El lehendakari, Iñigo Urkullu, continúa con sus demandas de replantear el modelo territorial de España en clave plurinacional. Este lunes, con motivo de la apertura del año judicial en Euskadi, ha pedido en concreto la descentralización del tercer poder del Estado, el de Justicia. No es un mensaje nuevo, pero estas reflexiones han adquirido ahora mayor relevancia en pleno proceso de investidura de un nuevo presidente del Gobierno.
“El poder judicial no debe ser ajeno a la conformación territorial descentralizada del Estado. Que esto suscite controversia es llamativo. Más si se repara en que el poder judicial es, por definición, un poder atomizado y no unitario, ya que lo encarnan todas y cada una de las y los jueces y magistrados. Esta circunstancia no debería olvidarse a la hora de buscar una adecuación flexible del poder judicial, y su Gobierno, acorde con un Estado compuesto”, ha solemnizado Urkullu.
En su parlamento ante un auditorio compuesto en buena medida por jueces, fiscales y otros operadores judiciales, ha destacado también el “gran esfuerzo presupuestario” del Gobierno vasco, que tiene competencias en la denominada Administración de la Administración de Justicia, esto es, en proveer de medios humanos, materiales y técnicos al poder judicial. “Somos conscientes de que invertir en Justicia es invertir en bienestar”, ha enfatizado para recordar que en su programa de legislatura hay un punto específico para “avanzar en una Justicia cada vez más moderna, ágil, eficaz y digitalizada”.
Con Urkullu, por parte del Gobierno vasco, han acudido el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Estaban también el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, la diputada general, Elixabete Etxanobe, el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, o la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, entre otros. Entre el público había uniformes de todos los colores. Han acudido mandos de la Ertzaintza, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los tres Ejércitos, tierra, mar y aire.
La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha hecho un alegato contra la violencia de género en su intervención. En primer lugar, ha demandado llamarla por su nombre, porque dejarlo en violencia -a secas, sin incorporar el matiz de que es contra las mujeres- le haría perder su “sentido real”. En segundo lugar, ha señalado que “las reformas legales no acaban de dar con la solución” para combatirla, fundamentalmente por “falta de medios”. Adán ha querido realizar una “protesta pública” para que no se sigan dando situaciones como la de Gipuzkoa, con “más de un año de retraso” para emitir algunos informes. “No podemos hablar de proteger a la víctima y al mismo tiempo no darle los medios necesarios”, ha apuntado. Y, en tercer lugar, ha lamentado que las víctimas encaren “con miedo” el proceso judicial.
En su discurso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha afirmado que el “talón de Aquiles” del poder judicial en la comunidad autónoma y, en general, en toda España, es la falta de personal. “10,3 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 17 de la Unión Europea”, ha lamentado. Y ha añadido: “Esta situación se agravará con el incremento de las jubilaciones”. La Justicia tiene nuevas demandas y ni siquiera podrá cubrir las vacantes, ha venido a decir.
Subijana ha recordado que en el último año ha habido diferentes huelgas judiciales. Y ello se ha notado. Han caído un 27% los juicios celebrados, un 17,6% los asuntos resueltos y un 47,5% las ejecutorias. Igualmente, ha reconocido la “escasa utilización del euskera en la Administración de Justicia”. Ha apostado por un traductor “neuronal” para impulsar documentos bilingües y profundizar en los proyectos piloto para celebrar juicios en lengua vasca al constatar un “creciente número” de magistrados con dominio del euskera. Igualmente ha mencionado la violencia machista y sexual y la importancia de la “escucha” a las víctimas y entidades sociales, así como del lenguaje comprensible.
Aunque el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha estado tan presente este año en la apertura judicial, en Euskadi sigue habiendo varias plazas sin renovar en tiempo forma. En concreto, se trata de las presidencias de las Audiencias de Álava y de Gipuzkoa y de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior, donde se revisan todas las normativas del Gobierno vasco y ahora encabezada por el magistrado Luis Garrido.
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