El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha optado por no hacer comentarios sobre la petición de indulto político formulada por los exdirigentes del PNV de Álava condenados por corrupción Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, que desean evitar así la entrada efectiva en la cárcel, ni sobre los argumentos esgrimidos para justificarlos. “Los delitos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y asociación ilícita son muy graves. Como usted comprenderá, al lehendakari no le corresponde valorar las palabras que una letrada o un letrado pueda manifestar en defensa de sus clientes”, ha afirmado este viernes en el Parlamento Vasco. En público, el PNV recalca que no tiene “absolutamente” nada que ver con esta petición, que tendrá que ser decidida por el Gobierno de España, y en privado los nacionalistas insisten en que no desean mantener vivo en la agenda en plena precampaña un asunto que afecta a excargos del partido.
En su intervención en la sesión de control de la Cámara, donde ha respondido a preguntas de PP+Cs y Vox sobre corrupción, Urkullu ha vuelto a poner en valor su gestión en relación a este 'caso De Miguel', ya que él era presidente del partido cuando estalló, y también el papel del Gobierno vasco, del que está al frente desde hace una década. Ha insistido en que se actuó a la vez con “firmeza” y con respeto a la presunción de inocencia. Asimismo, ha vuelto a pedir disculpas “a la sociedad” en tanto que los condenados eran miembros del PNV. Ha seguido atentamente estas palabras el portavoz parlamentario y líder del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, principal apoyo interno de los condenados y que en su día llegó a fundirse en un abrazo de apoyo con De Miguel a pesar de que estaba ya investigado.
Asimismo, Urkullu ha aprovechado las peticiones concretas de PP+Cs para dotar a Euskadi de una Fiscalía anticorrupción o de nuevas unidades policiales para luchar contra estos delitos para reclamar “más autogobierno”. Ha citado un “poder judicial propio” para poder dar pasos como esos ya que la organización del ministerio fiscal “depende en exclusiva del Gobierno del Estado”. “Les doy la bienvenida a la reivindicación de más y mejor autogobierno”, ha manifestado Urkullu sorprendido de que haya sido la parte de Ciudadanos de la coalición la que haya demandado más competencias para Euskadi. “Es un tanto desconcertante”, ha ironizado.
José Manuel Gil, líder de Ciudadanos en Euskadi y miembro de PP+Cs, no ha comprado los argumentos de Urkullu. “No podemos seguir anclados en el discurso negacionista también en este tema. Nos alegramos de que se haya hecho justicia en el 'caso De Miguel'. Pero no olvidemos que ha sido tras un largo proceso en el que los acusados, y finalmente condenados, han gozado de la protección de su Gobierno. Es obligatorio recordar hoy a los dirigentes de su partido abrazando a los condenados. Mientras que la denunciante ha sufrido un calvario. ¿Y cuántos más casos como el de De Miguel no afloran porque no ponemos todos los recursos posibles para luchar contra la corrupción? ¿A quién le interesa que no haya Fiscalía anticorrupción en Euskadi?”, ha afirmado desde la tribuna.
En cuanto a Vox, su única representante, Amaia Martínez Grisaleña, ha realizado una intervención en la que ha llamado al 'caso De Miguel' como “caso Miñano”, que es la denominación que habitualmente emplea el PNV para rebajar su alcance, que va mucho más allá de las irregularidades en el parque tecnológico que le dieron origen. Asimismo, ha llamado incorrectamente a Koldo Ochandiano, uno de los principales condenados y que deberá ingresar en prisión.
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