El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado este viernes en el Parlamento Vasco por dos veces, una por cada idioma oficial, la falta de “sensibilidad” de la Justicia hacia el euskera. Lo hace en un contexto con dos sentencias en la misma semana contra el decreto autonómico con medidas para priorizar la lengua vasca, con un fallo del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente las políticas lingüísticas de la Ley Municipal y con otras resoluciones sobre la materia que han derivado en la convocatoria de una manifestación para el 4 de noviembre. Ahora bien, no es un mensaje enteramente nuevo, ya que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió sentencias “pegadas a la realidad vasca”, y el propio Urkullu demandó en la apertura del año judicial, en septiembre, la descentralización del poder judicial.
Las dos sentencias más recientes siguen a recursos de PP y de Vox, a los que ha acusado de formar parte de una “estrategia” contra la lengua vasca. Y salen de una sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la de lo contencioso-administrativo presidida por el magistrado Luis Garrido, con el que el Gobierno vasco mantiene una relación tensa desde que en la pandemia tumbara buena parte de las restricciones sanitarias para controlar la expansión de la COVID-19.
Los fallos conocidos ahora anulan artículos de los decretos que desarrollan la Ley Municipal en el ámbito de la planificación lingüística. Siguen a una cuestión de constitucionalidad elevada por la sala de lo contencioso-administrativo sobre esa norma ya antigua y cuya interpretación, en su momento, fue pactada políticamente entre los Gobiernos central y vasco, con Mariano Rajoy de presidente, cuando se amagó con llevarla al Constitucional. Así lo ha recordado Urkullu, que ha sostenido que el PP actual ahora combate en los tribunales lo que antes avaló en las instituciones.
El lehendakari ha confirmado que el Gobierno vasco recurrirá ante el Supremo ambas decisiones. En la pandemia, en cambio, hubo una fase en la que se consideró que era una “judicialización” de la gestión política que no procedía. Urkullu ha justificado los recursos en que el Constitucional apenas anuló “un inciso” de una larga normativa municipal y que el Superior ha ido “mucho más allá” al tumbar regulaciones sobre el euskera con la ciudadanía o con las empresas contratistas de las instituciones locales. “Es desconcertante”, ha señalado Urkullu en la sesión de control al Gobierno de la Cámara y precisamente en respuesta a una pregunta de Vox.
La formación de ultraderecha, con un único escaño en Euskadi y que -como ha admitido- no tenía ninguna representación cuando el Parlamento tramitó la Ley Municipal-, siguen con su semana de felicitaciones por haber puesto coto a la “imposición” del euskera frente al castellano, según ha afirmado Amaia Martínez Grisaleña. Vox y PNV coinciden en que ambos idiomas “no están en igualdad de condiciones” pero discrepan en el porqué. Martínez Grisaleña ha insistido en que los derechos de los castellanohablantes ha estado en cuestión con las normas ahora anuladas mientras que Urkullu sostiene que es la vasca la lengua minorizada. En el debate cruzado, Urkullu ha llegado a decir que iba a responderle a Vox una parte en castellano para que no le acusaran de “imponer” el idioma.
EH Bildu también ha elevado al pleno la situación del euskera. Su parlamentaria Jasone Agirre ha hablado de “lawfare” y también de “odio” hacia el euskera. “El euskera es tan oficial como el castellano y, además, es nuestro porque somos una nación”, ha indicado la portavoz de la coalición. Citando a Kirmen Uribe ha indicado que la cualidad de “euskaldun” tiene su base en el euskera y que el propio nombre de Euskal Herria viene del idioma. Y ha alertado especialmente de la importancia de que los niños puedan conocer el euskera en la enseñanza, en el ocio y en otros ámbitos.
En el caso de EH Bildu, la respuesta la ha ofrecido el consejero del ramo, Bingen Zupiria, titular de la cartera de Cultura y Política Lingüística. Ha considerado “graves” las sentencias y también el pensamiento de que alguien quiera arrinconar el castellano en Euskadi, que ha considerado falso. Ha afirmado también que “ya va siendo hora de que el Gobierno de España y el poder judicial asuman sus responsabilidades en el cuidado del euskera y de los derechos” de los hablantes de las lenguas cooficiales y ha secundado la respuesta de Eudel, la asociación de municipios vascos, a las recientes sentencias sobre la política lingüística en el ámbito local. “Parece que el euskera sólo es oficial si tiene el castellano al lado. Los dos idiomas son igualmente oficiales. Es oficial con toda la fuerza de la Constitución y del Estatuto”, ha apostillado Zupiria, íntegramente en euskera en esta ocasión y que ha cerrado sus palabras con un anuncio, un nuevo plan llamado Aroa para marcar la 'hoja de ruta' para los próximos diez años.
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