Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a más de doce años por delitos de corrupción (nueve de cumplimiento máximo), no quiere entrar en prisión. El entorno de Txitxo, como es conocido, ha pedido ya el indulto y lo hace con argumentos que van desde el hecho de que hace casi dos décadas desde que se produjeron los hechos hasta que, según recogió 'El Correo', ha colaborado en estos años “en el apoyo escolar a niños desfavorecidos de la selva del Amazonas de Perú”. Sin embargo, el expolítico nunca ha colaborado con la Justicia ni respondido a una sola pregunta que no tuviera preparada con su defensa desde que en 2009 se iniciara la investigación y en 2010 fuera detenido. Más bien al contrario, ha sido más de una década de excusas y teorías exculpatorias en ocasiones rocambolescas. Y aunque el mensaje oficial del PNV, verbalizado por su candidata en Vitoria Beatriz Artolazabal, es que este caso de corrupción está “amortizado” de cara a la opinión pública, a dos meses de las elecciones municipales y forales en Euskadi voces internas del partido empiezan a admitir en privado y por vez primera en este tiempo que todo el ruido que rodea a este asunto, incluidos los indultos, empiezan a pesar de cara a la opinión pública.
Asimismo, desde el entorno de los ya condenados en firme se está intentando extender un argumentario por el cual se presenta como excesivo el castigo final por estos hechos por tres motivos. Uno, porque “son hechos de 2005”. Dos, porque la Justicia ha tardado más de una década en acabar toda la tramitación judicial. Y, tres, se entiende que las cantidades económicas detrás del considerado mayor caso de corrupción en Euskadi serían irrisorias.
Estas explicaciones orillan que las penas no son por los hechos de 2005, año en que se crea la empresa tapadera Kataia Consulting, pieza central del caso porque es donde se recaudaban buena parte de las comisiones ilegales, que fueron destinadas a comprar un coche, a viajes, a copas, a joyas, a estancias en balnearios, a pagar a familiares o a comprar unas fincas en la localidad vizcaína de Fruniz. Las sentencias constatan en muchos casos el carácter “continuado” de los delitos. De hecho, la chispa que enciende la investigación, la denuncia de la empresa Ainhoa Alberdi, se debe a que en 2008 De Miguel le pidió una comisión de 100.000 euros que estuvo latente durante 2009, hasta que acudió a la Fiscalía.
Además, los retrasos en la Justicia -que están acreditados y que en ningún caso afectaron a la investigación- han sido no perjudiciales sino beneficiosos para los implicados, ya que si sus penas no son más altas es porque se les ha reconocido un atenuante por “dilaciones indebidas”. Finalmente, en cuanto a las cantidades económicas, se ha tratado de limitar el impacto de la causa a la responsabilidad civil -de unos 150.000 euros- correspondiente a los contratos irregulares salidos desde el área de Juventud del Gobierno vasco para beneficiar a la trama. No obstante, solamente las comisiones confesadas en 2018 en el juicio por el exsocio de De Miguel Josu Arruti ya ascendían a 322.000 euros.
De Miguel, junto con otras siete personas, fue arrestado por la Ertzaintza el 17 de marzo de 2010. Los agentes confundieron al entonces diputado foral con el “diputado general” o presidente de la Diputación, que en aquel momento era Xabier Agirre, ya fallecido y que era de un sector interno contrario a los acusados. “Cuando fui detenido creí que querían atentar contra mi vida”, manifestó en sede judicial. Él y los otros dos exdirigentes del PNV alavés condenados, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, se quejaron también del frío de los calabozos y hasta de que les dieron mantas “meadas”. Asimismo, durante años todos ellos hicieron bandera de una supuesta conspiración urdida por el juez, Roberto Ramos, la Fiscalía, la Ertzaintza -entonces el Gobierno vasco estaba en manos del PSE-EE- y los medios de comunicación. Así lo expresó el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, en el juicio celebrado en 2018: “He llevado asuntos turbios y no he visto nada igual en mi vida. Ocurren cosas muy extrañas. En un programa muy famoso de Cuatro, de los domingos por la noche y con un presentador con nombre vasco [por Cuarto Milenio], les gustaría hablar de estos fenómenos paranormales”. Sin embargo, un agente avisó en el juicio de que en los registros se ciñeron exclusivamente a las órdenes judiciales. “Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación”, explicó el ertzaina.
En 2011, De Miguel fue citado por la comisión de investigación que creó el Parlamento Vasco en torno a este caso y a otros de la época. En la Cámara tampoco respondió a ninguna pregunta y se limitó a leer un escrito. Luego lo repitió en una supuesta rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Allí afirmó que estaba probado que no se había “enriquecido” y que todo era un montaje para atacar al partido a través de él y del resto de investigados. Fue ese día cuando el portavoz parlamentario y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que mantiene hoy sus cargos, le recibió con un abrazo. En el exterior del edificio, decenas de militantes lo esperaban también para aplaudirle y agasajarle.
El juez Ramos, a la luz de un informe de la Ertzaintza muy contundente sobre las implicaciones de la trama, volvió a citar en el juzgado a De Miguel. Fue a finales de 2011. Tanto él como su esposa, Ainhoa Bilbao, una de las testaferros de Kataia Consulting junto a las parejas de Ochandiano y Tellería, esgrimieron una nueva teoría. Indicaron que altos mandos de la Policía Nacional y de la Ertzaintza les habían trasladado que Txitxo había aparecido en los papeles de un dirigente terrorista detenido, Mikel Albisu 'Antza'. Ello explicaba, supuestamente, los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o los intercambios en la calle de hasta 60 billetes de 500 euros. La Policía Nacional pronto desmontó esta tesis con un informe elabodo 'ad hoc' a instancias del juzgado.
En el juicio, en 2018, De Miguel también exploró una hipótesis alternativa para explicar sus conversaciones con Alberdi y la petición de “100.000”. Ni era una comisión ni eran euros, sostuvo el expolítico en una intervención ante el tribunal ensayada con su abogado y, por supuesto, sin posibilidad de preguntas o más aclaraciones. Cuando le pedía dinero a la denunciante se refería a 100.000 pesetas, apenas 600 euros. Y metió en el relato a un tal Eric Armando que nunca ha aparecido. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, relató Txitxo. Y añadió: “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”.
En la fase de conclusiones del juicio y tras haber rechazado un acuerdo muy ventajoso a cambio de confesar, el letrado de De Miguel y de su esposa jugó la carta de exponer las consecuencias de una investigación tan larga. “Esto afecta a todo el mundo que tenga la desgracia de que le metan en un macroprocedimiento. Pero si tiene suerte y no es mediático... [Mis clientes] Han estado expuestos al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico. En el caso de mis defendidos sufrieron despidos y, además, pintadas y amenazas -denunciadas a la Policía-, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, apartamiento social, marginación social, pérdida de amistades, … ¡Nueve años [así]!”, relató. Sin embargo, en los últimos meses ha trascendido que, al menos en el plano laboral, el expolítico no solamente no ha sido despedido sino que ha ido ascendiendo tanto en salario como responsabilidades en la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi, en concreto en la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea. Asimismo, tuvo la oportunidad de que el director de Hazi, Asier Arrese, declarara como testigo a su favor en el juicio.
En enero de este año el Tribunal Supremo ya hizo pública la sentencia definitiva de este caso y que ratificaba en su gran mayoría los términos del fallo de primera instancia emitido por la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2019. Desde entonces, el entorno de Txitxo se puso a trabajar en preparar un indulto. Se han cuidado de desvincularlo de una estrategia de su defensa -de hecho ha cambiado de abogado para esta fase y Estefanía Rojo sustituye a Susaeta- y de una estrategia del partido. Desde el PNV ya han dejado claro que no tienen “absolutamente nada que ver” con el intento de sortear la entrada en la cárcel por esta vía o que pueda ser un elemento de negociación con el Gobierno de España, que es quien tiene la potestad de la gracia en virtud de una ley de 1870, que es a la que se agarran. La estrategia es presentar al condenado como el afectado por un largo proceso y casi como un ciudadano ejemplar. Lo que se busca es un indulto “parcial” que rebaje de tres a dos años la pena por el delito de asociación ilícita de modo que ninguno de los castigos aislados dentro de esa suma global de más de doce años supere la barrera que habitualmente se toma como referencia para las suspensiones, los dos años.
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