonar voluntariamente un curso de formación para el empleo procurado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, abstenerse de acudir al mismo o de participar en un proceso de selección para el empleo, propuestos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo”. Eso sí, se regulan mucho más esas excepciones y una de ellas es la conciliación: nadie se va a ver obligado a dejar de atender a una persona dependiente por temor a que le puedan retirar una RGI. Se elimina igualmente el controvertido punto que impedía a los perceptores no gastar el dinero en ciertos gastos que pudieran parecer superfluos y que había supuesto una cierta estigmatización. El Ejecutivo los llama motivos “no objetivables” para extinguir la ayuda y habían hecho de Lanbide una suerte de Policía para controlar que no había mendicidad, absentismo escolar u otros problemas de difícil comprobación.
El Gobierno defiende que la reforma “refuerza la protección de los menores en todos los supuestos”. Explican que “la unidad de convivencia no se podrá quedar sin la totalidad de la prestación si los progenitores han incurrido en algún incumplimiento” y que “en caso de separaciones, si ambos progenitores tienen derecho a la RGI, ambos suman los complementos correspondientes por los menores y monoparentalidad”. Por vez primera en Euskadi “esto ha supuesto una definición legal sobre la monoparentalidad”. Y apuesta por un sistema de suspensiones “parciales” de las cuantías en caso de incumplimientos no graves para no retirar de golpe todos los recursos a un beneficiario. No se tendrán en cuenta tampoco en el caso de mujeres separadas posibles derechos económicos dependientes de las parejas que no sean abonados efectivamente.