El reciente cierre del año 2020 ha coincidido con la actualización de las 22 recomendaciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo y quedó confirmada el pasado día 19 de noviembre con la aprobación mayoritaria en el Congreso de los Diputados de Madrid.
Esta actualización es la tercera que se hace desde que nació el Pacto de Toledo en 1995. La primera y la segunda fueron en 2003 y 2011 respectivamente. El artículo que publicó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. Escrivá, con el sugerente título “El momento de refundar el Pacto de Toledo” el pasado 19 de julio supuso el pistoletazo de salida para pisar el acelerador del consenso político en el mencionado pacto.
La profusión de artículos, pronunciamientos y estudios que aparecieron al final del verano y entrado el otoño ya acreditaba que no era un “globo sonda” y que esta vez, la cosa iba en serio. De entre estas recomendaciones, la que me parece que tiene más carga destructora del Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social (Modelo de reparto) es la número 16, la cual recoge “que aunque la apuesta central es por el Sistema Público de Pensiones, el Pacto de Toledo reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones privadas individuales de ”empresa“ (los pactan las empresas, sectores y sindicatos en convenio colectivo). Considera igualmente que deberá dotarse a estas entidades gestoras de los planes de empleo ”de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad“.
En definitiva, nos encontramos con que se llega al consenso político para poner toda la capacidad normativa de la Seguridad Social al servicio de la promoción del Modelo de capitalización y socavar, quizás de forma irreversible, la caracterización de nuestro Sistema Público de Pensiones como modelo de reparto.
La fiscalidad ventajosa puesta a disposición de este fin supone una apropiación indebida e injusta de recursos públicos, y que hace que me pregunte ¿qué recorrido tendría esta propuesta sin ese beneficio fiscal? En las pensiones está en juego la capacidad redistributiva implícita en el sistema de reparto intergeneracional, lo cual es imposible en un sistema de capitalización en el que el retorno es plenamente individual y rompe el modelo de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es sostenible y de claro contenido e interés social.
El momento de normativizar de forma amplia dentro de una ley, como la de la Seguridad Social, el sistema previsional complementario y dentro de éste, dar preponderancia a los “Planes de Empresa” se buscaba desde que el Gobierno de Felipe González aprobó en 1987 la ley de Fondos y Planes de Pensiones Privadas. También ha quedado explicitado por el señor Escrivá como elementos referenciales tanto el modelo inglés como el modelo vasco y más en concreto, la EPSV GEROA.
Así que se podrían considerar las EPSV como un producto genuino vasco que sin ser nuevo -lleva 37 años- se ha puesto de moda por su, presunto, atractivo diseño. Llama la atención el contraste que supone que la respuesta de los pensionistas (en general) que participan en las movilizaciones de la CAV frente a este intento de liquidar el Sist. Público de Pensiones y dejarlo en mero asistencialismo no vaya más allá de un balbuceo o se pase de puntillas, ¡como si no se quisiera molestar! Frente al contundente rechazo que manifiestan las múltiples plataformas y coordinadoras del resto del Estado. Igualmente llamativa es la escasa o nula atención que se viene prestando desde el ámbito político y sindical a la decisión de impulsar la privatización, de momento parcial, del eje central de la Protección Social (la Seg. Social). En este sentido, acaba el año y empieza el 2021 de la misma manera: guardando silencio.
Sobre los silencios sindicales
- Silencio desconcertante: En esta tipología encajan tanto ESK como Steilas. Ambos rechazaron, en su momento, con contundencia sus respectivas EPSV. El 1º, GEROA en el año 1996 y el 2º, ITZARRI en 2004.
Sorprende que ante este renovado esfuerzo privatizador de extender los “planes de empleo” , desde el recién estrenado 2021, en detrimento del Sistema Público de Pensiones (Seg. Social) no se conozca un pronunciamiento público de estos sindicatos.
Tenían argumentos, entonces y seguro que hoy los han mejorado para mantener el rechazo a las EPSV. ¿A qué se debe esta falta de reacción? ¿Acaso consideran amortizada esta batalla? ¿Ven institucionalizadas las EPSV? Si es así, les animo a revisar ese planteamiento y a dinamizar un amplio debate con participación social para reclamar que se reviertan esas políticas incentivadora del Modelo de Capitalización (de acumulación individual).
- Silencio profesional: Aquí entran CC.OO. Y UGT. Es el sitio de los auténticos profesionales que a la hora de manejar este producto financiero lo hacen con “entrega y entusiasmo”. No lo ocultan pero no hablan de ello. Baste esta cita para entender lo que digo: “El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por estos sindicatos (El País, 12/10/2005).
- Silencio vergonzante: Lo ocupan los sindicatos de obediencia vasca y mayoritarios en cuanto a representación, tanto en el metal de Gipuzkoa (principal sector de la EPSV GEROA) como en las Administraciones locales y forales (EPSV Elkarkidetza) y autonómica (EPSV Itzarri). Cuando se defiende simultaneamente dos modelos de Pensiones radicalmente opuestos y no hay manera de explicar de forma convincente esa práctica, se impone el silencio y la cuestión se convierte en tabú.
Las rentabilidades de los fondos de pensiones privadas de empleo son injustas e insolidarias
Por un lado se defiende el Sistema Público de Pensiones de la Seguridad Social, contributivo solidario, de reparto y por otro se firma y se promueve las EPSV (Planes de Pensiones Privados) de “empleo”, vinculados a la negociación colectiva que responden al modelo de capitalización (acumulación individual) con su correspondiente incentivo fiscal (subvencionado por todos/as los/as contribuyentes). En definitiva, la protección social pública supone una garantía de rentas colectiva, sin dejar a nadie fuera y el de capitalización es una salida individual, de la que quedan excluidos la mayoría de trabajadoras/es que no pueden ahorrar a largo plazo. ¿Dónde queda la equidad fiscal? ¿y la justicia social? ¿así se entiende el reparto de la riqueza con equidad? Actuar así es poner en práctica la definición de hipocresía: “defender lo contrario de lo que se practica”. Tengo claro que la peor cobardía es saber que es lo justo y no hacerlo. Lo cierto es que nos encontramos con unos sindicatos que mientras se presentan como vanguardia y vertebradores de la cohesión social siguen azacaneados en la promoción de las EPSV de “empleo”. Por ejemplo, en octubre del finiquitado 2020 se respaldó a GEROA en la renovación del convenio del metal.
¿Quién decide en GEROA?
- Esta EPSV es considerada por los mercados financieros e instituciones como el “buque insignia” de la Previsión Social individual de empresa. Es la más importante del sector privado, radicada en Gipuzkoa. Nació con el convenio colectivo del sector del metal (año 1996) a la que se han ido sumando otros sectores y empresas a título individual. En la actualidad, el patrimonio se sitúa en los 2280 millones.
Los estatutos de GEROA PENSIOAK (año 2016) contempla como socios Promotores Fundadores a la Patronal Adegi más los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. Estos tienen recogido en el art. 8.1 como único fin, a estos efectos, el de PROMOVER el ahorro a través de la Previsión Social Complementaria.
En cuanto a las obligaciones de los mismos, el art. 9.2 de los mencionados estatutos dice: “Velar y controlar, por el interés y beneficio social de las/os socios de número u ordinarias, destinatarios últimos de las prestaciones económicas establecidas, las inversiones y el patrimonio constituido por la Entidad procurando una gestión eficaz de los recursos y una administración transparente”.
Una de las primeras decisiones que los Promotores Fundadores tomaron fue asumir ellos mismos la gestión de la Entidad en vez de salir al mercado y ver qué gestora o gestoras contratar. Así que hicieron una convocatoria y eligieron a la actual gerente, Sra. Virginia Oregi.
Esta fórmula permitió reducir el número y la cuantía de las habituales comisiones de gestión. A lo largo de los años han ido adaptándose en función de los cambios sociales y crisis. Así se hizo cuando se decidió que a partir del 1 de enero de 2001 las prestaciones serían en forma de renta o capital. Hasta ese momento se percibía siempre en forma de capital. Otro momento inquietante para los promotores de las EPSV de empleo fue cuando se analizó la evolución de las EPSV en el periodo 2013 – 2017 y se encontró que el volumen medio de las aportaciones fue de 788 millones de euros y el de las prestaciones de 935 millones. Es decir, superó en casi el 20% al de las aportaciones. Lo que queda claro es que el objetivo siempre será “salvar” el negocio de la previsión social de capitalización a base de anular la capacidad decisoria del socio/a trabajador/a.
¿Qué suponen las EPSV de empleo?
Estas sirven para fidelizar a la base afiliativa mejor situada en el mercado laboral lo que sin duda, supone un punto de soldadura muy eficaz, al cual acompaña la tendencia a considerar como justo todo aquello que nos beneficia. Así mismo conviene señalar que estos sindicatos de clase se encargan de invertir el patrimonio de estas entidades en los mercados financieros (más rentables que la economía productiva). Las rentabilidades de los fondos de pensiones privadas de empleo son injustas e insolidarias porque las producen otros trabajadores que por sus bajos salarios no pueden acceder a una EPSV (externalizaciones, contratas, subcontratas, …). Existen inversiones especulativas, fondos buitre y otros fondos que van a empresas e instituciones financieras con activos opacos (muchos en paraísos fiscales). Recorrer las calles con los/as trabajadoras/es de los sectores sociosanitarios, atención domiciliaria, dependencia, residencias geriátricas, asumiendo sus justas reivindicaciones y no explicarles que la EPSV de empleo de ELKARKIDETZA (funcionarios de ayuntamientos y diputaciones) y GEROA (sector privado de Gipuzkoa) tienen participaciones en una “SOCIMI” (sociedad de inversión) que invierte en residencias, es una indecencia y una cobardía. Claro que cómo explicar que esa inversión es “PURO NEGOCIO”, con lo que supone de estimular la lógica del máximo beneficio, bendecir la lógica del rentista y reforzar la hegemonía cultural capitalista. ¡Ay señor, los caminos del capital son inescrutables!
Una visión depredadora de lo público encuentra acomodo en instituciones, partidos y sindicatos. Esa mentalidad extractiva genera desigualdad económica, social y política, fomenta el elitismo y es regresiva en lo social. En el momento de la jubilación, el acceso a la garantía de rentas que supone el Sistema Público de Pensiones no se hace con equidad. La EPSV de empleo construye una aristocracia laboral que rompe esa equidad, a su favor. En este contexto de capitalismo y pandemia donde los riesgos sociales no se mutualizan y en cambio, se refuerza “el sálvese quien pueda” es necesaria una reflexión personal y colectiva para salir de tanta hipocresía y cinismo insoportable.
Reclamar transparencia a gobiernos, instituciones y partidos y no aplicárselo uno mismo es lo propio de los que se instalan en “la apariencia”. Hay que ir a un debate público y abierto con participación social y sin bloqueos sobre las EPSV de empleo como modelo privatizador de la Seguridad Social. Mientras llega la respuesta, espero que a no tardar, conviene no olvidar que las pensiones privadas individuales de empleo (EPSV) nos recuerdan todos los días del año y desde hace años que: ¡LO PÚBLICO ES DE TODOS, PERO NO PARA TODOS!