La Plataforma Salvemos la Montaña ha pedido oficialmente personarse en el expediente municipal de tramitación urbanística solicitado por la minera Castilla Mining SL, filial del grupo Infinity Lithium y de Extremadura New Energies (ENE) en relación al proyecto de mina de litio que promueve en el valle de Valdeflores, Cáceres.
Además de una resolución expresa aceptando esa personación, la plataforma ha solicitado formalmente al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que facilite a la mayor brevedad posible todos los informes de dicho expediente, así como la documentación presentada por la empresa.
Lamentan el “poco rigor” que demostraría el Ayuntamiento de Cáceres “dando salida a un enrevesado informe que contradice otros anteriores del Área de Urbanismo municipal”, en los que “se reconoce la incompatibilidad de realizar actividades extractivas en Valdeflórez”.
El último informe de los técnicos municipales declara la actividad extractiva en Valdeflores como “no incompatible” con el Plan General Municipal (PGM). El uso de la minería subterránea “no sería incompatible con el planeamiento, dependiendo de la profundidad”.
Para Salvemos la Montaña, esto supone un cambio de opinión producido en el Ayuntamiento, y que ahonda en la “falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones” y su “rigor técnico y jurídico; como ocurriera en la anterior legislatura”.
Ha recordado que la sentencia 00150/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Juzgado Número 1 de Cáceres reconoce que “las dos cuadrículas mineras para las que se solicita el permiso de investigación están afectadas por su PGM con una prohibición de realizar en las mismas actividades de extracción”.
“No siendo posible tampoco otorgar posteriormente la concesión de explotación, que es la finalidad última del permiso de investigación”.
También ha mencionado otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de 4 de marzo de 2021, sobre el hecho de utilizar “técnicas mineras que afectan no sólo a la superficie del terreno sino al medio ambiente”, cuando se realizaron las calicatas tras concederse una licencia de obra menor (que fue revocada) durante la legislatura de la popular Elena Nevado.
Así, “queda al descubierto la interpretación interesada que parece que se hace, según a quién convenga, de las normativas existentes”.
El colectivo ha incidido en que el PGM vigente fue aprobado con estudios e informes que justificaban la necesidad de proteger determinados espacios, como gran parte del valle de Valdeflores: “De las funciones que estos espacios ejercen nos beneficiamos toda la población”.
Precisamente, “velar por la conservación de este espacio” es lo que le ha llevado a pedir “transparencia al equipo de gobierno, así como respeto a las normas que protegen esta ciudad de intereses económicos cortoplacistas; buscando un lucro inmediato a costa de los recursos locales, que se verían afectados irremediablemente”.