El Tribunal Supremo deliberará finalmente en septiembre en torno a los recursos presentados por buena parte de los condenados en 2019 en el marco del mayor caso de corrupción de Euskadi, el conocido como 'caso De Miguel' y que implica a exdirigentes del PNV de Álava encabezados por quien dio nombre al caso, Alfredo de Miguel, y otros excargos públicos del partido y empresarios contratistas. Así lo han notificado ya desde el alto tribunal a los afectados, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes judiciales. El ponente de la sentencia será el magistrado Pablo Llarena. De este modo, la sentencia que dotará de firmeza a las conclusiones de esta investigación iniciada en 2009 podría llegar en torno a Navidad, aunque luego sería posible que las condenas fuesen recurridas ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya han deslizado algunos letrados.
El 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la letrada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció que su socio, el constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, y dirigentes de ese mismo partido como Alfredo de Miguel y Aitor Tellería tenían pactado el pago de comisiones por un contrato en el parque tecnológico de Miñano y que incluso estaba recibiendo presiones si no abonaba la mordida. A partir de ahí, tras la detención de los tres y de otras cinco personas en 2010 se conoció una madeja de sociedades mercantiles encabezadas por Kataia Consulting, una tapadera a nombre de las esposas de De Miguel, Tellería y de un tercer cargo del PNV alavés, Koldo Ochandiano.
La investigación, liderada por el juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre, recientemente relevado como jefe del ministerio público en Álava, concluyó en 2005, y durante todo 2018 se celebró un macrojuicio en el que una parte de los procesados alcanzaron acuerdos y confesaron los hechos y devolvieron el dinero. El propio De Miguel amagó con hacerlo pero las negociaciones se rompieron. En diciembre de 2019, justo antes de Navidad, la Audiencia Provincial emitió una primera sentencia muy contundente que destacaba la existencia de una trama ideada para el cobro de comisiones ilegales y la manipulación de contratos públicos y en la que se reseñaba que los acusados, principalmente De Miguel, se habían valido de su influencia política para lucrarse de manera ilícita. La Fiscalía solicitó, a la luz de las condenas en primera instancia, el ingreso en prisión de los principales condenados, aunque el tribunal lo desestimó agarrándose al precedente de Iñaki Urdangarin aunque sí les impuso medidas cautelares que todavía ahora están cumpliendo.
De Miguel fue condenado a más de 13 años de cárcel y a diferentes penas de naturaleza económica y Tellería y Ochadiano a entre seis y siete años de prisión. También recibieron duros castigos Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud en el Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe que procuró contratos 'a dedo' a las empresas de la trama y que en el juicio trató de justificarlos presentando pruebas falsas, y el exconcejal en Leioa Iñaki San Juan y su socio Josu Montés, beneficiarios de algunas de esas adjudicaciones y amigos de De Miguel, a quien todos conocían como Txitxo. En estos años, De Miguel ha seguido trabajando para una sociedad pública autonómica dependiente del Gobierno vasco llamada Hazi. Tras varios ascensos y subidas salariales, en 2020 percibía 52.000 euros anuales, un dato que su superior, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento Vasco. Arrese, del PNV también, fue llevado al juicio como testigo de la defensa para defender la inocencia del político. otros como San Juan, por ejemplo, han cambiado de nombre a su empresa, la misma en la que se recaudaban las comisiones ilegales y se recibían los contratos irregulares, y sigue operando con relativa normalidad, incluida en la localidad en la que fue cargo político. La denunciante, por el contrario, lamentó que había sufrido ostracismo tras haber hablado: “Se han vengado de mí hasta hoy”.
En una de las grabaciones que aportó Alberdi al inicio de la causa, se escucha que las comisiones parecen estar “dentro de lo normal” en Euskadi. En la misma línea se expresó un contratista catalán, Francesc Fernández Joval, en su confesión durante el juicio: “Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar [...]. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo [Josu] Arruti: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después [en referencia a De Miguel]. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida el que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos ¡nos tiramos a la piscina! Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”.
Al Supremo han recurrido el grueso de condenados salvo los que llegaron a acuerdos -Arruti, su familia y los empresarios catalanes- y los que tienen penas sin cárcel como son las de inhabilitación. En su línea de defensa, De Miguel y el resto insiste en la tesis de que la investigación vulneró sus derechos fundamentales. Durante el juicio, se llegó a acusar al juez Ramos, al fiscal Izaguirre y a la Ertzaintza de haber realizado registros sin autorización y hasta de “enriquecer” pruebas para buscar condenas de personas que no habían hecho nada. La Fiscalía del Supremo, liderada por Javier Zaragoza, por el contrario, ha pedido la ratificación de la sentencia inicial y ha respaldado el trabajo de Izaguirre y de su compañero durante el juicio, Manuel Pedreira.
Puedes leer aquí toda la cobertura sobre el 'caso De Miguel' en elDiario.es/Euskadi y aquí un perfil de Alfredo de Miguel