Oficina de Derechos del Inquilino en Cáceres reprocha al concejal del PP Tirso Leal: “No hay problema de inquiokupación”

La Oficina de Derechos del Inquilinato de Cáceres no está de acuerdo con el Ayuntamiento en que exista un problema de “inquiokupación”, pues según los datos oficiales, solo habría 4 o 5 casos en Cáceres de inquilinos que no hayan podido pagar su alquiler. “Eso no les convierte en inquiokupas, simplemente, son personas que han caído en impago”. 

En relación a las declaraciones del concejal delegado de Urbanismo, Tirso Leal, utilizar términos como inquiokupacion por parte de responsables políticos “es extremadamente irresponsable en el contexto que vivimos respecto a la vivienda. Este tipo de lenguaje, además de ser inexacto y poco profesional, supone un peligro puesto que criminaliza la vulnerabilidad de un sector social (el inquilinato) que no está cometiendo ningún tipo de delito, añade esa Oficina defensora de los que alquilan viviendas.

Cuando los políticos usan ese término, “habitualmente lo hacen para desviar la atención y no hacerse cargo de una situación que tienen la responsabilidad de solucionar, porque son conscientes de que esta situación de vulnerabilidad ha sido provocada, en gran medida, por la especulación inmobiliaria.>> 

El término inquiokupa, sigue el comunicado de prensa de la Oficina del Inquilinato de Cáceres, lo han puesto en circulación los bancos y especuladores para criminalizar al eslabón más débil y, así, “seguir aumentando sus beneficios de forma abusiva a costa de la gente honrada de nuestra ciudad”. 

Según sus estimaciones en base a los datos oficiales, solo habría 4 o 5 casos de esto que mal llaman “inquiokupación”. Normalmente, son casos de familias o personas que no pueden hacer frente al alquiler porque se han quedado en paro o por una enfermedad sobrevenida en un momento dado, explica Ángel Andreo, coordinador del equipo jurídico de la Oficina. 

Cabe recordar que, si un inquilino en situación de vulnerabilidad deja de pagar, “se inicia un proceso de desahucio (que puede paralizarse temporalmente) y el Estado se hace cargo de la deuda a través del fondo autonómico de compensación por impago del alquiler para que el casero siga recibiendo su dinero. Los caseros están más que protegidos por la ley”. 

Precisamente, para evitar la propagación de “bulos” al respecto, le piden al alcalde Rafael Mateos que haga público el número de personas de Cáceres que se acogieron al fondo de compensación por impago de alquiler en 2024. 

“Nadie deja de pagar el alquiler por gusto. Quien se ve en esta situación es porque está ante un alquiler totalmente abusivo y porque no tiene otra alternativa a la que ir. A nosotros nos llegan casos de familias con el agua al cuello que dedican el 65% sus ingresos a pagar el alquiler y llegan a final de mes con 30€ en el banco. Gente normal y corriente, reprocha Pedro Cordero, responsable de acción social de la Oficina. 

El Ayuntamiento “debe poner soluciones, no atacar a la gente más vulnerable o difundir bulos para infundir el miedo. Si el concejal Tirso Leal considera que hay un problema en este sentido, que hable con María Guardiola y hagan públicos los datos para que la ciudadanía conozca la verdad. El Ayuntamiento tiene que dejar atrás las batallitas políticas y los insultos y ponerse a trabajar para solucionar los problemas de la ciudad. Tienen que escuchar a la ciudadanía, no atacarla”.