Tras quedar suspendida la reunión prevista para el 6 de noviembre por la situación crítica de Valencia, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituirán finalmente el próximo miércoles 27 de noviembre la nueva comisión bilateral de cooperación permanente y cuyo objetivo es completar el Estatuto de 1979 antes del final de 2025. “La primera reunión del órgano bilateral se celebrará en Moncloa a las 17.00 horas para avanzar en la agenda de cooperación entre ambos Gobiernos y el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika”, ha informado este sábado la presidencia vasca. Es el tercer encuentro entre ambos mandatarios desde la jura de Pradales este mes de junio.
La comisión bilateral está prevista en el Estatuto pero nunca se ha reunido. Sí existen unas normas de funcionamiento establecidas en 1987 con Joaquín Almunia como ministro de Felipe González y Juan Ramón Guevara como consejero de José Antonio Ardanza y que indican, entre otros puntos, que las reuniones serán indistintamente en Madrid o en Vitoria. Se han actualizado ahora, particularmente para evitar recursos de inconstitucionalidad.
El modelo imita ahora para Euskadi el foro creado en Catalunya para retomar la senda de los acuerdos tras el 'procés' y el 155. Se da la circunstancia de que Iñigo Urkullu lo demandó con insistencia en el último tramo de su mandato, tanto públicamente como por carta, sin que nunca tuviera la fotografía deseada.
Pradales se agarra con Sánchez al acuerdo firmado por el PNV de cara a la investidura de 2023. En él, el PSOE comprometía completar todas las materias pendientes del Estatuto en 2025. Los nacionalistas cifran en 29 esa lista de asuntos pendientes. De hecho, quieren media docena de traspasos ya en 2024. Se trata de Salvamento Marítimo, de la gestión del litoral, de los fondos cinematográficos, de la situación de la Aemet -que ahora convive sin acuerdo con Euskalmet- y de otros asuntos relativos a autorizaciones laborales de extranjeros, seguridad privada o un centro del Estado en Barakaldo.
Para el año siguiente quedarían los temas más complejos, encabezados por la gestión de la Seguridad Social, que implicaría que Euskadi asumiría la tramitación de los 12.000 millones del presupuesto del sistema de pensiones y la titularidad de los edificios y funcionarios de ese organismo del Estado. Es algo que nunca antes ha sido cedido a una comunidad autónoma, pero el propio Estatuto prevé que la legislación y las cuantías seguirían siendo comunes para toda España y que no se romperá la 'caja única'. Pradales lleva tiempo incluyendo también el traspaso de las denominadas “políticas pasivas de empleo”, es decir, de la gestión de las prestaciones del paro. Las políticas activas de empleo -formación, orientación y contratación- se acordaron con Patxi López de lehendakari y supusieron la creación de Lanbide como sustitución del antiguo Inem.
Más controversia suscitan algunas reclamaciones sobre infraestructuras que hace el PNV y de las que el PSE-EE, socio en Euskadi ya se ha desmarcado en algunas declaraciones públicas. Se demanda la gestión de aeropuertos y puertos. Sin embargo, la Constitución marca que estas instalaciones son de competencia exclusiva del Estado si tienen “interés general”. De hecho, los puertos están ya transferidos salvo en los casos de los dos principales, Bilbao y Pasaia, donde mediante acuerdos el Gobierno vasco puede incidir en sus nombramientos, herramienta de la que históricamente se ha valido el PNV. Un dato: el presidente del puerto de Bilbao es el exedil del PNV Ricardo Barkala y estos días ha sido nombrado como director el también 'jeltzale' Antonio Aiz, que acababa de dejar su puesto de director general de la Agencia Vasca del Agua (URA). Los puertos solamente podrían ser transferidos si pierden esa etiqueta de “interés general” y son degrados, con todo lo que ello implicaría a nivel económico. En cuanto a los aeropuertos, en Catalunya ya se acordó un modelo por el que los aeródromos y helipuertos más pequeños los gestionaría un organismo autonómico pero El Prat, por ejemplo, sigue formando parte de la red de Aena.
Pradales ya ha verbalizado que después de compeltado el Estatuto de 1979 quiere abordar una reforma para obtener más competencias. Tiene también comprometido con Sánchez el reconocimiento nacional de Euskadi pero los socialistas vascos, recientemente, han considerado una “verdadera amenaza” que el PNV pueda rescatar posturas soberanistas. El PSE-EE entiende que el derecho a decidir es una “línea roja”.
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