Un puñado de empresarios extremeños junto con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, han rechazado que se haga un boicot a los productos catalanes, primero por solidaridad porque “no son catalanes, son españoles” pero también porque algunos de ellos llevan parte extremeña.
“Miren ustedes, yo diría que el cincuenta por ciento de las matrículas de los coches en España llevan aluminio nuestro”, ha dicho Manuel López, gerente de Alumasa, que fabrica en Villafranca de los Barros-Fuente del Maestre, y entre otros productos, bobinas de aluminio. “Pues bien, vendemos a muchas empresas catalanas, allí lo troquelan y al final son las matrículas de los coches, y si a ellos no les compran, no les podremos vender”.
Otra empresa amenazada ya desde hace días por el boicot es la extremeña Carcesa (propiedad de un grupo cooperativo de la región), que entre Mérida y Montijo fabrica conservas cárnicas y vegetales, y que por error figura en las listas que circulan por whatsapp como catalana, que era su propiedad anterior, aunque esta marca es de origen y ha permanecido la mayor parte del tiempo en manos extremeñas.
Domingo Fernández, presidente del actual grupo cooperativo propietario, ha calificado el boicot de “guerra pueblerina” en la que “algunos nos han sacado y es una barbaridad”. En su opinión el catalán es un conflicto político, no económico, que debe resolverse en ese orden político.
Alimentación
Empresas extremeñas como Carcesa-Apis o Conesa suministran salsas y otros preparados para firmas agroalimentarias catalanas, entre ellas Tarradellas, y en general sería el sector agroalimentario regional el más perjudicado por un boicot al producto final catalán elaborado con ingredientes de la Comunidad.
Pero también multinacionales que ni siquiera son españolas, como Nestlé, con sede española en Barcelona, tienen centros de producción en Extremadura, como en Miajadas el tomate Solís (salsas y pizzas Buitoni), donde además otra catalana, Gallina Blanca, tenía pensado ampliar para fabricar cremas de verduras.
También ha estado este miércoles en Mérida con el presidente Vara otro empresario, Jordi Gruart, catalán de nacimiento pero afincado en Extremadura desde la industria corchera en San Vicente de Alcántara, y que desde hace unos años fabrica en Mérida cápsulas para el vino. “Tenemos clientes catalanes, por lo que esperemos que de una vez por todas pase esta locura”.
Vara
El presidente de la Junta ha calificado por eso de “tiro en el pie” que desde Extremadura se participe en una campaña contra las marcas catalanas. “Es un error estratégico y el boicot no arregla ningún problema, lo agrava”. Eso no le impide criticar la escalada de los secesionistas catalanes, sobre lo que ha advertido entre otros al Gobierno central del PP que la solución no es “comprar” a los catalanes con dinero, dado que hasta ahora las sucesivas cesiones económicas –IRPF, inversiones en carreteras y ferrocarriles, etc.- no han valido de nada en ese sentido.
Conceder más ventajas económicas a esa Comunidad sería crear más desigualdades entre españoles, y hacer que “la revolución de los acomodados la paguen los menos acomodados”.
Confederación empresarial
En la reunión del presidente con el grupo de empresarios ha estado el secretario general de la patronal regional (CREEx) Javier Peinado, quien ha rechazado también el boicot porque “no son productos catalanes, son productos españoles, fruto de una cadena de producción que incluye todo, desde la materia prima al transporte, la distribución…, sería algo que nos perjudica a todos, mostramos solidaridad con nuestros compañeros empresarios catalanes, y si alguno quiere establecerse en Extremadura les abrimos los brazos, pero sin un aprovechamiento miserable de la situación”.
Peinado defiende que la expansión del cava extremeño siga haciéndose por sus propios méritos, como hasta ahora, y no por un boicot al catalán, que lleva también tapones extremeños de corcho.
“La factura del problema que han creado algunos políticos catalanes no la podemos pagar los empresarios, ni de allí ni de aquí”, ha añadido, para destacar que a causa de esto las previsiones de crecimiento de la economía española Bruselas las ha rebajado en ocho décimas y la mitad, cuatro de ellas según el ministro Guindos, son por el conflicto catalán.