Tres de los diez acusados en el caso de corrupción de menores y abusos sexuales continuados a adolescentes tutelados por la Diputación de Álava, iniciado este lunes en la Audiencia Provincial, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y el resto de acusaciones nada más arrancar el plenario. Para ver reducida su condena, quienes responden a las iniciales A., D. y B., han admitido los hechos -en un caso agredió sexualmente a un menor de solamente 13 años-, pedido disculpas a las víctimas, a sus familias y a la sociedad, prometido que no repetirán y abonado unas indemnizaciones simbólicas de 1.000 euros. El resto buscarán probar su inocencia con argumentaciones como que el consumo de drogas nublaba su comportamiento, que desconocían que sus 'parejas' eran menores o incluso con una rocambolesca estrategia de un letrado en la que se escuda en el “interés superior del menor” y en sus derechos para tratar de anular una causa en la que su cliente está acusado, precisamente, de vulnerarlos de manera muy grave. Sin embargo, al poco de este alegato se ha conocido que la defensa de este acusado, un psicólogo que llegó a entrar en prisión provisional, tiene también un principio de acuerdo que previsiblemente se cerrará este miércoles. La forma de contacto más habitual era Pasion.com. Esta web ha sido investigada por sí misma dado que permitía los contactos con menores de edad, según informó 'ABC'.
La sesión se ha iniciado con retraso. El tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo, ha dictado algunas normas especiales por lo sensible de la materia. Está prohibido captar imágenes o facilitar cualquier dato de los menores víctimas, todos ellos ya mayores de edad porque los hechos se remontan a 2015 y 2016. En cuanto a los acusados, solamente se ha autorizado grabarlos de espaldas y durante cinco minutos. Ellos han acudido con mascarillas, gorras o prendas con capucha para tratar de proteger su imagen. Dos de ellos -ambos incluidos en los tres que han confesado de saque- han acudido custodiados por cuatro agentes de la Ertzaintza ya que están presos por otra causa que no se ha especificado públicamente. Un medio de comunicación fue condenado durante la investigación de este caso por difundir la imagen de uno de los acusados.
Ha sido el propio Poncela el que ha anunciado la existencia de los acuerdos y ha explicado los hechos antes de dar la palabra a los tres aludidos, a los que ha pedido que prescindan de la mascarilla. A. tenía más de 30 años cuando en 2016 contactó con un menor tutelado de 14 años para “realizar un encuentro sexual” con él y con otra menor previo abono de 400 euros la hora. Ha recibido una pena de un año y un día de prisión, aunque ya está preso. D. también superaba la treintena y contactó por Facebook con un niño de 13 años con el que mantuvo “relaciones a cambio de dinero y marihuana”. Al menos en dos ocasiones recibió al joven en su domicilio, al que agredió sexualmente siendo “consciente de su minoría de edad”. Más tarde repitió esta práctica a través de la web Pasion.com con otro adolescente tutelado con quien también mantuvo encuentros sexuales. Son cuatro delitos los admitidos y las penas suman 13 años y cuatro días de prisión, aunque ya está encarcelado. Ha hecho extensiva sus disculpas a los profesionales del centro de menores donde residían las víctimas, Sansoheta, ya cerrado.
En el caso de B., veinteañero, conoció a un adolescente tutelado de 14 años en una discoteca de la ciudad de Vitoria e iniciaron una “relación sentimental”. Al conocer que este menor mantenía encuentros sexuales con otros adultos, le abonó también dinero con el mismo fin. “Mi vida no ha sido fácil. He pasado por centros de acogida. No sé en qué momento pude haber fallado. No es excusa. Lo mal que lo estoy pasando… no quiero imaginar por su parte y por su familia. Esta situación es agónica, un auténtico calvario para todos. De corazón me arrepiento. Hacemos mal las cosas por falta de cariño. Dios me acompaña”, ha manifestado tras conocer su condena de siete años y dos días. Ha abonado una indemnización de 600 euros, según ha trascendido. Los tres han podido abandonar el juicio al instante. Como condenas auxiliares tendrán órdenes de alejamiento de sus víctimas (200 metros) durante un período similar al de su pena de cárcel e inhabilitación para cualquier puesto de trabajo o ocupación que implique el contacto con menores.
Ratificados los acuerdos, los abogados del resto de imputados han expuesto cuestiones previas ante el tribunal. El abogado de R. ha sido el más beligerante al querer la nulidad del proceso porque se han vulnerado los derechos de los menores no en las agresiones sexuales sino en la investigación judicial. Ha puesto de manifiesto que hay una fotografía en el sumario de la ficha de un menor en la que se ve la mano de una agente de la Ertzaintza “agarrándole del cuello”. “Además, se acuerda a obligar a los menores a facilitar sus móviles sin protección de su intimidad” para conocer sus contactos y mensajes, ha enfatizado. Este abogado ha asegurado que defenderá el “interés superior del menor”. La Fiscalía, representada por Carmen Cotelo, ha respondido que en este proceso se ha dado la circunstancia de que los adolescentes no querían colaborar -lo que, a su juicio, explica la imagen de la policía “levantándole la cabeza” al menor para que se recogieran sus rasgos, no agrediéndole- y a José Miguel Fernández, abogado de la asociación Clara Campoamor, le parece inconcebible que se plantee siquiera como discusión teórica si un menor puede consentir un acto sexual, particularmente cuando el Código Penal refuerza la protección de los de menos de 16 años, como ha sucedido en varios de los supuestos de este ‘caso Sansoheta’.
Sin embargo, tras un receso de diez minutos que luego han sido más en el que el tribunal ha rechazado la posibilidad de anular los registros de las terminales móviles o las fotografías, al menos de momento -lo hará en sentencia “como permite la jurisprudencia”-, el guion ha dado un giro y ese mismo acusado que pretendía la nulidad de las pruebas ha dado a conocer que tiene un “principio de acuerdo”, aunque necesita 24 horas para “madurarlo”. Por ello, se enfrentará al juicio con normalidad aunque la Fiscalía modificará su petición de penas a la baja si R. confiesa cuando declare este miércoles por la mañana.
Los otros seis procesados declararán este lunes. El primero en hacerlo no ha tenido reparos en admitir que mantuvo encuentros sexuales a cambio de dinero con un “chico”. El correo de esa persona era el de un centro educativo. El imputado ha alegado que él utilizaba una plataforma para enviar los mensajes, por lo que no conocía esa dirección. Para justificar que no sabía era menor, ha afirmado que no le miró la cara ni cuando le llevó en el coche ni cuando se produjo la relación sexual. “Con los nervios sólo quieres acabar, pagar, irte y ya está. Si estoy entrando en una página para mayores de edad, no pienso en ningún momento que vayan a ser menores de edad. Ni se me pasa por la cabeza que un menor pueda estar en una página para adultos”, ha declarado. Está acusado de otros cuatro encuentros pero ha afirmado que el menor “miente” cuando refiere esos hechos. La Diputación de Álava, representada en sala por un bufete privado, ha ventilado el primer interrogatorio con una sola pregunta -si el coche del acusado tenía retrovisor trasero- mientras la fiscal Cotelo y al abogado de Clara Campoamor se han fajado para buscar las contradicciones.
El segundo ha rechazado de plano que conociera también que sus parejas fueran menores. “Yo jamás he estado con un niño”, ha repetido. Las acusaciones han recordado que una víctima que se le atribuye le mandó mensajes como “ahora estoy en el cole” o “tengo 17 años”. En total, se le imputa por haber abusado de tres jóvenes. “Yo he pedido el DNI siempre. Yo he echado de mi casa al saber que eran menores de edad”, se ha defendido. “Yo no busco menores. Me han buscado a mí y me la han liado”, ha apostillado. Este acusado, llamado I., ha declarado que contactó con la víctima hace unos pocos días y que habló de sexo con él para “seguirle la corriente” y “sacar pruebas” para el juicio, aunque se ha conocido también que este mismo año han mantenido más contactos sexuales. “Se dedica a eso. Es un buscador. Lo tengo por un chico jeta”, le ha criticado. Clara Campoamor ha recordado que se ha referido en términos acusatorios a un “perjudicado”.
“No me imaginaba que era menor de edad, partiendo de la base de que la página [Pasion.com] era para adultos”, ha explicado el tercero en declarar, que ha señalado también que le pidió al menor que le proporcionara cocaína y que la consumieron ambos durante la reunión, así como que le exhibía pornografía, que es un delito también. Este varón ha admitido tres o cuatro encuentros sexuales donde se produjeron los abusos. En su caso, se le imputa una segunda víctima, que ha declarado haber estado “dos o tres” veces en el domicilio del adulto y que había también drogas en la casa. “Si me dice que es menor, no estoy con él”, ha querido destacar.
El cuarto, de inicial J., según ha afirmado la Fiscalía, abusó de tres menores a los que contactó vía Pasion.com. A uno lo conoció por ser interno “en un centro” cercano a su casa, del que no se ha dado el nombre pero no parecía ser Sansoheta por las referencias geográficas. Pero cuando concertaron la cita tampoco era consciente de que fuera menor -“ya no estoy en el centro; tengo 18 años y ahora me dedico a esto para ganarme la vida”- y ha alegado que el consumo de alcohol en algunos encuentros le ha borrado recuerdos. Ha admitido incluso nuevos encuentros después de iniciada la causa. En el segundo supuesto, con el que se habla de relaciones sexuales explícitas en conversaciones de móvil, ha tratado de explicar que le quitó el móvil un “chico latino” que tenía en su casa y que fue él el que tuvo las relaciones sexuales, aunque no ha traído a ese testigo al juicio. Ha dudado sobre su nombre. Con el tercero “más que sexo era amistad”, aunque también hay conversaciones recogidas en el sumario que probarían los abusos. Preguntado por ello, se ha matizado que “no es sexual de pago, sino más amorosa” y, en la tercera ocasión, ha añadido ya “he tenido [sexo] pero de pareja”. En una cuarta referencia ha indicado al tema de las relaciones “yo creo que sí”, añadiendo más confusión al relato. El juez Poncela ha tenido que intervenir para que sea concreto. “Éramos novietes”, ha señalado antes de irse al banquillo de los acusados. Sin embargo, ha vuelto para ofrecer una sexta versión en la que, finalmente, ha admitido los hechos. El intercambio de dinero -ha alegado- era para pagarle multas de tráfico.
El quinto acusado, P., un militar retirado que venía de una provincia vecina a Vitoria, también ha asegurado desconocer la minoría de edad de su interlocutor. “Quedamos cuando ya tenía supuestamente los 18 años”, ha afirmado sobre su víctima, si bien el ministerio fiscal argumenta que era consciente de que la primera reunión se hizo cuando el adolescente tenía 17, hasta el punto de que alquiló un piso en la ciudad. “Ese señor del piso se asustó bastante. Vio que había una diferencia de edad apabullante”, ha reseñado Cotelo. El imputado se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas sobre su rango y funciones en el Ejército. El último en declarar I. ha puesto como contexto de sus relaciones con menores que “se ponía hasta el culo” y que había roto con su pareja. “No dudé que tenía 18 años. Me pareció que era joven, pero no menor. Al estar en esa página, se supone que tenía 18 años”, ha recalcado en el interrogatorio.