José María Martínez Sanz, durante el juicio en 2018 EFE
La abogada de Juan Cuatrecasas, el joven que sufrió abusos sexuales en el colegio masculino del Opus Dei Gaztelueta, ubicado en Leioa (Bizkaia) y que recibe fondos públicos, ha solicitado este lunes el ingreso en prisión del profesor y numerario condenado por estos hechos, José María Martínez Sanz. El Tribunal Supremo rebajó de once a dos años la pena inicialmente impuesta al docente a pesar de dar por probado el delito y considerar que fue “continuado” al entender que el denunciante no contó los hechos más graves desde el principio. Dos años es justo el límite que habitualmente supone la no ejecución de la entrada en la cárcel, pero la víctima y su defensa jurídica remarcan que la suspensión de la condena en este caso en concreto “trasladaría un mensaje de impunidad material al condenado y a la propia sociedad”. El abogado del numerario, Eduardo Ruiz de Erenchun, presentará igualmente alegaciones en sentido contrario.
El Código Penal prevé la no entrada en la cárcel en caso de pena “no superior” a dos años si el acusado no tiene antecedentes. Martínez Sanz cumple los dos requisitos y es muy habitual que se suspendan condenas de esta naturaleza. Sin embargo, la letrada Leticia de la Hoz entiende hay un tercer requisito al que no puede acogerse y que se refiere de la satisfacción de las “responsabilidades civiles”. La defensa de Cuatrecasas remarca que el abusador “hasta la fecha no ha realizado esfuerzo alguno de resarcir las responsabilidades penales derivadas de la comisión del delito ni mostrado signos de arrepentimiento alguno”.
En todo caso, la abogada incide, además, en que esta previsión no tiene que operar como un automatismo, sino que hay que valorar la no entrada en prisión supuesto a supuesto. En este caso, De la Hoz alude a la “gravedad” de lo ocurrido, que “no queda atenuada” por el hecho de que el Supremo, en una segunda valoración jurídica, haya rebajado de manera drástica la condena. “La gravedad de la conducta objeto de condena, tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo, inclina la balanza de la valoración que el juez debe realizar hacia la denegación de la suspensión de la pena, aún en el supuesto de que el penado reuniera los requisitos mínimos”, asegura en su petición a la Audiencia Provincial de Bizkaia, que fue el tribunal que enjuició el caso en primera instancia y que ahora tendrá que adoptar esta decisión.
De la Hoz ha encontrado tres precedentes de casos de trascendencia pública en los que se optó por ordenar el ingreso en prisión a pesar de ser una condena de dos o menos años. En su escrito, cita como jurisprudencia el 'caso Matas' -exministro y expresidente de Baleares implicado en varias causas de corrupción-, el 'caso Pallerols' -vinculado a la financiación ilegal de la extinta Unió- y el 'caso Pantoja'. Sobre la tonadillera, vinculada a las irregularidades económicas en Marbella, el tribunal alegó que las penas han de cumplir su función de “servir de freno a posibles conductas futuras” no sólo del propio condenado sino de terceros. Se trató de una medida “ejemplar”, “huyendo, en definitiva, de pronunciamientos meramente formales, equivalentes en la práctica a una cuasi impunidad material de banqueros, políticos, personas poderosas o de relevancia pública”.
Leticia de la Hoz, abogada de la familia de la víctima de abusos sexuales en Gaztelueta
“Nuestro alegato es muy claro: no sería comprensible que un pederasta condenado en base a una sentencia firme del Supremo permaneciera en libertad cuando hay jurisprudencia por delitos económicos. Nadie lo entendería. El riesgo social que supone dejar sin control y en libertad a un pederasta condenado es más que evidente”, argumenta la familia Cuatrecasas.
Los hechos en Gaztelueta se produjeron entre 2008 y 2010, cuando el joven ahora mayor de edad cursaba el primer ciclo de Secundaria. El docente sacaba al alumno de clase y, en su despacho, abusaba sexualmente de él de manera continuada. Además, la víctima padeció también 'bullying'. Aunque tuvo un recorrido incierto por los tribunales, el caso solamente avanzó cuando el propio Cuatrecasas, al cumplir los 18 años, presentó una denuncia formal. En 2018 se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El colegio Gaztelueta no solamente defendió la inocencia total de su exprofesor sino que atacó a la familia del joven y pagó parte de la defensa del abusador. Tras una primera sentencia de once años de cárcel, el Supremo admitió parte del recurso del condenado y, aunque dio por probados los abuso y su gravedad, rebajó notablemente la pena.
La víctima ha concedido este fin de semana una primera entrevista a este periódico en la que dicho sentirse “humillado” por cómo el alto tribunal ha resuelto el caso. “La sentencia del Supremo la he asumido como que no me han creído o que me han creído con matices. Lo considero como algo humillante, como que me han ninguneado”, enfatiza Cuatrecasas. Se puede leer aquí la entrevista completa.