Sare pone deberes a la consejera vasca de Justicia: que busque “soluciones creativas” para excarcelar a los presos de ETA

Sare, la red vasca de apoyo a los presos de ETA, ha puesto este martes deberes a la nueva consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, de quien depende ahora la gestión de las prisiones en la nueva estructura del Gobierno de Pradales. En el balance anual que realiza la red sobre la situación de los presos de ETA, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha pedido al PSE-EE que sea “proactivo” para buscar “soluciones creativas” que permitan la excarcelación de los presos. “Esperamos una actitud proactiva, siempre dentro de los límites legales, frente a las limitaciones establecidas en las leyes de excepción, y la búsqueda de soluciones creativas frente a leyes que se enfrentan a la resocialización de determinadas personas presas y que deberían estar ya hace mucho tiempo derogadas” ha señalado. “En suma, la plena aplicación a estas personas de la política penitenciaria ordinaria que quiere caracterizar el Modelo Penitenciario Vasco”. “Sin privilegios pero sin excepciones, discriminaciones ni criterios particulares. El mismo trato, los mismos criterios que se aplican al resto de las personas presas”, ha señalado.

Durante su intervención, Azkarraga ha señalado en que más de seis años después de la desaparición de ETA, se mantienen “leyes de excepción”, que “afectan tanto a materias estrictamente de Derecho Penal como a materias relacionadas con el cumplimiento de la pena” y que “imponen criterios contrarios a las percepciones avanzadas del Derecho Penitenciario”. En este sentido, ha manifestado que “el Derecho no puede ser utilizado para impedir que las personas en prisión puedan evolucionar en su situación carcelaria”. “Un enroque judicial que vulnera derechos no coadyuva para nada en mitigar el dolor de nadie”, ha indicado en relación con las víctimas de ETA. Por ello, ha exigido “el fin de estas excepcionalidades” para dar paso “a los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria”. “No se puede construir un país dando la espalda a los derechos de las personas, porque, de esta forma, estaremos cerrando en falso una época trágica de nuestra historia”, ha dicho.

En el balance del último año, Azkarraga, que ha estado acompañado en su comparecencia de Nahikari Iturbe, ha detallado que un total de 24 presos de ETA han progresado al tercer grado en el último año y a otros 20 se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario --que permite flexibilizar la clasificación penitenciaria-- de forma que pueden salir durante el día de prisión a realizar labores de voluntariado, formación o trabajos remunerados. Actualmente hay un total de 148 reclusos de ETA, de los cuales 142 cumplen condena en cárceles de Euskadi y Navarra, y otros seis en prisiones del Estado francés.

Desde agosto de 2023 las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios han propuesto a la Administración Central Penitenciaria vasca la progresión a tercer grado en un total de 34 ocasiones. “Salvo en dos casos, el Gobierno vasco, ha aprobado esas propuestas y dictado resolución de progresión a tercer grado”, pero el Ministerio Fiscal ha recurrido seis de estas progresiones. En cinco de los casos se ha suspendido la progresión al tercer grado, volviendo esos reclusos inmediatamente a prisión, de manera provisional, hasta que se pronunciara el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP)“. En un caso, el tercer grado no se suspendió, por no solicitarlo la Fiscalía en su recurso. De entre los seis terceros grados recurridos, el juez de vigilancia penitenciaria ha aceptado cuatro de los seis recursos, de forma que en esos cuatro casos los presos han vuelto de manera definitiva a prisión. ”En el quinto caso, donde no se produjo la suspensión, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria no llegó a pronunciarse, al finalizar inmediatamente -siete días tras la aprobación del tercer grado- la pena de 30 años“, ha apuntado el portavoz de Sare. En cuanto al sexto caso, el recurso del Ministerio Fiscal presentado en abril, se encuentra ”pendiente de resolución por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria“, mientras ”el preso espera la resolución desde la prisión“.

Ante estas situaciones, Azkarraga ha recordado que las propuestas de progresión al tercer grado las realizan los profesionales de los centros penitenciarios para ser, posteriormente, ratificadas por la Junta de Tratamiento de cada centro, mientras que el Ejecutivo vasco “simplemente las ratifica o no”, por lo que “no se trata de una decisión de carácter político, sino adoptada por los psicólogos, educadoras, trabajadores sociales, juristas, etc de cada centro penitenciario”. En este sentido, ha considerado que “aún falta un largo recorrido para poder hablar de normalización penitenciaria”, ya que “por el tiempo de condena cumplida, podrían ser más de un centenar las personas presas las que podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional”. A su juicio, las progresiones a tercer, tanto en este último año como en los casi tres años desde la transferencia de la competencia, “se han realizado de manera limitada, contenida”. También ha criticado “la inexistencia de propuestas de acceso a tercer grado destinadas a presos en edad avanzada”, así como que no se faciliten “vías adecuadas para la progresiva excarcelación de presos de más de 65 años y estados de salud igualmente preocupantes”.