La UPV/EHU ha aprobado este jueves el anteproyecto de presupuestos de 2022, que ascenderán a 460,64 millones de euros, un 5,32% más que el año anterior. La información proporcionada por la UPV/EHU tras su Consejo de Gobierno no hace referencia a déficit o desajustes presupuestarios de 2021, porque las cuentas están todavía sin auditar, sin embargo, el sindicato UGT denuncia que el “agujero” presupuestario en la Universidad pública vasca asciende a 12 millones de euros, que se corresponden con desajustes en el capítulo de personal y que, según un comunicado interno que la central ha enviado a los trabajadores, se arrastran de ejercicios anteriores y se han ocultado hasta ahora con “artificios contables”. Este desajuste se ha compensado mediante una aportación extraordinaria por esta cantidad desde el Gobierno vasco.
La Universidad reconoció ya en el mes de noviembre que necesitaba reducir los gastos para evitar que se desbocara el déficit y pidió a los diferentes departamentos de la UPV/EHU que contuvieran los gastos. Entonces se argumentó como causa para justificar esta llamada a la austeridad con la situación excepcional derivada de la pandemia. Sin embargo, durante la presentación del anteproyecto de presupuestos en Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en el mes de febrero, el propio vicerrector, Juan José Unzilla, reconoció que los 12 millones de euros extraordinarios obedecían a la necesidad de hacer frente a los incrementos relativos de las partidas de gastos de personal (retribuciones Itzarri, antigüedad…), según consta en el acta de la reunión. Unzilla ha reconocido alDiario.es/Euskadi este jueves que esta aportación extraordinaria por parte del Gobierno vasco se destinará a gastos de personal, pero ha matizado que “no en su totalidad”, sino que habrá una partida para digitalización y otra parte a gastos de energía, aunque no ha concretado el volumen exacto de las partidas porque las cuentas de 2021 están pendientes de auditar y no se conocerán probablemente hasta finales de abril. “En cualquier caso la previsión es que no haya ningún déficit”, ha asegurado, descartando que se esté tapando desfases de ejercicios anteriores.
En cualquier caso, UGT insiste en que “no cuadran las cuentas” y considera que los gastos de personal del año pasado no se corresponden con el volumen del “agujero” en el presupuesto, por lo que concluyen que “la UPV/EHU ha venido arrastrando este déficit de años atrás y que presuntamente este ha sido ocultado mediante artificios contables, camuflando el agujero del Capítulo I en otras partidas presupuestarias”. “Este año, no sabemos si por la fiscalización del Gobierno vasco o por qué, han decidido aflorarlo”, aseguran. El sindicato considera “positivo que se haya tapado por fin el agujero del Capítulo I salarial”, pero critican “que nos intente engañar a la comunidad universitaria, mediante información falsa, artificios contables y presunta desviación de partidas presupuestarias en ejercicios anteriores”. Según afirma UGT, en 2020 “la Universidad tenía en el Capítulo I un importe 328, 87 millones de euros”, lo que supone que “con la subida salarial del 0,9%, más la aportación a Itzarri incrementado en 0,5%, más los deslizamientos habituales de antigüedad”, “la variación porcentual estaría en 1,17%”, lo que supone “un desfase aproximado de 4 millones de euros en el presupuesto aprobado para 2021”. Para 2022, sin embargo, esta misma partida tiene un incremento de 21,5 millones de euros, pese a que la subida salarial será del 2%. “Incluyendo los posibles desvíos habituales, vemos que ciertamente el desfase es desmesurado y desde luego no justificable por los incrementos producidos este año 2022”, aseguran. Se pasa de un incremento del 1.17% (4 millones euros) en un año a 6,48% (21,5 millones) en otro. Es cierto que este año en el capítulo de personal tendrá que hacerse frente a la mejora en las condiciones laborales de unos 1.200 investigadores temporales tras el acuerdo suscrito con la mayoría sindical para “garantizar el mismo salario para todo el personal investigador en formación que tenga un contrato predoctoral con la UPV/EHU a partir del 1 de enero de 2022”. Sin embargo, UGT considera que este acuerdo no supone más de un millón de euros, lo que no justificaría el desfase.
Presupuesto de 2022
El proyecto de presupuestos para 2022 se ha aprobado con 33 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. El importe del presupuesto se eleva a 460.64 millones de euros, un 5,32% más que el año anterior. De esa cuantía, 339,25 millones proceden de los presupuestos generales vascos, 52,79 millones (11,46%) son ingresos propios (tasas académicas y administrativas, concesiones administrativas, contratos con otras entidades y personas físicas, etc.); y 68,15 millones (14,79%) son otros tipos de ingresos (contratos externos, proyectos de investigación, títulos propios y subvenciones extraordinarias). Por otra parte, la Universidad del País Vasco recibe 450.000 euros para el Consejo Social. Por lo que respecta a los gastos, los correspondientes a personal ascienden a 354,3 millones de euros, que representa el 76,91% del total. El otro 23,09% se reparte en el resto de los capítulos de gasto destinados a investigación, funcionamiento general, actividad de vicerrectorados, centros y departamentos, e inversiones en equipamiento.
55.000 euros en desperfectos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU ha cuantificado el coste de los incidentes del pasado 24 de febrero en los tres campus, pero fundamentalmente en el de Álava, que se saldó con 34 detenidos durante los incidentes en el contexto de un paro de estudiantes. Según han señalado, los desperfectos ascienden a 55.000 euros. La rectora, Eva Ferreira, ha señalado que “una minoría de jóvenes entró en distintos centros de los tres campus realizando pintadas y provocando destrozos en el mobiliario” cuyo coste se ha estimado en 55.000 euros. Lo que obliga a “la inversión de un dinero público que podría haber tenido otros fines”. En opinión de la rectora, Eva Ferreira, “resulta incomprensible que un paro convocado en defensa de la educación pública tenga como consecuencia la destrucción de bienes públicos. Fue una minoría la que emprendió esas acciones sancionables, pero debemos dejar constancia de los daños producidos”. Ferreira ha defendido que “la universidad pública se sostiene con el esfuerzo de todas las personas de este país, de las personas que pueden ir a la universidad y también de las personas que no han tenido siquiera la oportunidad de hacerlo”. “A todas ellas les debemos rendir cuenta de lo que hacemos con enorme respeto a su esfuerzo y desde la firme condena a comportamientos violentos y destructivos”, ha concluido.