Los sindicatos de Grup La Pau, que todavía es la principal empresa adjudicataria de ambulancias de Osakidetza, han formulado duras críticas este lunes contra la compañía y contra el modelo de transporte sanitario privatizado de Euskadi. En una comparecencia de más de casi tres horas en el Parlamento Vasco que llega en puertas de que esta compañía catalana abandone el servicio en Bizkaia y en Álava después de años de irregularidades, LSB-USO, ELA, UGT, LAB, ESK y CCOO, por este orden, han descrito el funcionamiento de Grup La Pau hasta el punto de acusarle de promover “robos” de material a Osakidetza para ahorrar suministros o de cobrar por duplicado algunos servicios concertados. Grup La Pau “rechaza” esas acusaciones y anuncia que “pondrá en manos de sus servicios jurídicos” el acta de la sesión para que analice posibles acciones legales por haber sido objeto de una acusación tan dura.
Grup La Pau gestiona las ambulancias urgentes y programadas de Álava y de Bizkaia. Ambulancias Gipuzkoa hace lo propio con las de ese territorio. Está ya decidido que antes del 30 de noviembre esta compañía de Badalona verá rescindidos sus contratos con la Sanidad vasca, aunque el Gobierno de Imanol Pradales lleva días de demora en la formalización de los contratos de urgencias con las nuevas empresas que relevarán a la catalana. Previsiblemente, serán Bizkanb en Bizkaia (una UTE de Alsa-Sanir y Bidasoa) y Ambulancias Gipuzkoa en Álava.
Grup La Pau acumula más de medio centenar de sanciones de la Inspección de Trabajo, multas administrativas por incumplimientos y problemas con los pagos a la plantilla, entre otras incidencias. De hecho, este viernes no abonó las cantidades pendientes de la paga extraordinaria de verano, incumpliendo el último plazo legal para ello. El 70% no había cobrado nada más que el 25%. En octubre, parte de sus salarios fueron cubiertos por Ambulancias Gipuzkoa en una maniobra aún no explicada por ninguna de las partes y que los sindicatos y la oposición empiezan a considerar “ilegal”.
Los invitados al Parlamento Vasco, a instancias de EH Bildu, han sido Axlor Riezu García de LSB-USO, Samanta Rubio Bárcena de ELA, Gaizka Uriarte Avanza de UGT, Oskar Rabadán Sanz de LAB, Asier Muñoz González de ESK y Nerea Urquijo de CCOO. La coalición abertzale, por boca de Rebeka Ubera, ha señalado que “nunca” había vivido una comparecencia tan “dura” y ha mostrado su “impotencia” por años de conflicto enquistado en las ambulancias externalizadas. Ha lamentado especialmente que durante meses se haya “criminalizado” a la plantilla de Grup La Pau hasta que el Ejecutivo ha cambiado de discurso y asumido los incumplimientos continuados de la compañía adjudicataria.
En las intervenciones se han sucedido los ejemplos de los problemas con el servicio de ambulancias. LSB-USO, por ejemplo, ha indicado que “el jueves pasado hubo seis recursos de emergencia fuera de servicio” o que en las localidades vizcaínas de Plentzia y Bakio no hayan funcionado las ambulancias “ni un 50% del tiempo contratado”. “¿No es como para que intervengan ustedes o alguien? ¿Tenemos que esperar a que muera gente para que suene en los medios de comunicación y que cuando ya no se pueda ocultar nos pongamos a buscar soluciones?”, ha preguntado Riezu, recorando un suceso ocurrido en Llodio por falta de un vehículo. Y ha añadido que se debería aclarar si el Gobierno ha descontado estos años la parte proporcional del canon que le correspondía a la empresa.
Igualmente, Rubio de ELA ha señalado que al final siempre la Administración acaba tapando los agujeros que deja la contratista, de modo que eso supone un doble gasto de dinero público que echa por tierra el argumento de que los servicios externalizados son más económicos. Se ha referido a una información de este periódico que mostraba como Grup La Pau, en el proceso de negociación de su salida, ha demandado a Salud que corra con determinados gastos, como las nóminas de noviembre, del orden de 4 millones de euros. También demandan impunidad tras su salida, es decir, que no se le pidan cuentas por los muchos problemas pendientes.
“La empresa nos dice que robemos material de los hospitales para ahorrarnos cuatro duros. Nos tratan como mulas. Al menos a los esclavos les daban comidas. Calidad no se va a dar con las empresas privadas”, ha agregado el representante de UGT en su turno de palabra. Este sindicato fue el que recurrió en mayo la última renovación de contratos con Grup La Pau porque, debido a los impagos a la plantilla, no debería tener acceso a más adjudicaciones. En un inicio, esta central denunció “presiones” de todo tipo de ámbitos. Su propia matriz llegó a suscribir un borrador elaborado por Salud en el que se culpaba a la plantilla de la mala calidad del servicio. También ha habido cierta tensión con el PSE-EE durante la sesión parlamentaria. El portavoz socialista, Ekain Rico, ha llegado a recordar que él mismo es afiliado de esa organización. Ha puesto en valor la labor de la Inspección de Trabajo en el seguimiento de esta contrata.
LAB ha considerado que los partidos del Gobierno son “cómplices” del problema con Grup La Pau porque “han mirado para otro lado” durante años. “Esta empresa ha utilizado servicios públicos para hacer servicios privados. Ha quitado ambulancias para un triatlón, para el Alavés o para el Athletic”, ha descrito Rabadán. “Emergencias está en la UCI”, ha ironizado para añadir que las futuras empresas adjudicatarias seguirán generando incidencias porque el problema es de modelo.
ESK también ha insistido en que con anterioridad a Grup La Pau hubo otras empresas que dejaron un reguero de incumplimientos. “Larrialdiak, por ejemplo, se marchó de la noche a la mañana. Y dejó de media unos 5.000 euros de impagos. Lo hemos cobrado casi cuatro años después”, ha señalado Muñoz. Y ha recordado que todo en el servicio de ambulancias está diseñado para que “parezca de Osakidetza” aunque en puridad es de una empresa privada. Según unos datos de 'The Lancet' que ha utilizado, los servicios externalizados generan un 0,38% más de mortandad evitable que la gestión directa. “Necesitamos ayuda”, ha implorado la delegada de CCOO.
Al igual que EH Bildu, el PP también ha criticado la gestión de las ambulancias. “Se les debería caer la cara de vergüenza”, ha afirmado Santiago López Céspedes sobre el Gobierno de PNV y PSE-EE. Ni Vox ni Sumar han participado en la sesión. Desde las filas del PNV, el partido que dirige Salud, Jon Aiartza ha insistido en que el futuro pacto vasco de salud ya ha modificado el diagnóstico sobre el estado de la cuestión, eliminando las referencias a la culpa de los trabajadores para enfatizar el “notable incumplimiento” por parte de la empresa catalana.
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