Coincidiendo con el día de la patrona de las cárceles, Nuestra Señora de la Merced, el Gobierno de España ha organizado este viernes el último acto como gestor de las prisiones vascas, que desde el 1 de octubre serán dirigidas por la Administración autonómica. Esta competencia figuraba en el Estatuto de 1979. Ese día, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, como gesto simbólico, cambiará los rótulos de las cárceles de Zaballa en Álava, de Basauri en Bizkaia y de Martutene en Donostia y habrá una reunión con los tres directores en la que se les entregará un nuevo “manual de funcionamiento” del sistema. Será a primerísima hora de la mañana, a las 8.00 horas de ese viernes.
Desde Zaballa, el delegado del Gobierno de España, el socialista Denis Itxaso, ha querido mostrar la “plena confianza” en el futuro modelo penitenciario vasco y ha destacado que funcionará bien porque la Administración autonómica “hereda buenos equipos y estructuras”. Ha indicado, por ejemplo, que la apuesta por la resocialización y por la justicia restaurativa ya tiene una buena base de trabajo previo. “Estoy persuadido de que estas políticas tendrán una adecuada continuidad porque compartimos con el Gobierno vasco una mirada progresista y humanista de lo que debe ser una prisión en el siglo XXI”, ha dicho. Ha citado programas sobre violencia de género, delitos económicos o radicalización terrorista.
En el mismo acto ha participado Beatriz Artolazabal, la consejera que asumirá la gestión de Prisiones desde la cartera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Ha dicho que, aunque histórico y de gran trascendencia, el traspaso será “sereno” y “tranquilo”: “Una oportunidad para dar continuidad a lo bueno que ya hacéis, que es mucho”. Ha destacado la “sintonía” con la Administración del Estado. Eso sí, ha insistido en que se pondrán en marcha nuevas iniciativas para caminar hacia una visión más humana de lo penitenciario. Ese plan ya ha sido presentado y está liderado por el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia.
Ambos mandatarios, Itxaso y Artolazabal, han destacado el trabajo de los funcionarios. Son alrededor de 700 los destinados en Euskadi y que pasarán de la plantilla del Estado a la del Gobierno vasco. Y sus condiciones laborales siguen en el aire a pocos días del cambio de manos. Los sindicatos Acaip-UGT, ELA y CCCO llevan varias semanas en conversaciones con responsables autonómicos pero no hay aún ningún acuerdo concreto. De hecho, como ya se alertó, buena parte de la plantilla ha solicitado un traslado a otros centros gestionados por el Gobierno central, que son todos los del resto de España salvo Catalunya. Fuentes oficiales indican que este lunes está prevista una nueva reunión para tratar de buscar una fórmula que satisfaga a las partes, particularmente en materia retributiva.
elDiario.es/Euskadi
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