Los juzgados vascos tenían (a 31 de diciembre de 2021) 103.180 asuntos pendientes de resolver, según los datos estadísticos contemplados en la memoria de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), un documento remitido al Parlamento. En detalle, son 46.517 asuntos civiles, 32.381 penales, 16.797 sociales y 7.485 de lo contencioso-administrativo. De ellos, 2.462 son casos atascados en los juzgados de violencia contra las mujeres, aunque las salas con más carga de trabajo son la de vigilancia penitenciaria -las que hacen seguimiento de las penas de prisión- y la sala de lo contencioso-administrativo del Superior, presidida por el magistrado Luis Garrido y que adquirió enorme proyección pública en la pandemia por ser responsable de todas las resoluciones sobre las restricciones sanitarias adoptadas por el Gobierno de Iñigo Urkullu.
La tasa de litigiosidad en Euskadi (expedientes por cada 1.000 habitantes) es de 100,3 y subió en 2021 un 17,2% en relación con 2020. En España es más alta, de 132,3. Explica la memoria que 2021 permitió despachar más asuntos (223.327) que los nuevos casos conocidos (221.585), por lo que han caído ligeramente los expedientes en cola. En concreto, se estima que creció un 6,7% anual la tasa de resolución de los juzgados vascos.
La memoria dedica un apartado expreso a los “tiempos de respuesta” de la Justicia en Euskadi, que destina 85,04 euros por habitante a la Administración de Justicia, más que los 49 de la vecina Navarra, los 58 de Cantabria, los 63 de La Rioja o incluso los 84 de Catalunya. Se indica que, de media, en España un caso en primera instancia tarda seis meses y casi dos semanas y que, en Euskadi, baja algo, hasta los seis meses clavados. En segunda instancia la media es de algo menos de cinco meses y, en el caso vasco, se reduce a poco más de tres meses y medio. La vía penal es más rápida que la civil, a continuación van los expedientes de lo social y la jurisdicción más lenta es la contencioso-administrativa. En tiempos, en primera instancia se tarda en cada una de ellas 8,7, 3,5, 11,1 y 12,3 meses, respectivamente.
Son 231 los jueces y magistrados en activo, 139 mujeres y 92 varones. Su edad media es de 50,4 años. La memoria subraya que la Administración de Justicia en un servicio que se presta a una sociedad bilingüe pero constata que se da una “escasa utilización del euskera tanto por la ciudadanía como por los órganos judiciales”, si bien sí es más común que los formularios y algunas resoluciones más mecánicas sean bilingües. El Superior, presidido por Iñaki Subijana, plantea hasta ocho puntos para impulsar la lengua vasca que van desde la colocación de “carteles explicativos” de los “derechos lingüísticos” de los usuarios hasta promover que la Sala de Gobierno se exprese en los idiomas, así como también incluir más euskera en los actos institucionales e incluso apoyar un “traductor neuronal judicial” como “herramienta integrada” en los aplicativos informáticos.
Según datos recopilados por este periódico en 2018, del total de funcionarios autonómicos de Justicia -lo que excluye a jueces, fiscales y letrados (antiguos secretarios judiciales), que son cuerpos nacionales- exclusivamente el 35,5% tiene el “perfil requerido”. Eran el 45,1% de los auxiliares, el 41,7% de los tramitadores, el 36,7% de los gestores y el 10% de los médicos forenses. En total, 1.146 de los 2.296 empleados públicos de la Administración de Justicia en aquel momento no disponían de una titulación homologada de lengua vasca. Un año antes, de los 343 jueces y fiscales vascos apenas 16 de los primeros y 2 de los segundos tenían un perfil 3 o superior. Igualmente, solamente 18 de los 203 secretarios judiciales acreditaban esa titulación. Ahora bien, otros 22 jueces, 6 fiscales y 32 letrados acreditaban algún conocimiento menor del euskara. “La probabilidad de que se use el euskara sin traducción en la Justicia es muy pequeña”, interpretaba entonces la consejera del ramo, la socialista María Jesús San José.
La memoria plantea también avanzar hacia un “enjuiciamiento con perspectiva de género” o impulsar la paridad en las comisiones que eligen a los suplentes o sustitutos. También quieren convertirse en un espacio “acogedor” para menores para evitar una “victimización secundaria”, particularmente en casos de delitos sexuales. Se menciona el apoyo al proyecto Barnahus del área de Justicia del Gobierno vasco y Save the Children y la importancia de la “prueba preconstituida”, esto es, que una víctima solamente declare en una ocasión y no en cada una de las fases de un proceso penal. El deseo es también ir haciendo más amables las instalaciones que reciben casos de violencia de género.