Ni suspensiones ni indultos: la Fiscalía pedirá que se cumplan cuanto antes las penas de corrupción del 'caso De Miguel'

La Fiscalía ha fijado dos premisas muy claras como criterio de respuesta ante las peticiones generalizadas de los condenados en el 'caso De Miguel' de corrupción de que queden en suspenso sus penas de cárcel o, en tres casos, de buscar también un indulto político. La posición que se fijará en los informes preceptivos que ha de emitir el ministerio fiscal, que en 2009 inició la investigación de esta causa tras la denuncia de Ainhoa Alberdi, es “no” en ambos casos, según indican fuentes judiciales. “En corrupción, siempre postura negativa”, resumen estas fuentes como criterio general ante hechos de especial “gravedad” y trascendencia pública. Dicho de otro modo: se perseguirá la entrada en prisión en el plazo más breve posible. Ni siquiera está garantizado que se haga una excepción con las condenas más bajas, de menos de dos años y que en el entorno de los condenados se daba por hecho que quedarían suspendidas. “En muchas penas cortas el fiscal se opone. No se hará nada distinto de otros casos”, abundan estas fuentes. Sea como fuere, la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Álava, un tribunal compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta.

Hasta ahora, las partes no han recibido ninguna notificación con la posición de la Fiscalía, según confirman tanto desde el juzgado como desde las defensas. Hay una excepción. Ya trascendió antes de Semana Santa que la Fiscalía había emitido un criterio desfavorable al recurso de súplica -el último posible- que presentó la nueva abogada del principal condenado Alfredo de Miguel, Estefanía Rojo, donde adelantaba tanto la petición de suspensión como el indulto. Y la Audiencia compartió ese criterio.

La posición con De Miguel en esa fase se irá repitiendo ahora que se acerca el momento de concretar las entradas efectivas en prisión y de dar respuesta a las peticiones individuales de suspensión presentadas. Esa tarea ha sido asignada a Josu Izaguirre, que fue el fiscal que inició la causa en 2009 y llevó el juicio en 2018 pero que ya no es fiscal jefe. Carmen Cotelo, la nueva titular de esa plaza, deberá encargarse de enviar al Ministerio de Justicia los informes negativos a los indultos, ya que se trata de una tarea reservada a los fiscales-jefe. Cotelo, tras tomar posesión, afirmó en una entrevista con este periódico que mantendría la “firmeza” contra la corrupción de su predecesor. Será solicitado otro informe similar al propio tribunal.

¿Cómo está la ejecución de condenas en el 'caso De Miguel'? “Confusión” es una sensación compartida en quienes forman parte de la causa. Oficialmente, solamente Aitor Tellería, exdirigente del PNV alavés como De Miguel, e Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa del también exmiembro del partido 'jeltzale' Koldo Ochandiano, tienen en su poder un mandamiento de entrada en prisión en diez días hábiles. En puridad, este 19 de abril se cumplía ese plazo en el caso de Tellería, pero no se conoce la respuesta del tribunal a su doble petición de suspensión, una por motivos de salud y otra por indulto. De hecho, un médico forense debería explorar a Tellería para disponer de un diagnóstico oficial antes de adoptar la decisión.

También confirman fuentes de la Audiencia de Álava que en el caso del exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, se le permitirá recoger ese mandamiento en Bilbao, su lugar de residencia. A través de un exhorto, se empleará esa misma fórmula para que De Miguel, agotado ya su recursos de súplica, no tenga que desplazarse a Vitoria y pueda hacer ese trámite cerca de su lugar de residencia, en Gorliz, donde su familia posee una casa reformada por un constructor a cambio de favores. Solamente cuando se le haga entrega de ese papel se iniciará una cuenta atrás de diez días hábiles -no cuentan ni fines de semana ni festivos como San Prudencio o el 1 de mayo- para la entrada efectiva en prisión. Eso sí, se da por hecho que su letrada intentará de nuevo bloquear ese trance con nuevos intentos de suspensión, en los que repetirá argumentos. Todo ello pegará más y más ese momento definitivo a la campaña electoral.

Entre los condenados en el 'caso De Miguel' hay cuatro grupos. Uno no forma parte de esta laberinto de notificaciones y plazos porque ha recibido una pena sin cárcel. Es el caso de Alfonso Arriola o de María Justina Angulo, por ejemplo, penados exclusivamente a inhabilitación por prevaricación. Son los otros tres los que entran en juego en esta fase. Por un lado están quienes tienen penas mínimas, de menos de dos años, como Jon Iñaki Echaburu o Sergio Fernández Oleaga, entre otros. Cuando se conoció la condena de primera instancia en 2019, la Fiscalía no pidió para ellos el ingreso cautelar en prisión. Por otro lado están los cuatro expolíticos con penas altas, que son De Miguel, Tellería y Ochandiano -los tres exdirigentes del PNV han pedido el indulto- y Sánchez Robles. Les esperan entre seis y nueve años de cumplimiento efectivo.

En medio quedan Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), con una pena nominal de más de dos años pero sin que ninguno de los delitos individuales superen esa barrera. De hecho, para ambos el Tribunal Supremo previó expresamente un sistema de cálculo con esas condiciones para facilitar una posible suspensión, como demandaron sus defensas. La aclaración de este extremo motivó un retraso de enero a marzo en la firmeza final de la sentencia definitiva. Se pueden consultar aquí todas las condenas en detalle.

Si el tribunal asumiera los postulados de la Fiscalía y no acordara suspensiones, todavía cabría una posibilidad de recurso de súplica. Y los condenados lo agotarían. En cuanto al indulto, las fuentes consultadas indican que pedirlo no implica evitar entrar en la cárcel automáticamente. Hay una posibilidad de que así sea si se entiende que la duración de la tramitación, por larga, haga ineficaz el perdón político. Sin embargo, la práctica hace que solamente se contemple algo semejante para condenas de menos de cinco años, que no es el caso de De Miguel, Tellería y Ochandiano. Esta medida de gracia la tiene que adoptar el Gobierno de España.