El Parlamento Vasco ha visado este jueves la nueva ley de Salud Pública de Euskadi. Sin margen posible para acuerdos con la oposición en este final de la legislatura, salvo una abstención de Ciudadanos, ha salido con los único votos favorables de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, que tienen mayoría absoluta. El texto incorpora al final una disposición extraordinaria para la “exención del requisito de la nacionalidad” en el acceso a Osakidetza, una vía para facilitar la llegada de médicos y otro personal extracomunitario con el que cubrir la carencia de efectivos en determinadas categorías. Sin embargo, la consejera, Gotzone Sagardui, no ha citado este punto en su exposición en la Cámara aunque sí lo han destacado los socialistas por boca de su portavoz, Ekain Rico.
En concreto, se desarrolla una previsión ya incorporada a la ley autonómica de Empleo Público de 2022 para toda la Administración -incluido, por ejemplo, la posibilidad de 'fichar' a expertos que dominen lenguas extranjeras para los servicios de Información de la Ertzaintza- y se apunta a que “por razones de interés general” se podrán cubrir categorías “deficitarias” con profesionales sin nacionalidad española. Se trata de puestos “de difícil cobertura” donde haya un “déficit estructural de personal” y una “necesidad objetiva y de urgente cobertura. Osakidetza tendrá que determinar ahora el dónde, el cómo y el cuánto. Hay del orden de 200 puestos facultativos vacantes en los centros de Atención Primaria y, de hecho, en Navidad habrá ajustes horarios en 104 ambulatorios.
En paralelo, el PNV pactó con el PSOE antes de la investidura de Pedro Sánchez otra cuestión relacionada. En concreto, se acordó transferir a Euskadi la capacidad de homologación de titulaciones extranjeras. En el caso de Medicina, hay un cuello de botella pendiente de resoluciones del Gobierno central, lo que también complica estas contrataciones. Se fijó como plazo orientativo tres meses para esta transferencia y para las de trenes de Cercanías y atención de personas migrantes.
El texto, en varios apartados, recoge también medidas que en su momento fueron muy relevantes, las relativas a la “protección de la salud” en caso de “emergencia sanitaria” o pandemia, aunque ya en 2021 se aprobó 'ad hoc' una norma antipandemias que ya apuntaba en esa dirección. Se autoriza al Gobierno -aunque esto se discutió si era posible con normativa autonómica- a aplicar “restricciones en la libertad de la movilidad”, a obligar a “exámenes y reconocimientos médicos” -como una PCR- o a la “vacunación selectiva de determinados grupos de población o profesionales”. También se habla de “control” de los contactos estrechos de “personas enfermas” o el rastreo de casos. Se ha previsto que, en todo caso, esas restricciones han de aplicarse a la luz de la ley orgánica estatal de 1986 y de la normativa procesal, esto es, con una autorización previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en las oleadas de la COVID-19 tumbó casi por sistema las propuestas de la Administración. Igualmente, se ordena al Gobierno vasco que “de inmediato” informe al Estado en caso de alerta sanitaria.
En otro artículo, la normativa regula planes de prevención como los cribados de cáncer, el control de enfermedades raras o la “intervención” en casos de violencia contra las mujeres, la infancia, los discapacitados o las personas mayores. Igualmente, se pone coto a “tratamientos estéticos” o “terapias no regladas” en “establecimientos no sanitarios”. También hay un artículo para impulsar la “salud ambiental”. El PNV ha aprovechado para vender que Euskadi avanza en estas materias frente a las infundadas -según su criterio- críticas sobre la decadencia de la Sanidad pública vasca.
La sesión ha estado condicionada por la huelga general feminista que se celebra en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra este 30 de noviembre. El grueso de las bancadas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han estado vacías. Sin embargo, han mantenido unos “servicios mínimos”, dos parlamentarios cada uno. Rebeka Ubera, de la coalición abertzale, ha explicado que participan en la tramitación de leyes, pero no en otros trabajos parlamentarios. Ha destacado que la normativa de Salud Pública es relevante y que era impepinable salir a la tribuna a criticarla. Es una ley “caduca y obsoleta”, ha resumido Ubera, con una pegatina de la huelga.
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