77 días después, el Parlamento Vasco ha vuelto a celebrar una sesión plenaria. Este jueves, como es tradición, ha arrancado el curso político tras el largo parón estival con el pleno de política general. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pronunciado su último gran discurso de la legislatura con la incógnita de cuándo apretará el botón para convocar elecciones autonómicas y de si dará el paso de aspirar a un cuarto mandato, lo que le haría el más longevo de la historia por delante de José Antonio Ardanza (1985-1999). Mientras la expectación estaba en sus reflexiones sobre el encaje de Euskadi en España, la carga de profundidad estaba en el apartado de balance de gestión.
Después de dos elecciones en las que su partido, el PNV, ha ido perdiendo apoyos, Urkullu ha lamentado que haya quienes dibujen una Euskadi “tercermundista” pero ha admitido que no son tiempos para la “autocomplacencia”. Consciente de que la situación de los servicios públicos empieza a ser percibida como un gran problema y que está desgastando a su Ejecutivo, ha prometido como gran anuncio para el final de la legislatura devolver Osakidetza a la situación de 2019, antes de la crisis de la COVID-19, lo que se traducirá en más atención presencial, menos listas de espera y una inversión que ha cifrado en 1.200 millones de euros pero repartida en ocho años, es decir, de 150 anuales.
“Mejorar los servicios sociales es siempre nuestra prioridad. Osakidetza es un pilar fundamental. Nuestro objetivo es que la ciudadanía y los profesionales sigan sintiéndose orgullosos de este servicio esencial de nuestro país. Esperar un día menos marca la diferencia a la hora de tratar a una persona. Cada día cuenta, y cuenta mucho. Nuestro compromiso es recuperar las cifras previas al inicio de la pandemia en seis meses. Lo lograremos. Para ello, optimizaremos recursos y trabajaremos codo con codo con las y los profesionales. Así, en seis meses, nuestro compromiso es recuperar los 65 días de demora media en intervenciones quirúrgicas, bajar de los 30 días de espera para pacientes oncológicos, y bajar de los 90 días para cirugías cardíacas [estos dos últimos plazos ya son de obligado cumplimiento por decreto]. Nuestro compromiso en atención primaria es claro: bajar en los próximos seis meses de las 48 horas de espera y elevar la presencialidad del 61% actual al 70%, logrando un mayor equilibrio entre citas telefónicas y presenciales. Con el fin de avanzar en estos objetivos, realizaremos una inversión de 1.200 millones de euros en ocho años para renovar centros de salud y adquirir nuevos equipamientos médicos”, ha explicado el lehendakari.
Urkullu afirma que la situación de la Sanidad vasca es objeto de “autocrítica compartida en el seno del Gobierno”, pero ha querido poner en valor que desde que él está en Ajuria Enea, desde 2012, Osakidetza mejora. “El presupuesto del Departamento de Salud es 838 millones de euros superior al de 2019. El año pasado se amplió la plantilla estructural de Osakidetza en 2.467 plazas. Están en marcha las pruebas de las Ofertas Públicas de Empleo de 2020, 2021 y 2022, con un total de 7.639 plazas en 110 categorías profesionales”, ha afirmado. Como es habitual, ha realizado una larga enumeración de indicadores en los que Euskadi está mejor que España y que Europa. Ha citado, por ejemplo, que prometió un paro por debajo del 10% y ya está en el entorno del 7%, con más de un millón de cotizantes por vez primera en la historia. Ahora quiere bajarlo del 6%, un nivel próximo al pleno empleo técnico.
“Euskadi está bien situada, cuenta con estabilidad, certidumbre y servicios públicos que generan confianza. [...] Entre la autocomplacencia y el catastrofismo, existe un amplio terreno en torno al eje del rigor y la veracidad. [...] Con la misma claridad con que señalo los ámbitos de mejora, afirmo que Euskadi se encuentra entre los países más avanzados en cuanto a calidad de vida, desarrollo, servicios públicos o cohesión social. [...] Tenemos mucho por mejorar, sin duda; pero no comparto los relatos que presentan a Euskadi en un balance catastrófico e, incluso, tercermundista”, ha solemnizado Urkullu, que ha citado que los últimos años han sido convulsos por la pandemia -ha recordado que ha dejado 8.700 fallecidos- o la invasión de Ucrania.
Coincidiendo con el pleno, se han celebrado en el exterior del edificio del Parlamento protestas laborales de los sindicatos de la Ertzaintza y del movimiento asindical Ertzainas en lucha -que ha traído desde el norte una caravana de 40 coches-. Han insistido en que “la situación de la Ertzaintza es penosa” y en que “no ha estado así en toda su historia”, según han explicado a los periodistas. Ante la no muy numerosa presencia de manifestantes, han utilizado altavoces a todo volumen con música y proclamas. No se ha llegado a cortar el servicio de transporte público, a diferencia de otras convocatorias similares. Sus colegas de la Brigada Móvil han desplegado cuatro furgonetas y el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha seguido el desarrollo de los acontecimientos desde muy primera hora de la mañana en el interior del Parlamento. De hecho, no ha participado en la tradicional fotografía de todo el Gobierno arropando a Urkullu antes de la sesión. También ha habido trabajadores en huelga de las radios de EiTB o protestas por la situación del transporte escolar. En otros puntos de Vitoria se han convocado igualmente movilizaciones del personal de Osakidetza y hasta de militares. Dentro, sobre la Ertzaintza, Urkullu ha enfatizado que la mesa de negociación está abierta y que han ofrecido casi cuarenta medidas para tratar de desencallar un conflicto que se origina en que ha pasado ya una década desde que caducó el último convenio.
El lehendakari ha hecho también un balance positivo en torno a la producción legislativa de esta legislatura. Ha dado por cumplidos los compromisos aunque el proyecto de Ley de Transparencia, pendiente desde su primer mandato, no ha sido aún presentado y no tendrá tiempo material para ser visado por el Parlamento y aunque esté en el aire el proyecto estrella, el de Educación. De partir de un consenso básico del 90% al sumar al Ejecutivo los apoyos de las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ahora mismo se encuentra con diferencias dentro del propio Gobierno, entre PNV y PSE-EE, principalmente por la cuestión de los modelos lingüísticos.
“La aprobaremos. Ése es nuestro compromiso. Trabajaremos con todos los esfuerzos para que así sea, tomando como base es pacto que contó en este Parlamento con el respaldo del 90%. Señorías, tenemos por delante una oportunidad histórica. Tenemos todos los presentes una oportunidad sin par para aprobar una ley para las próximas décadas. Si así lo hacemos, la ciudadanía tendra un marco para garantizar la educación universal y de alto nivel de calidad”, ha indicado en euskera, un idioma que ha combinado con el castellano en su alocución, de unas 8.500 palabras y unos 75 minutos.
Sobre la lengua vasca, además, se ha felicitado por los avances para que pueda ser empleada en ámbitos estatales o comunitarios. Ha puesto en valor la importancia que tiene este idioma para la identidad vasca y ha recordado que solamente en Euskadi es oficial en todo el territorio, lo que le da una responsabilidad especial en su protección. Como ya adelantó cuando esbozó hace unos días a la Cámara las líneas generales de este discurso, ha criticado que la Justicia española esté emitiendo sentencias que acoten el desarrollo de un euskera que, según ha indicado, aún sigue minorizado en demasiados ámbitos. Urkullu ha hecho suyo, con otras palabras, el lema 'Euskaraz bizi nahi dut'.
Urkullu, que llegó a Ajuria Enea proponiendo consultas y derecho a decidir, está una década después y después de su experiencia en Catalunya más cómodo en quedarse en una defensa teórica de la necesidad de un “nuevo estatus” que nunca termina de concretar -de hecho ha asumido que el final de la legislatura no es momento propicio para abrir ese melón- y en criticar, eso sí, la falta de cumplimiento de lo que él suele llamar “autogobierno reconocido”, es decir, que aún no se ha completado el Estatuto de 1979. Ha admitido avances durante su mandato en lo tocante a la actualización del Concierto Económico o algunas transferencias (Prisiones ha sido la más relevante, junto con el IMV, ha dicho) pero ha indicado que desde el anterior descargo de política general, en septiembre de 2022, no ha habido ni una sola transferencia. Cercanías, la más importante sobre la mesa, está parada. Urkullu ha recalcado que se han enviado propuestas para negociar otras, como Migración, y ha anunciado nuevos intentos con materias como el cambio de titularidad de los centros sanitarios -muchos de ellos son del Estado, de la Seguridad Social- el puerto de Pasaia. Este último punto abre un nuevo debate ya que la norma permite transferir infraestructuras pero siempre que no sean de “interés general”. Si Euskadi lo gestionara, supondría una degradación de su posición como puerto del Estado, como el de Bilbao. Ahora la Administración autonómica ya puede proponer a sus gestores. Ha mencionado también la necesidad de las transferencias del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los paradores de Turismo, por ejemplo Hondarribia o Argómaniz.
También ha mirado a España y ha repetido que ha de reconocer su plurinacionalidad. Entiende que se puede “realizar desde Euskadi una aportación sustantiva al debate sobre el modelo territorial del Estado”. “Tras las elecciones generales se abre una nueva etapa. El Gobierno español y las fuerzas políticas de ámbito estatal, así como las instituciones y fuerzas políticas de las comunidades históricas tenemos un mismo reto. Ese reto se puede condensar en una palabra: plurinacionalidad. Esto es, reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. En este punto, la propuesta de una Convención Constitucional encuentra pleno sentido. Se trata de una invitación a modernizar y mejorar el funcionamiento del marco institucional por la vía del pacto. Es una propuesta constructiva y abierta, formulada el año 2018 y que puede encontrar ahora un escenario propicio para su desarrollo”, ha afirmado Urkullu sobre una de sus viejas aspiraciones desde hace un lustro y que ha cogido ahora vuelo por haberlo publicado en 'El País'. Consiste en reinterpretar el modelo territorial sin reformar la Constitución, un objetivo de difícil consecución. El PNV siempre entiende que la disposición de 1978 que blinda los derechos forales permite esa “Convención”. “La Convención Constitucional es una metodología de trabajo, con acreditados precedentes internacionales. No preestablece un resultado final. Propone un procedimiento orientado a la búsqueda del consenso en ámbitos de especial trascendencia política, como es el debate del modelo territorial del Estado”, ha apostillado.
Y ha añadido: “La diversidad del Estado es una realidad: distintas lenguas; tradición foral o derecho civil vasco; distintos sistemas de financiación o mecanismos de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, ... En la práctica un Estado compuesto, plurinacional de hecho, aunque no de derecho. La pregunta es: ¿por qué en un Estado sólo puede haber una Nación? Ésta es una visión excluyente. Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se autoperciban, en virtud también de sistemas de autogobierno singulares y reconocidos. La Constitución de 1978 diferenció entre nacionalidades y regiones, estableció distintos niveles competenciales. Aceptó la bilateralidad en las relaciones financieras y tributarias de Euskadi y Navarra; o introdujo el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales. A pesar de ello, son muchas las voces constituyentes que reconocen que aquel proceso no fue bien cerrado. No sé qué temor puede generar este debate. La propia Constitución subrayó la diferencialiadad. Así, reservó la denominación de 'nacionalidad' para las comunidades históricas que contábamos con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978 y teníamos una voluntad mayoritaria de autogobierno nacional”.
Urkullu ha orillado las divergencias con sus socios del PSE-EE. Por ejemplo, no ha tocado la polémica sobre la Ley de Vivienda. El Gobierno vasco la ha recurrido al Constitucional al entender que el Estado invade competencias autonómicas. Lo ha decidido la parte del PNV, a pesar de que el consejero del ramo es socialista. Solamente ha mencionado que este año se aprobará al fin el decreto que desarrolla la ley autonómica de 2015, también rechazada en su momento por su partido y que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda. En principio, se había prometido para septiembre.
Sí ha destacado la capacidad de acuerdo del Ejecutivo. “Un 67% de las leyes aprobadas lo han sido con el voto favorable de alguno de los grupos de la oposición. Otro 17% con su abstención. Este dato revela una voluntad constante de llevar los consensos más allá de la mayoría absoluta de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno”, ha afirmado.
El pleno de política general ha concitado a un gran número de invitados en el Parlamento Vasco. Urkullu ha entrado arropado por todo su gabinete menos Erkoreka, incluidos los consejeros socialistas. En las tribunas estaban el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, los diputados generales de Álava y de Bizkaia, Ramiro González y Elixabete Etxanobe, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, la teniente de alcaldes de Vitoria, Beatriz Artolazabal, el titular del Ararteko, Manuel Lezertua, los líderes de PNV y EH Bildu, Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi, que se han sentado con un asiento de separación, la de Podemos, Pilar Garrido, el secretario general de UGT, Raúl Arza, altos cargos y asesores del Gobierno, miembros del Tribunal de Cuentas, y concejales, junteros o diputados. Los senadores autonómicos, Estefanía Beltrán de Heredia, Idurre Bideguren y Alfonso Gil han ocupado los escaños a los que tienen derecho en el Parlamento Vasco.
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