Vox, que en Euskadi tiene un escaño de 75, un juntero de 153 y ningún concejal, ha logrado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tumbar un decreto de desarrollo de la Ley Municipal que permitía a los ayuntamientos priorizar el euskera en determinados ámbitos. En concreto, en medio de un clima de críticas a la Justicia por varias sentencias sobre la política lingüística, la sala de lo contencioso-administrativo ha anulado medidas como las destinadas a que instituciones o empresas adjudicatarias de contratos públicos se dirigieran a la ciudadanía en primer lugar en euskera y no en castellano. Queda pendiente la resolución de otro recurso del PP, según indican fuentes judiciales.
El fallo proviene de la sala del Superior que preside el ya conocido magistrado Luis Garrido, azote del Gobierno de Iñigo Urkullu por haber anulado en la pandemia muchas de sus restricciones sanitarias pero ha sido ponente el juez José Antonio González Saiz. Ha trascendido ahora pero está fechado el 28 de septiembre y llega a raíz de la sentencia de julio del Tribunal Constitucional que anuló precisamente un inciso sobre el euskera de la Ley Municipal. La norma, ya antigua, de 2016, fue recurrido en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy pero un acuerdo político entre el PP y el PNV le dio luz verde. Sin embargo, Vox recurrió un decreto de desarrollo y elevó indirectamente el asunto a la corte de garantías mediante una cuestión de inconstitucionalidad, que fue la que devolvió la posibilidad de anular lo tocante al euskera de la Ley Municipal. Sin embargo, hubo dos votos particulares de magistrados progresistas que avisaron de que se rompían los consensos sobre las lenguas cooficiales en España.
El fallo del Superior anula once apartados del decreto que desarrolló la parte lingüística de la Ley Municipal, firmado por los consejeros Olatz Garamendi (de Gobernanza Pública y Autogobierno) y Bingen Zupiria (Cultura y Política Lingüística). El primero rezaba que “la planificación lingüística se dirigirá a posibilitar que las actuaciones municipales puedan desarrollarse en euskera”, lo que habilitaba a arbitrar “medidas tendentes al funcionamiento del municipio en euskera, especialmente en los espacios vitales del euskera”, pero también en contratos, eventos o publicidad. En definitiva, se deroga el artículo que hacía del euskera la “lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades”. Desaparece la obligación de poner en euskera el primer mensaje en contestadores o similares o la necesidad de que “la persona trabajadora de la empresa adjudicataria comenzara la conversación en euskera”.
En un comunicado, Vox ha “celebrado” la resolución judicial y cree que pone fin a la “imposición del euskera”. La formación de ultraderecha exprimirá su victoria en los tribunales y preguntará al lehendakari, Iñigo Urkullu, por esta decisión en la próxima sesión de control al Gobierno del Parlamento, prevista para este viernes.
En una valoración “de urgencia”, el consejero Zupiria ha considerado que es “un claro ejemplo de judicialización de la política”. “En su aplicación no ha generado ninguna controversia ni polémica en las instituciones locales vascas”, ha argumentado el responsable de políticas de euskera del Ejecutivo de Urkullu, que ha recordado que la ley en que se basa el decreto salió “con mayoría absoluta” de la Cámara, con acuerdo con las instituciones forales y locales implicadas y con un pacto de “interpretación” con el Estado. A falta de un dictamen jurídico completo, Zupiria ha avanzado que la intención “política” es pelear por salvar la normativa y recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo. Además, ha recordado que el contexto actual es de impulsar las lenguas cooficiales diferentes al castellano en España y en Europa y ha demandado que la próxima legislatura española sea la de la diversidad idiomática.
El Gobierno considera que el Superior va más allá del Constitucional, que apenas anuló un inciso de la Ley Municipal, al tumbar una decena de artículos. “Han ido más lejos en la interpretación. Eso exige ir al Supremo”, ha insistido Zupiria. “Creo que las cuestiones políticas deben ser abordadas en el ámbito político y no en el ámbito judicial”, ha querido repetir el también portavoz del Gobierno, que se ha cuidado de no criticar ni al juez Garrido -a quien años atrás sí cuestionaron- ni al conjunto del poder judicial, aunque sí están creciendo voces en torno a una supuesta “euskarafobia”.
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