La catástrofe de Zaldibar ha traspasado las fronteras hasta llegar a Europa. La Comisión Europea investigará las causas del derrumbe del vertedero por considerar que la información recibida sobre el suceso que puso en jaque al Gobierno vasco y dejó en vilo a la sociedad por la desaparición entre escombros de dos personas que, a día de hoy, siguen en paradero desconocido “deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento” de la propia instalación.
Tras varias preguntas de eurodiputados del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos sobre el caso ocurrido el pasado 6 de febrero, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, ha decidido intervenir dada la “gravedad” del caso, al considerar que los órganos competentes en el País Vasco y a nivel nacional debían “haber detectado, vigilado y, en ultima instancia, sancionado” al vertedero, propiedad de Verter Recycling 2002, por las “importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero”, en el que “días atrás se había detectado la existencia de grietas”, según un informe presentado en el Parlamento Vasco por el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, que en su momento negó cualquier tipo de negligencia por parte del Gobierno en esta crisis y señaló claramente a la empresa.
En su respuesta parlamentaria, Sinkevicius recuerda que las reglas de la UE sobre información medioambiental obligan a los Estados miembro a tomar medidas para que “en caso de amenaza inminente” para la salud o el medio ambiente, se difunda “inmediatamente” toda la información en poder de las autoridades públicas para que se adopten medidas de prevención o limitación de los posibles daños. Según el comisario, en Zaldibar pueden haberse producido “daños importantes” al suelo y quizá a otros recursos naturales, por lo que se debe “exigir al operador responsable la reparación de los recursos dañados”, devolviéndolos a su estado básico anterior, y ello asumiendo “todos los costes”.
Unas palabras que no han sentado bien dentro del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que ha lamentado que el equipo de Sinkevicius, “no se haya informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero de Zaldibar, antes de expresar conclusiones sin una base fundamentada, en la respuesta parlamentaria”. El propio Arriola ha señalado “lo lógico es que, previamente, el equipo del comisario de Medio Ambiente hubiera realizado el contacto y el examen que anuncia que va a hacer de este siniestro”.
“Una noticia positiva”
¿Se trata de la primera vez que un suceso medioambiental ocurrido en Euskadi es investigado por las autoridades europeas? El químico y asesor medioambiental Julen Rekondo se remonta a 1996 para responder a esa pregunta, cuando el Gobierno vasco y Aena firmaron un acuerdo para construir un depósito que albergaba tierras contaminadas con lindane en terrenos del aeropuerto de Loiu, cuyas obras duraron dos años en los que se desarrollaron multitud de protestas vecinales. Tres años más tarde, en 1999, la asociación vecinal Lur Maitea se querelló contra los responsables de aquella operación. Finalmente, en julio de 2001, Europa entró en juego y la Unión Europea concluyó que los trabajos se llevaron a cabo sin el preceptivo estudio de impacto ambiental.
“Desde la época de Barroso, 2004-2014 ha habido muchas denuncias en tema de residuos, pero ninguno ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2014 cuando llega Juncker, deja el tema del medio ambiente en un segundo plano y así hasta hoy. Sé que ha habido en el Estado español y en otros estados miembro de la UE denuncias que han tenido sanciones porque no se han depurado las aguas residuales, pero en tema de residuos no han finalizado sentencias del Tribunal de Justicia. Son procesos larguísimos, veremos lo que pasa. De todas formas es una noticia positiva. ¿En qué acabará? La experiencia de lo que ha ocurrido en materia de residuos hasta la fecha es decepcionante en cuanto a sanciones, pero es un paso”, ha señalado Rekondo a este diario.
En cualquier caso, el Departamento de Medio Ambiente se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Comisión Europea, así como a entregarle toda la documentación que solicite “para conformar una opinión fundada sobre el asunto”. Por su parte, la oposición coincide en que la falta de transparencia del Ejecutivo vasco con respecto a la gestión del derrumbe en la que el propio Urkullu admite “errores”, dado que, según sus palabras “a la vista de las consecuencias, los mecanismos de control no han sido suficientes y esto deberá ser proyectado al futuro”.