El Gobierno de Iñigo Urkullu prepara un gran decreto para impulsar el uso del euskera en la Administración pública vasca, incluidos Educación, Sanidad, Ertzaintza y Justicia, que absorben el grueso del personal y del presupuesto. El texto contará -en un hecho excepcional- con la firma del propio lehendakari y de seis consejeros, el vicelehendakari Josu Erkoreka, Gotzone Sagardui, Olatz Garamendi, Jokin Bildarratz, Nerea Melgosa y, por supuesto, el responsable de Política Lingüística, Bingen Zupiria. Solamente no han participado en la elaboración de este reglamento los tres consejeros del PSE-EE en el Ejecutivo de coalición y los consejeros 'económicos' del PNV, Pedro Azpiazu y Arantxa Tapia. El decreto busca recalcar el carácter del euskera como lengua “propia” y “de servicio” en un contexto en que la Justicia ha tumbado algunas disposiciones anteriores de priorización del euskera, particularmente en el ámbito de las instituciones locales.
El texto arranca con un artículo primero en el que se destaca que “siendo el euskera la lengua propia del País Vasco y, como el castellano, lengua oficial” toca “regular la normalización del uso” en el sector público vasco. Tiene que llegarse a un escenario “sin ninguna discriminación institucional” hacia la lengua vasca, es decir, “situar también al euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general” en la Administración. La otra cara de la moneda es “alcanzar la igualdad real en cuanto a la garantía de los derechos lingüísticos” de la ciudadanía que acude a una ventanilla autonómica. “Se sortearán los obstáculos que pudieran surgir”, se indica. Y se plantea una “acción resuelta a favor del uso de la lengua propia”.
Este decreto actualiza el de 1997, firmado por el lehendakari, José Antonio Ardanza, y por sus consejeros Juan José Ibarretxe y Mari Carmen Garmendia. “Han transcurrido más de dos décadas desde la entrada en vigor del decreto 86/1997, de 15 de abril. En este tiempo, el nivel de conocimiento y uso del euskera en las entidades del sector público vasco se ha incrementado considerablemente [se estima una subida del 40% al 70%]. En la actualidad el objetivo fundamental radica en garantizar que el euskera sea la lengua de servicio y la lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades, y se reconozca así el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a escoger la lengua oficial en la que se relacionan con las entidades del sector público vasco. A este objetivo es precisamente al que pretende contribuir este nuevo decreto”, argumenta el Ejecutivo en la exposición de motivos de un texto que lleva ya varios meses cocinándose.
Tendrá cuatro capítulos. El primero recoge los principios generales, el segundo las políticas de “planificación lingüística”, el tercero los denominados “perfiles lingüísticos”, es decir, las exigencias idiomáticas para ocupar una plaza pública, y el cuarto crea Hakoba, la Comisión de Coordinación de las Administraciones Públicas, que estará presidida por el consejero Zupiria. Son un total de 49 artículos más nueve disposiciones.
El debate sobre el euskera, cuyo día se celebra este domingo 3 de diciembre, está muy vivo. La reforma educativa ha estado muy centrada en el futuro de los modelos A, B y D y finalmente han quedado blindados a pesar de que la opción inicial era ir a un marco único modulable centro por centro con el euskera como eje. También se celebró una manifestación multitudinaria en Bilbao a comienzos de noviembre en la que se criticaban una panoplia de sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional, en verano, tumbó un artículo de la Ley Municipal vasca de 2016 que daba cobertura a la priorización del euskera en los ayuntamientos. La sentencia recibió un voto particular que alertaba de que se podían romper consensos en torno a las lenguas cooficiales. Después, en cascada, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó dos recursos de PP y Vox contra el decreto que desarrollaba esa ley y anuló algunas medidas concretas. Entre los artículos tachados se encontraba, precisamente, uno gemelo al del decreto actual para hacer del euskera la “lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general”.
Las fuentes gubernamentales consultadas recalcan que no existe aún ninguna sentencia firme sobre esos artículos anteriores anulados, ya que el Gobierno vasco ha recurrido las sentencias del Superior al Supremo, sin que aún se haya pronunciado. Por otro lado, se estima que la redacción planteada en el nuevo reglamento es exquisita y que ha sido cuidada al máximo para que cumpla el objetivo de impulsar el euskera en la Administración en una contexto todavía diglósico. Se remarca que sigue la línea del decreto de 1997, pacíficamente en vigor más de un cuarto de siglo. Por ejemplo, figura en el texto que todas las medidas de “acción positiva” hacia el euskera se harán “sin que ello implique limitación alguna respecto del uso de la otra lengua oficial”. En todo caso, se asume que su aprobación estará sujeta a posibles recursos judiciales nuevamente.
En cuanto a las medidas concretas, se indica que “las denominaciones de órganos y organismos” se redactarán “al menos en euskera”. De hecho, podrá haber rótulos “sólo en euskera” en supuestos de palabras “similares” en ambos idiomas, cuando haya un “pictograma” explicativo o, en general, cuando no haya posibilidad de confusión. “Cuando se utilicen ambas lenguas oficiales en la imagen institucional de las entidades del sector público vasco, se favorecerá la visibilidad del euskera”, se abunda. Se recordará que las campañas publicitarias institucionales en euskera no podrán ser meras traducciones de la versión castellana. La megafonía, los contestadores automáticos y otros sistemas similares deberán 'hablar' primero en euskera y luego en castellano.
También se pedirá a los funcionarios en puestos de atención al público que si reciben a personas vascoparlantes “recaben la ayuda de algún otro empleado bilingüe” para poder garantizar su derecho a ser atendido en euskera. Los documentos estandarizados podrán ser de dos tipos, “en euskera o en forma bilingüe, euskera y castellano”. Se primará el euskera en las reuniones. El decreto reconoce “a todo el personal” el “derecho a recibir formación en euskera”. Eso sí, hay también un apartado de “exenciones” a la acreditación de un perfil lingüístico. ¿Cómo está regulado? Como hasta ahora, las personas de más de 45 años al inicio del período de planificación, personas sin título de ESO o discapacitados con dificultades de aprendizaje.
El texto ha sido enviado esta semana la denomina COJUA (Comisión Jurídica Asesora) para que emita un dictamen definitivo de legalidad. Antes ya ha pasado otra docena de filtros internos. Después tendrá que ser aprobado en Consejo de Gobierno para su entrada en vigor. Las fuentes consultadas ven margen en lo que queda de legislatura para completar todo el proceso. El propio consejero Zupiria ha manifestado esta semana que el Gobierno de Urkullu “no está en funciones” y que tiene plena capacidad de tomar decisión hasta el mismo día en que se celebren las elecciones autonómicas, aún no convocadas.
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