Emilio Cortés, abogado de la ex alcaldesa de Cáceres Carmen Heras, ha anunciado que recurrirá la sentencia conocida este martes según la cual ella cometió un delito de prevaricación administrativa y se confirma la pena de ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público.
Para él la sentencia, de la sala Penal de la Audiencia Provincial de Cáceres, “es manifiestamente injusta porque no se ha aplicado el Estado de Derecho en la presunción de inocencia al basarse, sin demostrarlo, en la sospecha de que Heras sabía que estaba participando en un procedimiento ilegal; se dice que lo tenía que saber, pero sin haberlo demostrado”.
Heras fue condenada en primera instancia en marzo pasado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, junto a dos concejales de su equipo de gobierno, por haber firmado cuatro facturas para una actividad de promoción de la ciudad cara a conseguir la Capitalidad Cultural Europea de 2016; los jueces estimaron que con ello se había evitado acudir a un procedimiento de concurrencia pública entre empresas, ya que las facturas (81.000 euros en total) superaban el tope de 18.000 euros que permite una adjudicación directa.
La Audiencia Provincial da por buena aquella sentencia y la confirma, aunque aclara que Heras está inhabilitada para ocupar cargo público pero ello no afecta a su empleo público como profesora de la Universidad de Extremadura.
“No hubo fraccionamiento de pagos”, replica en primer lugar su abogado Emilio Cortés. El Urban Screens, que era el trabajo, lo iba a pagar en principio en su totalidad el Consorcio Cáceres 2016, pero al carecer de dinero se acudió a otra fuente de financiación como era directamente el Ayuntamiento, “y ni los técnicos, ni los concejales, lo sometieron al procedimiento administrativo”.
Los técnicos
Cortés carga en parte contra los técnicos, que no hicieron en principio ninguna advertencia de ilegalidad. “Han pasado de rositas por este asunto cuando ellos eran los garantes de la legalidad administrativa. Este expediente pasó por delante de sus ojos y no dijeron nada”.
Pero lo principal según él es que la sentencia condena a la ex alcaldesa con el argumento de que “tenía que saber” que el procedimiento de pago era ilegal. “Lo tenía que saber, lo tenía que saber, ¿pero y si no lo sabía? La sentencia se basa en un conocimiento inferido, un conocimiento sospechado, pero que no se ha demostrado, y condenar a alguien por lo penal de esa forma no casa con nuestro Estado de Derecho”.
Durante el juicio los otros dos concejales, con quienes según la sentencia se habría concertado Heras para fraccionar los pagos, “dijeron expresamente que nunca recibieron indicaciones de la alcaldesa en ese sentido”. Por otro lado el Consejo Consultivo de Extremadura, consultado por la nueva alcaldesa Elena Nevado (PP) antes de proceder al pago de las facturas, dijo que no había ilegalidad, “y sin embargo la sentencia dice que eso no le vale tampoco”.
Por todo ello Emilio Cortés anuncia de acuerdo con la ex alcaldesa que “vamos a recurrir donde sea, al Tribunal Supremo, al Constitucional, y si hace falta al Tribunal Europeo. Y no le voy a cobrar a mi clienta ni un céntimo, lo haré de mi bolsillo por profesionalidad y porque esto me parece una injusticia”.
Aclaraciones de sentencia
Aunque esta nueva sentencia de la Audiencia Provincial, de fecha 5 de julio, dice que hay posibilidad de recurso al Tribunal Supremo, el abogado Cortés tiene sus dudas y ha pedido a los jueces una aclaración porque entiende que el caso, al haber usado ya dos instancias, se ha agotado en la Audiencia. Si se confirma su criterio, presentará la casación ante el Tribunal Constitucional y agotaría en último término la vía del Tribunal Europeo.
Para Cortés este caso, aunque se ha asimilado, en lo jurídico no tiene nada que ver con el de la ex alcaldesa de Plasencia Elia Blanco: “las fuentes de conflicto jurídico son completamente distintas, aunque la sentencia de la Audiencia alude a ese otro pleito”.
El abogado se ha quejado de que ante la anterior condena del Juzgado de lo Penal pidió aclaración de si la inhabilitación afectaba al trabajo de Carmen Heras, ya que en su opinión aquella sentencia se contradecía. “No cumplieron el plazo legal para aclararlo, y al final nos dijeron que no había nada que aclarar”, cosa que sí ha hecho esta nueva decisión judicial de la Audiencia, y que además de a Heras beneficia a otro de los condenados que es funcionario y se podría haber quedado también sin trabajo.