El Gobierno municipal de PSE-EE y PNV en Vitoria ha propuesto finalmente un incremento generalizado del 6,34% en las tasas, precios públicos e impuestos para el próximo año 2025, “correspondiente al IPC acumulado en los dos últimos años”. Además, plantea un incremento notable de la tasa de basuras, en la que cada ciudadano pagará de media 104 euros, ya que “la ley obliga a los municipios a financiar el 100% de este servicio” y hasta ahora apenas se cubría un 60%. En situación de minoría, la alcaldesa, Maider Etxebarria, deberá lograr apoyos de al menos un grupo de la oposición.
El concejal de Hacienda, Jon Armentia (PSE-EE), ha presentado este lunes el proyecto del Gobierno municipal. Armentia ha señalado que se trata de una propuesta que está “razonada y justificada”, que “no pretende buscar perjuicio alguno a la ciudadanía, sino fomentar unos servicios municipales eficientes para el bienestar de los vitorianos”. En este sentido, ha argumentado que “el Ayuntamiento no ha subido prácticamente nada los impuestos en los últimos cuatro años, aunque han aumentado los gastos considerablemente”. Como ejemplo, ha dicho que “los impuestos han estado congelados frente al coste del personal que ha subido dos años un 9,25%”, informa Europa Press.
Esta situación, ha explicado, deriva que “al no haber incrementos de recaudación se genera dependencia del Fofel”, el sistema foral de distribución de recursos en Álava. Así como que “los grados de cobertura de los servicios han ido disminuyendo, lo que podría poner en peligro su prestación”. En opinión del Gobierno municipal, esta situación “condiciona el desarrollo de una política fiscal propia y está provocando que el Ayuntamiento dependa permanentemente de otros recursos externos para equilibrar su presupuesto, fundamentalmente del Fofel”.
La propuesta de actualización para 2025 presenta excepciones en varios impuestos. Son los casos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (antiguo Impuesto de Plusvalía), que se mantienen igual. Por otra parte, plantea bonificaciones en el Impuesto de Vehículos, con mejoras para los vehículos híbridos y eléctricos, y del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) para inmuebles de uso residencial con mejoras en sus instalaciones de sistemas de aprovechamiento solar. Asimismo, se fija un 95% de bonificación en la cuota para la construcción de viviendas de protección pública (VPO) en el barrio de Salburua, según el convenio suscrito en febrero por el Consistorio y el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. Además, se crean nuevas tasas para el aparcamiento de autocaravanas en el renovado parking de Lakua-Arriaga, así como para las entradas al Teatro Félix Petite a consecuencia del cierre del Principal.
El concejal de Hacienda ha señalado que la tasa de basuras se adecua a la Ley de Residuos que “obliga a todos los Ayuntamientos a financiar a través de esta tasa el 100% del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos”, cuando ahora el Consistorio, con lo que recauda, “no llega al 60%”. En este sentido, se establecen tres tasas diferentes en función de la superficie de las viviendas que van desde los 83,32 euros para las menores de 75 metros cuadrados; los 109,94 euros para las viviendas de entre 75 y 120 metros cuadrados; y los 116,13 euros para las que superen los 120 metros cuadrados. Armentia ha explicado que “la media que pagará el ciudadano se sitúa en los 104 euros”.
El incremento de la tasa de basuras viene acompañado de una serie de “bonificaciones sociales y medioambientales para las familias” del 10% por uso del contenedor marrón; del 15% por compostaje, y de hasta un 30%, según el nivel de renta. Así, habrá una bonificación por utilizar el contenedor marrón de residuos orgánicos de un 10% sobre la cuota asignada a la vivienda, que deberá realizar un mínimo de aperturas del contenedor cada año que variará entre 70 y 190 en función de la superficie de la vivienda. Asimismo, para el compostaje individual se cifra una bonificacion del 15%, al igual que en el comunitario.
Las bonificaciones sociales se regirán “en función de la renta y de las personas empadronadas en cada vivienda”, para establecerse tres tramos. Así, el primer tramo establece una renta que llega hasta los 15.876 euros, con un 10% de bonificación para entre uno y dos miembros; un 15% para tres miembros; un 25% para las familias con cuatro miembros; y un 30% para las de cinco miembros o más. El segundo tramo dispone unos ingresos que van desde los 15.876 a los 23.814 euros, en el que se propone un descuento del 10% para las familias de tres miembros; un 15% para los cuatro miembros; y un 25% para los hogares de cinco miembros o más. Por su parte, el tercer tramo va desde los 23.814 a los 31.752 euros, con bonificaciones del 10% para los cuatro miembros y del 15% para cinco miembros o más. Además, la familias numerosas y monoparentales o monomarentales verán incrementada su bonificación en otro 10%.
Armentia ha señalado que “todas estas bonificaciones son acumulables, por lo que la tarifa podría verse reducida hasta la mitad”. En cuanto a los locales, comercios y otras actividades, el proyecto de ordenanzas establece una horquilla entre 330 y 8.418 euros, en función de la actividad y superficie. Respecto a este gravamen, el concejal de Hacienda ha expuesto su obligatoriedad antes del 10 de abril de 2025, para lo que la tasa debe estar aprobada antes del 1 de enero del próximo año. “El incumplimiento de los objetivos podría conllevar que el reino de España fuera sancionado y se repercute a las entidades locales que no cumplan con el cumplimiento de la tasa y no se podría acceder a los fondos europeos”, ha advertido.
Desde el PNV se ha secundado al PSE-EE. “No tocaba subirlas en 2020 y 2021 por la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania y no tocaba pedir esfuerzos a los ciudadanos que afrontaron una inflación galopante, que afecta también a los servicios municipales. Ahora, que han subido los gastos de los servicios públicos y el paro y la inflación están mas asumibles, toca incrementarlas, para mejorar los servicios públicos”, ha argumentado.
¿Y qué opina la oposición? La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha mostrado su “total disposición para negociar” unas ordenanzas fiscales, “basadas en generar los recursos adecuados y mejorar el bienestar ciudadanía, con el objetivo de afrontar los retos de la cohesión social y la transición energética”. “Mantenemos nuestra responsabilidad de ser la primera fuerza política en esta ciudad y necesitamos contar con recursos propios para mejorar la atención a los ciudadanos. Manifestamos nuestra intención de realizar un nuevo marco fiscal desde el diálogo, trabajo y negociación, para alcanzar el mejor acuerdo posible”, ha señalado. La portavoz de Elkarrekin en Vitoria, Garbiñe Ruiz, ha expuesto el objetivo es “actualizar los tributos para obtener una financiación suficiente y poder ofrecer servicios públicos de calidad y que todas las personas puedan llevar una vida digna en su municipio”.
Sin embargo, el PP se opone desde ya con claridad. El portavoz, Iñaki García Calvo, se ha mostrado crítico: “Es un atraco a los bolsillos de los vitorianos”. Ha pedido “aplicar medidas selectivas para las rentas medias, bajas y vulnerables, sin una subida generalizada”. “Tenemos peores servicios públicos, peor seguridad y peor limpieza, y piden aumentar los impuestos. Nos va a abrasar a impuestos para seguir prestando malos servicios públicos, que son los que tenemos en la actualidad”, ha criticado.
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