El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar los recursos contra la demolición del complejo urbanístico de Valdecañas, en Extremadura, ordenada por el Tribunal Supremo. Con los votos en contra de casi la mitad del pleno, el Constitucional admite a trámite los recursos de la Junta de Extremadura, los propietarios del complejo y los consistorios de El Gordo y Berrocalejo contra los autos del Tribunal Supremo que establecieron la obligación de demoler el complejo.
Entiende el Constitucional que este caso tiene “especial trascendencia constitucional” y que este caso de la Isla de Valdecañas puede dar pie al Constitucional para “aclarar o cambiar su doctrina” sobre este tipo de asuntos, además de establecer que “plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica”.
La Junta de Extremadura dio el visto bueno en 2007 a la construcción del complejo urbanístico, declarando un Proyecto de Interés Regional y facilitando así la recalificación de los terrenos no urbanizables. Unos terrenos que hasta entonces estaban considerados una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y que, además, formaban parte de la Red Natura 2000. El complejo abrió sus puertas en 2010 y poco después distintas asociaciones ecologistas denunciaron el caso ante la Justicia.
El último movimiento judicial llegó de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el pasado mes de febrero, cuando los jueces ordenaron su demolición total después de que en 2014 otra sentencia declarase su ilegalidad. Tanto la Junta como los más de 100 propietarios intentaron paralizar el proceso y, tras fracasar en el alto tribunal, decidieron acudir al Constitucional.