La residencia Íñigo de Loyola de Barakaldo tenía a trabajadoras de la limpieza cuidando de los ancianos

La residencia Íñigo de Loyola de Barakaldo, que este mismo jueves ha cerrado sus puertas de manera provisional después de que varias inspecciones de la Diputación de Bizkaia detectaran graves deficiencias, tenía a trabajadoras de la limpieza cuidando de los ancianos como consecuencia de la escasez de personal. Las empleadas aseguran también que, algunas noches, la única persona que quedaba a cargo de los mayores tenía que ir turnándose entre este centro y otro de la misma empresa, por lo que los ancianos quedaban a solas durante ciertos intervalos de tiempo.

La residencia, situada a apenas unos metros del centro de la localidad vizcaína de Barakaldo, es de titularidad privada, propiedad de Residencias Aita y Ama, si bien algunas de las plazas están concertadas con el Ayuntamiento y otras con la Diputación de Bizkaia. Los problemas, relatan las trabajadoras, llegaron con el cambio de gerencia. Tal es así que, pese a contar con un total de 19 plazas, quedaron ocupadas tan solo once. “Nos veíamos desamparadas para cuidar a los abuelos, les contamos la situación a los familiares y se los acabaron llevando a otra residencia”, cuenta una de las dos trabajadoras que, pese al cierre temporal impuesto por la Diputación, ha acudido al centro a trabajar este viernes. Admite que es trabajadora de la limpieza y que, pese a no contar con la titulación requerida para ello, se ha visto obligada a ejercer funciones de gerocultora. “Dando de comer, dando insulina, de todo...”, lamenta.

La Diputación, por boca de su diputado de Acción Social, Sergio Murillo, admitió este jueves en las Juntas Generales que las sucesivas inspecciones habían detectado algunas de estas deficiencias y que, ante la falta de respuesta a los requerimientos hechos a la residencia, se había optado por aplicar un cierre temporal. A petición de EH Bildu, explicó que se tenía constancia de usuarios atados sin la prescripción médica pertinente y que también se habían detectado “vulneraciones sobre titulación de profesionales de enfermería y la ausencia de un programa de actividades”. Una queja llevó a la apertura de un primer expediente en julio, en septiembre se llevaron a cabo varias inspecciones, desde el 8 de octubre estas se tornaron diarias y, finalmente, el 12 de octubre se optó por cerrar el centro de forma temporal, a la vista de que las deficiencias sobre las que se había puesto el foco no se habían subsanado.

Las trabajadoras, sin embargo, apuntan a otros aspectos que no se mencionaron en la comparecencia del diputado. Residencias Aita y Ama cuenta con otros centros además del Íñigo de Loyola. Una trabajadora, Sonia Álvarez, denuncia que, algunas noches, la gerocultora que quedaba a cargo de los ancianos tenía que hacer turnos de tres horas entre Íñigo de Loyola y otro centro. Mientras estaba en uno y también a lo largo del trayecto, los ancianos del otro quedaban “desamparados”, sin nadie que los vigilase o que estuviese allí en caso de que lo necesitasen. De las declaraciones de Murillo, esta empleada sí matiza que la residencia sí contó en algún momento con los permisos para la sujeción de los ancianos y que, además, se tenía el visto bueno de los familiares, pero que esos permisos debieron de “perderse”. “No los teníamos maltratados. Era el último recurso y solo atábamos a los abuelos que iban a sufrir algún accidente”, explica.

Estas dos trabajadoras esbozan una clara cronología: los problemas empezaron cuando cambió la persona encargada de la gerencia del centro. “Nosotras teníamos contratos y de antigüedad, pero con la nueva gerencia venía gente que no tenía contrato y que cobraba en negro”, apunta Álvarez, que habla incluso de estar hasta tres meses sin cobrar y de despidos injustos por coger la baja. “Estábamos saturadas de trabajo, con funciones que no nos correspondían, pero jamás ha sido posible hablar con la empresa. Querían que quienes teníamos antigüedad nos fuésemos voluntariamente. Decían que, como iba mal la empresa, nos teníamos que ir, para reflotarla sin nosotras”, añade. También lamenta que el cierre decretado por Diputación sea solo temporal, pues las “tropelías” contra las trabajadoras y los residentes han ido “una tras otra”. “No está en buenas manos y deberían retirarles la licencia, porque juegan con el personal y los residentes”, zanja.